Una prueba toxicológica realizada por la Unidad de Salud Ocupacional del laboratorio de la planta procesadora de Piamo, ubicada en Monagas, arrojó una alta concentración de químicos nocivos, como xileno y benceno, contaminados en la sangre de 16 trabajadores de Pdvsa.
En las plantas de producción la falta de protección industrial se cobra la vida de los empleados, excluidos del sistema de salud, hostigados y sometidos a la pobreza. 300 de ellos han muerto desde 2019 a causa de enfermedades ocupacionales, patologías, falta de medicinas y contagiados de COVID-19, según datos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
A Rosa, nombre real en resguardo por medidas de seguridad, le pican y le sudan excesivamente las manos. La comezón es tan intensa que debe quitarse los guantes cada 10 minutos porque no puede concentrarse. Siente que los dedos se le sancochan, y nota que un sarpullido que hace días le cubría solo los nudillos ahora hace estragos en sus muñecas. A la erupción le acompaña una irritación en los ojos y una tos seca que no se le quita y empeora cada semana. Además de ella, otros 16 de sus colegas en su sitio de trabajo lidian con los mismos síntomas.
En el laboratorio de la planta de tratamiento químico de Piamo, que pertenece a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que está ubicado en la parroquia El Tejero (municipio Ezequiel Zamora) del estado Monagas, no es la COVID-19 lo que enferma y envenena a los empleados y analistas químicos como Rosa. En esa unidad de procesamiento en la que se manejan a diario sustancias nocivas como xileno, benceno y tolueno, es la falta de equipos y medidas de seguridad industrial lo que compromete la salud de los trabajadores, quienes, además, están desprotegidos debido a la falta de seguro médico y el deterioro de sus condiciones laborales.
Una evaluación toxicológica realizada por la Unidad de Salud Ocupacional del laboratorio de la planta de Piamo arrojó a mediados de este año que 16 de un total de 36 trabajadores tienen la sangre contaminada con sustancias tóxicas. Sin embargo, se desconoce el estado o la situación actual de estos empleados.
La información sobre el umbral de riesgo al que están expuestos es un rumor de pasillos. Una fuente vinculada a la planta, que prefirió mantener su nombre en anonimato, explicó que la gerencia optó por mover de sus puestos a los empleados contaminados que manifestaban los síntomas de envenenamiento.
“La gerente y directora de salud de la parroquia Punta de Mata (municipio Ezequiel Zamora), Luvidis Millán, negó desde el principio los estudios hematológicos especializados para hacerles seguimiento y determinar el daño generado o las patologías. A quienes se complicaron con la COVID-19 tampoco se les sometió a una evaluación. Una compañera desarrolló problemas en su sistema reproductor y se hizo estudios particulares. Cuando se supo el diagnóstico la enviaron a otro departamento y se olvidaron de eso. No fue atendida”, denunció la fuente.
Olvidados y expuestos a la muerte
Para los trabajadores de la estatal petrolera enfermarse puede significar la muerte. Según cifras y datos recopilados por los sindicalistas de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) 300 trabajadores activos y jubilados han muerto desde 2019 hasta la fecha a causa de enfermedades ocupacionales, patologías crónicas, falta de medicinas y complicaciones asociadas al coronavirus.
Desde que el Sistema Contributivo para la Protección de la Salud de los Trabajadores Petroleros (Sicoprosa) dejó de ser aceptado en las clínicas privadas, hace más de año y medio, la agonía de los empleados es un clamor que se replica en cada estado.
Luis Hernández, trabajador de la industria y directivo de la Futpv, explicó que por su amplia póliza de cobertura el seguro médico de Pdvsa, de régimen contributivo, era considerado uno de los mejores del mundo. A los trabajadores les descontaban 20 % de su sueldo y Pdvsa aportaba el 80 % restante. Pero la empresa dejó de pagar y actualmente adeuda a la red de clínicas y farmacias 12.000 millones de dólares.
“Ahora nuestros empleados mueren en sus casas sin atención médica o después de ser ruleteados por varios hospitales. La miseria de sus familias es tal que no tienen ni para enterrarlos, y hasta le hemos pedido ayuda a la Alcaldía de Maturín para cubrir los gastos funerarios de nuestros profesionales”, aseguró.
Pero eso no es todo. Hernández destacó que la situación es peor para los jubilados, quienes cobran como pensión 1.800.000 (1,2 dólares) bolívares mensuales, equivalentes al costo de una harina PAN. El sindicalista detalló que el fondo de pensiones reservado para un total de 29.500 trabajadores fue saqueado durante la gerencia de Francisco Illaramendi y el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, quienes –según él– cargaron con la suma de 573 millones de dólares de los que han sido recuperados 333 millones que están congelados en cuentas de Estados Unidos.
“Si no se hubiesen robado ese dinero, los jubilados recibirían 660 dólares mensuales y no se estarían muriendo de hambre”, dijo.
Las secuelas que deja la industria
Leyller Paorline es operador de producción industrial del complejo petrolero de la región del Lago en Tía Juana, municipio Simón Bolívar del estado Zulia. No ha dejado de asistir a su puesto de trabajo, pese a la pandemia. Cuando le toca ir viste siempre igual: con una gorra, un bluyín, un par de zapatos gastados y una franela, pues es la única muda que tiene para laborar. Lleva un pedazo de pan en el estómago y, con una arepa pelada que lleva para comer durante el día, se prepara para enfrentar la jornada de 24 horas por siete días continuos.
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