En la jornada final del diálogo entre el Consejo de DD.HH. de la ONU y el Estado venezolano, el canciller de Maduro explica que las inhabilitaciones se aplican por casos de corrupción y previo a un proceso en tribunales.
Es un hecho notorio que varios funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, comenzando por este, pasando por Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, entre otros, han asegurado que los “inhabilitados no van a participar en las elecciones presidenciales”.
Pero, este miércoles, en el marco del día final del Diálogo del Consejo de DD.HH. de la ONU con el Estado venezolano, el canciller Yván Gil, dijo lo contrario:
“En Venezuela la Constitución es muy clara, los derechos políticos nunca se pierden, no hay manera de perderlos. No hay una persona, a no ser por decisión de un tribunal, que haya perdido su derecho a elegir o ser electo. En Venezuela lo que hay es que algunos personeros políticos han perdido su derecho de cumplir funciones dentro de la administración pública, no se les confisca ningún derecho político, todos tienen derecho a ser electos y elegir. No se trata de pérdida de derechos políticos que solo pueden ser levantados por medida de un tribunal, como manda la ley”.
“Hay son casos de inhabilitación de cargos públicos debido a asociaciones a casos de corrupción. Los inhabilitados aun así pueden participar en elecciones”, enfatizó.
Inmediatamente, hubo respuesta de integrante del Comité, Santos País, quien señaló: “Que aseguren que a pesar de estar inhabilitado las personas pueden ser candidatos me parece extraña, más cuando en el marco de las próximas elecciones vemos como ya hay candidaturas anuladas por inhabilitaciones”.
Pero, peor aún, el mismo Gil aseguró que “la Contraloría no tiene la facultad de limitar el disfrute de los derechos civiles y políticos. En Venezuela solo se puede realizar mediante la orden de un tribunal”.
Pero, no explicó que la Contraloría ha inhabilitado candidatos sobre quienes no pesan cargos ni sentencias ni procesos judiciales.
Además, tampoco explicó que el Consejo Nacional Electoral no permite ni siquiera el registro de un candidato a un cargo público, porque el sistema automatizado emite un alerta.
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