Con la ropa rasgada, sus cuerpos desmembrados y las esperanzas hundidas en el mar que comparten Trinidad y Tobago y Venezuela aparecieron varios migrantes venezolanos que intentaron huir del hambre y la desidia de régimen de Nicolás Maduro en un bote.
Niños con edades entre los 11 meses y ocho años, mujeres y hombres conformaban el grupo que naufragó en las costas de Güiria cerca del estado Sucre tras ser devueltos por autoridades trinitarias.
“Hay 11 cuerpos identificados. Siete adultos y cuatro menores de edad” informó con pesar porque después de “dos años y medio trabajando en esta crisis, este es posiblemente el caso más dantesco que haya tenido que atender”.
Violación a los derechos
Los sueños de libertad y bienestar se ahogaron en una “nueva situación en la frontera marítima con Trinidad y Tobago que viola el principio de no devolución”, aseguró el comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) considerando que tan solo tres semanas atrás sus funcionarios policiales deportaron a 16 menores en una embarcación frágil y sin techo que los mantuvo perdidos 48 horas en altamar, sin permitirles presentarse ante juez.
Las autoridades sin escrúpulos ignoraron el recurso legal de “habeas corpus” que les permitía presentarse en la Corte y los obligaron a zarpar, negándoles la posibilidad de asistir a la audiencia que ya estaba prevista horas antes.
Pero la postura inmigrante de Trinidad y Tobago fue desafiada por los tribunales que después del grupo reingresar les emitió medidas cautelares, en protección de su integridad con el apoyo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Reunión sin resultados
La muerte en la frontera marítima no es es el fruto de una «conspiración internacional» como alegó Keith Rowley, presidente de Trinidad y Tobago, días atrás defiendo las alianzas con Maduro, sino que evidencia el lado estéril de las reuniones bilaterales que han sostenido para evaluar la «movilidad humana».
Así se deduce del encuentro virtual sostenido hace una semana entre el ministro de Exteriores de la dictadura, Jorge Arreaza, y Amery Brown del país caribeño. De esa junta solo están las fotografías, sin ningún acuerdo difundido.
Una prueba irrefutable
El nuevo resultado mortal expone el lado xenófobo de Rowley que queda en evidencia con la evasión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951, que obliga a dar apoyo a los migrantes en calidad de refugiados, sostiene Smolansky.
Hasta ahora ninguna autoridad de las partes involucradas han emitido pronunciamientos al respecto. No obstante, lo ocurrido además de irrefutable no encajará en la excusa del «cierre de fronteras» decretada a raíz de la pandemia de coronavirus en Trinidad Y Tobago. Esto era un asunto de humanidad.
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