El último proceso de «evaluación mutua» del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) señaló las irregularidades que ocurren en Venezuela con el aumento del índice de lavado de dinero y el auspicio que parece ofrecer el gobierno de Nicolás Maduro.
El informe fue presentado en marzo de este año justamente cuando comenzó la operación conocida como Pdvsa-Cripto, que trataba de investigar una de las mayores redes de corrupción y lavado de dinero basada en la estatal petrolera venezolana.
El GAFIC señaló que el régimen de Maduro no ha cumplido ninguna de las 40 recomendaciones formuladas durante anteriores evaluaciones. Por ejemplo, señalaron que la cooperación interinstitucional en las pesquiza sobre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo «no es ágil ni eficaz, por cuanto no existe un contacto directo entre diferentes autoridades, sino que el Ministerio Público media las comunicaciones de todos los actores».
Igualmente, el informe reveló que las confiscaciones de activos carecen de una estrategia, y que no existen evidencias sobre algún esfuerzo para recuperar los recursos venezolanos confiscados en el extranjero, a propósito de las múltiples pesquisas sobre legitimación de capitales que involucran a personas o entidades del país.
Según una nota del portal Crímenes sin Castigo que reporta el informe del GAFIC, «por razones netamente diplomáticas» el grupo «omitió que la mayoría de estas averiguaciones en otras jurisdicciones involucra a operadores ligados al oficialismo».
Al cierre del informe, el grupo evaluador no recibió datos sobre iniciativas de cooperación internacional para identificar y confiscar los activos involucrados en el financiamiento al terrorismo.
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