En Venezuela se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión durante el año 2022, lo que representa una disminución de 7 % con relación a los casos computados en 2021, según el informe anual de la ONG Espacio Público (EP) difundido este miércoles, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
«Espacio Público registró un total de 227 casos que se tradujeron en 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 2022. Esto representó una disminución del 7 % de los casos con respecto al año 2021, cuando la organización documentó 244 situaciones», informó la organización.
La disminución, prosigue el estudio, podría estar «vinculada al estancamiento de la agenda política» durante el año pasado, pues la ONG ha documentado que «en anteriores años existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión».
Las denuncias de censura se encuentran en primer lugar de la lista, con 199 incidencias, «lo cual equivale a 43 % del total de violaciones».
Siguen en la lista las restricciones administrativas, con 91 denuncias; las intimidaciones, con 83; el hostigamiento verbal, con 44; las amenazas, con 23; el hostigamiento judicial, con 22; tres casos de agresiones, dos ataques y la muerte del director de una emisora comunitaria en el estado Zulia (oeste).
«Durante los meses de septiembre y octubre, los registros alcanzaron su punto más alto (30 y 46, respectivamente) motivado principalmente por el cierre masivo de emisoras de radio en distintas regiones del país, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)», subrayó la ONG.
Además, se contabilizaron 17 detenciones arbitrarias, de las cuales 11 están «vinculadas a la inconstitucional Ley contra el Odio», una norma aprobada en 2017 que la ONG aseguran que atenta contra la libertad de expresión.
«Los medios de comunicación ocuparon el primer lugar en el listado de víctimas y alcanzaron un total de 114 (37 %) registros. En segundo lugar, están los periodistas y reporteros, con 75 víctimas (25 %); seguidos por la ciudadanía en general, identificada como víctima en 74 oportunidades (24 %)», refiere el informe.
Entre los agredidos se encuentran también particulares, ONG, fotógrafos y camarógrafos o técnicos.
Las instituciones del Estado están a la cabeza de la lista de victimarios, seguidas de funcionarios y cuerpos de seguridad.
EP agregó que, en lo que va de 2023 y hasta el 25 de abril, se han computado 55 casos que comprometen el derecho a la libertad de expresión.
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