En Venezuela, existe la Ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que contempla la agresión intrafamiliar como una forma de violencia, pero no la tipifica como un delito, a pesar de que afecta al 45% de la población femenina del mundo y se ha profundizado aún más durante el confinamiento por coronavirus.
En el marco del Día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer, conmemorado este 25 de noviembre, el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro realizó un foro para conversar acerca de posibles políticas públicas a implementar Venezuela para acabar con las acciones violentas en detrimento de las mujeres.
La abogada Griselda Barroso, del Observatorio de Derechos de la Mujer, señaló que es necesario hacer una reforma al reglamento jurídico venezolano, para que la violencia en el hogar sea catalogada como un crimen, sin considerar que no debe ser penada porque ocurre puertas adentro.
«Debe ser tipificada como delito y no solo como una manifestación de violencia contra la mujer porque está en el ámbito privado. La mujer recibe violencia de padres, hermanos, pareja, y sin este cambio seguiría siendo imposible protegerla y sería menos llevadera su vida. Así se está le irrespetando el derecho principalísimo de tener una vida sin violencia», comentó.
Consideró que en la mayoría de los casos, en los procesos judiciales de este tipo, se aplica el código de procedimiento penal que, a su juicio, tiene un foco penal muy patriarcal sin enfoque de derechos humanos. Por ello, cree que deben generarse «programas que transversalicen la sensibilización de temas de género desde la infancia», creando planes nacionales mancomunados entre el ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, el ministerio de Educación, y los demás entes involucrados en este problema social interseccional.
«Debemos tener una educación no sexista en condiciones de igualdad y equidad, para poder erradicar la violencia (…)Debemos hacer reformas para cumplir con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)», afirmó.
El Estado como generador de violencia
En Venezuela, la violencia institucional, que se refiere a las acciones u omisiones estatales y de funcionarios en relación a la capacidad de proteger y garantizar a la mujer sus derechos humanos, se ha venido acrecentando en los últimos tiempo.
Para Mireya Rodríguez, asesora de gobiernos de América Central en temas de género, señaló que los Estados no sólo están fallando en la prevención y erradicación de violencia contra la mujer, sino que ellos mismos se están convirtiendo en generadores de violencia al revictimizar a las víctimas en los órganos receptores de violencia.
«En casos donde hay violencia en casa dice ‘no importa, son pareja’, lo cual hace que se reduzca su credibilidad o la veracidad de los hechos. Hay violencia institucional cuando hay obstáculos para que las víctimas consigan una sentencia rápida, cuando emiten sentencias que no se ajustan al derecho internacional, cuando el abogado de oficio proporciona poca información a la mujer y no puede seguir su caso, cuando predominan los criterios estereotipado y no se facilitan los medios para averiguar la verdad», explicó.
En 2017, Amnistía Internacional y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres recordaron que el 96% de los casos que llegó a los tribunales en esa fecha no acabaron en condena. Desde ese año inició la gestión del fiscal general Tarek William Saab frente al Ministerio Público, quien presentó este 24 de noviembre un balance de su administración en el que se constató que, tres años después, la impunidad aún persiste: apenas 20% de los casos de agresión de género denunciados en 2021 llegó a una imputación y solo 9,5% de las acusaciones presentadas ante tribunales obtuvo una sentencia condenatoria contra los agresor.
ONG como Tinta Violeta han denunciado, además de las prácticas dilatorias, que la escasa formación de funcionarios sobre el abordaje institucional de la violencia contra la mujer alimenta la cultura de la no denuncia.
Sin reparación a la vista
En el panel del foro, organizado también por la Universidad Católica Andrés Bello, estuvo la activista Linda Loaiza, quien fue víctima de esclavitud sexual y tortura, e impunidad institucional.
Dijo en su intervención que en el Estado venezolano carece de voluntad política para actuar favorablemente hacia las mujeres y garantizarle una vida libre de ataques físicos o psicológicos. Para ella, existen leyes que protegen a la población femenina, pero que es letra muerta, pues cada quien lo aplica según sea su beneficio.
«Debe actuar dándole acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género. La reparación es fundamental para que sean reconocidas dignamente (…)En relación a los delitos de violencia sexual, reina la reticencia, el maltrato y revictimización a la hora de presentar la denuncia. El resultado es el incremento del clima de impunidad»
En ese sentido, recordó que el gobierno tiene la obligación de crear tribunales especializados en temas de género al menos en cada estado, pero aún no lo ha cumplido. Recomendó la adopción de políticas públicas que establezcan protocolos claros para la investigación de actos de violencia que tengan como víctimas mujeres, y también la sanción de funcionarios que incumplan las leyes que protegen a la mujer.
«Aún cuando mi caso ocurrió en el año 2001, la historia no cambia. Es el mismo escenario al que se someten las víctimas. No hay voluntad política, que claman los familiares de estas mujeres sobrevivientes que seguimos con ansias de justicia, porque solo así se podrá resarcir el daño causado», sentenció.
NotiVeraz