El ministro para Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que el Gobierno nacional exige a las autoridades de Trinidad y Tobago indemnización por los daños ecológicos por el derrame petrolero reportado a finales del mes de abril.
El canciller denunció de esta manera la falta de notificación oportuna por parte de la isla vecina, calificando la omisión informativa como una violación directa a los convenios internacionales vigentes.
Acompañado por Freddy Ñáñez y Juan Carlos Loyo, ministros de Ecosocialismo y de Pesca y Acuicultura, respectivamente, y otras autoridades, Gil detalló que el monitoreo satelital nacional detectó la pluma de contaminación desde el pasado 28 de abril.
A pesar de la gravedad del evento, la primera respuesta oficial de la administración trinitense ocurrió apenas el 10 de mayo, un día después de que Venezuela emitiera un comunicado público de alerta ambiental.
El jefe de la diplomacia venezolana señaló que la situación es sumamente preocupante debido a que transcurrieron días sin recibir datos sobre el incidente, tras precisar que entre los años 2015 y 2023 se han registrado más de 876 derrames en esa misma zona.
Gil destacó que el hidrocarburo ha alcanzado aguas territoriales y zonas costeras, afectando un área estimada en más de 1.600 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Además, se reportan amenazas directas sobre 12 sistemas de humedales estratégicos y cuatro parques nacionales del oriente venezolano, específicamente la Península de Paria, Turuépano, Mariusa y la Reserva de la Biosfera del Delta del Orinoco.
Impacto económico en la pesca artesanal
La actividad pesquera artesanal registra pérdidas operacionales y comerciales de consideración en toda la región afectada.
Más de 500 pescadores del oriente del país sufren el impacto directo del vertido, el cual compromete el hábitat de unas 140 especies comerciales y extensas áreas de manglares.
Por instrucción de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, un contingente integrado por los ministerios de Ecosocialismo y Pesca, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Petróleos de Venezuela ejecuta labores de contingencia en la zona.
«Hasta el momento, las cuadrillas han logrado un 70% de atención en las áreas críticas, recolectando más de 12 toneladas de material contaminante para su posterior análisis técnico», subrayó.
A través de estos canales diplomáticos, el Estado venezolano exige el acceso inmediato a los datos técnicos del hidrocarburo y a las medidas de contención aplicadas, al tiempo que evalúa los mecanismos legales correspondientes para demandar la reparación de los daños causados por este evento ambiental
Obligaciones internacionales e impacto geográfico
El canciller Gil enfatizó que el gobierno de Trinidad y Tobago está en la obligación estricta de reportar de forma «inmediata» a Venezuela la ocurrencia de cualquier incidente ambiental.
Asimismo, la administración de la isla vecina debe suministrar con urgencia los datos sobre el tipo de producto derramado y las medidas de mitigación empleadas, tales como el uso de dispersantes, barreras o medios navales, dado que las autoridades venezolanas han tenido que trabajar sin información oportuna, lo que contraviene los convenios internacionales.
Ante este escenario de desinformación, el Estado venezolano ha remitido diversas comunicaciones oficiales para evaluar los daños geográficos y demandar al gobierno trinitense que asuma su responsabilidad respectiva. «Hacemos un llamado a la responsabilidad por parte del gobierno de Trinidad y Tobago para asumir las tareas y los costos que implica revertir este daño ambiental y de esta manera poder trabajar en conjunto con nuestras autoridades que están desplegadas desde el primer momento, monitoreando toda la situación», reiteró.
Reconocimiento al Poder Popular y despliegue técnico
Para concluir, el canciller Gil reconoció el esfuerzo conjunto entre el Poder Popular, las comunidades organizadas y los equipos técnicos del Estado en las labores de supervisión aérea, marítima y terrestre.
El ministro extendió un agradecimiento especial a los consejos de pescadores artesanales y a los habitantes ribereños del Delta Amacuro, Sucre y la península de Paria por su movilización inmediata en defensa de su principal sustento económico frente a la emergencia ambiental.
Asimismo, el jefe de la diplomacia venezolana destacó el soporte operativo proporcionado por las cuadrillas especializadas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), las cuales dispusieron de todos los recursos necesarios para el control del derrame de hidrocarburos.
Finalmente, Gil aseguró a la población de las entidades afectadas que el Gobierno bolivariano mantendrá su despliegue incansable en la zona y ejercerá todas las acciones a que hubiera lugar en los escenarios internacionales para obligar a Trinidad y Tobago a que asuma su compromiso ante la magnitud de los daños ocasionados.
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