Diez años después de la expulsión del joven activista venezolano Lorent Enrique Gómez Saleh de Colombia, el juzgado 58 administrativo de Bogotá determinó que se presentaron graves irregularidades en el mencionado trámite por lo que condenó a Migración Colombia a pagar una indemnización al activista y a su madre por los daños causados.
En una decisión de 32 páginas, el juzgado determinó que en ese procedimiento se le impidió a Saleh ejercer su derecho a la defensa. Omitiendo además su compleja situación de vulnerabilidad si regresaba a Venezuela.
En la demanda contra la Nación, presentada por el abogado Víctor Mosquera Marín, se advirtió que Saleh, siendo director de la Organización Operación Libertad fue víctima de amenazas, instigaciones y persecuciones por parte del Estado venezolano.
Situación que lo obligó a salir de su país natal para buscar protección. Sin embargo, radicado en Colombia, continuaron los señalamientos del régimen de Nicolás Maduro que lo señala públicamente de ser “miembro de la derecha ultra radical”. Pese a buscar apoyo en el Gobierno de Juan Manuel Santos lo único que encontró fue su deportación.
El 3 de septiembre de 2014, en el deprimido de la calle 100 con 15, el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado. Acto seguido sujetos que solamente se identificaron como agentes de la Policía lo detuvieron y lo trasladaron hasta una sede. Pocos minutos después lo llevaron -sin mayor explicación- al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, para deportarlo y negarle la entrada durante una década.
En la noche del 4 de septiembre fue entregado al servicio bolivariano de inteligencia nacional (Sebin) de Venezuela para ser trasladado a la ‘Tumba’, donde permaneció dos años y dos meses encarcelado. Para posteriormente ser enviado al Helicoide donde estuvo otros dos años.
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