Fue introducido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el proyecto de resolución para renovar por dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH para Venezuela.
El proyecto, que es patrocinado por Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay y cuenta con el apoyo de más de 30 países, será votado la próxima semana entre el 5 y 7 de octubre.
Para que sea aprobado el proyecto de resolución es necesarios que entre los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos.
La resolución propuesta “condena enérgicamente todas las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunos de los cuales, según la misión internacional independiente de investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
Además, insta al régimen de Nicolás Maduro a liberar a los presos políticos e implementar “plena e inmediatamente” las recomendaciones contenidas en los informes recientes del Alto Comisionado y la Misión de la ONU.
También expresa “profunda preocupación por la continua erosión del estado de derecho, la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales y la interferencia política, incluido el reciente nombramiento de jueces del Tribunal Supremo, que carecen de independencia, continúan socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones y abusos de los derechos humanos y dificultan la celebración de elecciones libres y justas”.
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