De acuerdo con un trabajo realizado por el Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), durante los primeros seis meses del año más de 200 personas perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales.
Según los organismos, 129 de ellas fueron localizadas en el estado Miranda y 72 en el Distrito Capital.
En la mayoría de los casos, la versión oficial estableció que dichas personas habrían fallecido luego de enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado, “de esta manera pasaron a formar parte de las estadísticas oficiales definidas como muertes por resistencia a la autoridad”, uno de los modos en que el régimen de Nicolás Maduro presenta públicamente las violaciones al derecho a la vida.
La investigación señaló que en el caso del Distrito Capital, de los 72 fallecidos por violencia policial, en 37 de ellos los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas.
El informe de Provea y Gumilla indicó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue responsable de 56 casos (43%) en el estado Miranda, mientras que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se situó en el segundo lugar con 49 (38%), le siguen las actuaciones conjuntas entre el Cicpc y PNB-FAES con 12 (9%), además de las policías de los municipios Baruta con 5 (4%), Independencia con 3 (2%), Cristóbal Rojas con 2 (2%) Los Salias con 1 (1%) y Sucre 1 (1%).
“Las víctimas de la violencia institucional del Estado siguen siendo personas jóvenes. Vivir en una zona popular, ser hombre y tener una edad entre 18 y 30 años te convierte en una víctima potencial en los operativos de los organismos de seguridad”, señalaron las organizaciones que realizaron dicha investigación, quienes agregaron que los operativos de los cuerpos de seguridad del Estado son realizados en altas horas de la noche y sin orden judicial.
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