La persecución política en contra de los opositores por parte del régimen de Nicolás Maduro no tiene fin. Tampoco escrúpulos. Esta vez quienes adversan al socialismo en Venezuela quedarán por fuera de la campaña de vacunación contra el coronavirus que se desplegará en el país cuando Rusia despache en los próximos días las primeras dosis de su fármaco inmunizador Sputnik-V.
La exclusión es una orden de Miraflores. La prioridad para la cúpula bolivariana será –junto con el personal médico– la militancia de su partido Movimiento Somos Venezuela “en pleno” porque una vez vacunados necesitan que “vayan otra vez casa por casa, barrio por barrio, a la búsqueda y a la protección de las víctimas directas, del bloqueo económico, de las sanciones criminales y de la agresión imperialista contra Venezuela”, dijo Maduro en televisión nacional. De inmediato las cuentas del régimen en Twitter republicaron el anuncio
Selección con ideología
La disposición de Maduro refleja una “situación lamentable» a juicio de Enrique Pérez Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, quien advierte que ya en los hospitales se pretende aplicar una clasificación de beneficiados de acuerdo a su tendencia ideológica, divulga Analítica.
De esa manera Loyo asegura que se revive a la “lista Tascón” donde “la identidad de quienes han disentido del régimen ha quedado al servicio de funcionarios de los distintos entes para discriminar, amedrentar, influir en las decisiones electorales, despedir, humillar o apartar ilegalmente de toda la administración pública a quienes manifiesten no estar comprometidos con la revolución bolivariana”, apunta Prodavinci.
Las consecuencias serán otra vez catastróficas porque “si se establecen esos mecanismos de selección, ya sea por ideología o manera de pensar, se generará un problema a futuro porque va a recircular la patología”, subraya Loyo.
Violación de los derechos
Someter al país a la reincidencia de la enfermedad por esta disposición añadiría una violación más a los derechos humanos en Venezuela atribuible a esta “lista Tascón”, que desde 2003 fomenta el uso de su base de datos recopilada de los firmantes a favor del referendo revocatorio contra Hugo Chávez por parte del fallecido diputado oficialista Luis Tascón como instrumento para discriminar a los opositores.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en contra de esta lista porque la considera un “mecanismo de retaliación” sin que el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Defensoría o el Poder Judicial adoptasen ninguna medida para resguardar los derechos políticos de los venezolanos incluidos. Por el contrario, desestimularon la libertad de expresión ante el temor de las represalias.
Aunque en 2005 Hugo Chávez ordenó el “entierro” de esta base que contiene el registro de 3.500.000 venezolanos, esto no sucedió sino que mutó en otras versiones más sofisticadas.
Las primarias organizadas por la oposición en 2012 son un ejemplo. En aquel entonces, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó la identidad de los participantes.
Para el intento de referendo revocatorio de 2016 igualmente se publicaron indebidamente los datos de quienes participaron en ese fallido proceso que no llegó a concretarse por los obstáculo que puso el régimen haciendo uso de los tribunales a su servicio. Recientemente, en la “elección presidencial” de 2018, el candidato Henri Falcón denunció el uso del carné de la patria –que es, también, una base de datos– como elemento de coacción sobre los electores.
Pocas esperanzas
Además de la discriminación del régimen para vacunar priorizando a su entorno político al manejar la identidad de sus adversarios, la esperanza de vacunación se reduce cada vez más como consecuencia del impago de las dosis reservadas a través del plan Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para Venezuela.
Este 9 de febrero venció el plazo para desembolsar los recursos que permitirían la distribución de 1.425.000 y 2.409.600 de vacunas contra el COVDI-19 de AstraZeneca/Oxford, según precisó Infobae.
La OPS puja por “negociaciones” con el Covax porque Venezuela está “demorando más”, reveló Jarbas Barbosa, subdirector de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mientras la instancia aboga por un “cronograma flexible” para recibir el dinero –del que todavía no hay certeza de su desembolso considerando que sobre el régimen pesan las sanciones económicas de Estados Unidos– Maduro apela a su retórica.
Al despedirse del coordinador del la ONU en Caracas, Peter Grohmann, alardeó sobre su propuesta de crear en conjunto un fondo de 300 millones de dólares para las vacunas.
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