La cifra de fallecidos durante el enfrentamiento entre bandas criminales y los cuerpos de seguridad en la Cota 905 se elevó a 33, según el Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por el portal Runrunes y la ONG Caracas Mi Convive.
De acuerdo a la información recabada hasta el jueves 15 de julio, de los 33 fallecidos durante el tiroteo que afectó zonas como La Vega, El Cementerio y El Paraíso, dos de ellas no han sido identificadas todavía.
Entre los muertos figuran un soldado de la Guardia Nacional, un boxeador, un jardinero y dos primos. Además, se conoció que cuatro de las víctimas dejaron 10 niños huérfanos.
Los familiares de las víctimas acuden a la morgue de Bello Monte en Caracas para reclamar los cuerpos, mientras que las instalaciones de la medicatura forense está custodiada por la Policía Nacional Bolivariana; quienes impiden que las personas puedan ver los cadáveres de sus seres queridos.
Trascendió que es una «orden de arriba» el que no permitan velar a los que murieron en los enfrentamientos registrados en la Cota 905 y que los cuerpos de los fallecidos salen directo al cementerio escoltados. Allá le toman una foto a la urna antes y después de inhumarlo.
La orden de no enterrar a los fallecidos durante el tiroteo en la zona se conoció el 14 de julio. La explicación se orientaba para evitar que los cuerpos de los delincuentes regresen a las zonas donde vivían y para impedir que otros antisociales fueran a las funerarias.
Estos funerales recuerdan a lo que ocurrió en 2018 con el expiloto del Cicpc Óscar Pérez y su grupo a principios de 2018 en un operativo que se llevó a cabo en El Junquito. Tras varios días de incertidumbre y de disputas para evitar la cremación de los cuerpos, se resolvió llevando los ataúdes para hacer «entierros controlados».
Sobre el caso, un grupo de 25 personas, detenidas durante el operativo policial «Cacique Indio Guaicaipuro» que se llevó a cabo en la Cota 905, fue privado de libertad por un tribunal con competencia en casos de terrorismo.
Los periodistas Daniel Quintero y Román Camacho, quienes informaron las incidencias de lo ocurrido los días que duró el enfrentamiento, denunciaron que estarían siendo buscados por supuestos antisociales de la zona para «picarlos».
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