Omar Agüero, médico y secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (SEPEEL), calificó como una “burla” del régimen la circular de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que elevó el salario mínimo mensual para la administración pública en 1.200.000 bolívares (un poco más de dos dólares).
Ningún país del mundo tiene ese rídiculo monto para sus trabajadores, protestó el dirigente, quien fue entrevistado por Elimpulso.com.
Haiti que es el país más pobre del continente tiene un salario mínimo de 103 dólares, 183 en Dominicana y 203 en El Salvador, para mencionar algunos de los más bajos en la región, porque hay países pequeños como Costa Rica que lo tiene en 521 dólares.
Es por esa razón, expuso, que este miércoles salieron a la calle a manifestar los trabajadores de la educación y la salud, porque la canasta alimentaria requiere como mínimo 10 dólares diarios y no hablemos de la canasta básica, porque la población lo que consigue es para sobrevivir.
Este régimen viola en forma sistemática los derechos civiles y laborales de los ciudadanos, precisó, comenzando por los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución relacionados con la obligación del Estado de garantizar la salud de la población. Y los que corren mayor riesgo son los del sector de la salud, porque no tienen los equipos indispensables para atender a los pacientes que padecen COVID-19. Aún más, laboran en condiciones deprimentes porque los hospitales carecen hasta de agua.
De igual forma violenta el artículo 86, referido a la seguridad social; el 89, que trata de la progresividad de los derechos y beneficios. El régimen los ha eliminado, incluyendo las cajas de ahorros, acotó.
También ha pisoteado el artículo 91, según el cual el salario debe ser suficiente. ¿Cómo puede tener tal característica si lo que se le paga al trabajador no le alcanza sino para la adquisición de uno o dos productos alimenticios de acuerdo con el nuevo valor fijado? Esto es una burla, un atropello, demostración clara de la insensibilidad de los gobernantes. Ha acabado con el artículo 92, que es el de las prestaciones sociales y antigüedades. Y el 96, que permitía las discusiones para la contratación colectiva, agregó.
No existe el salario digno que contiene el texto constitucional, sino un salario irracional, añadió el doctor Agüero. Esta situación la conoce todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estableció en el año 2019 que más del 90 por ciento de la población venezolana se encontraba en situación de inseguridad alimentaria. Grave hecho, enfatizó.
Y también las Naciones Unidas han dado a conocer que cinco millones de venezolanos, antes de la pandemia, han huido del país en busca de mejores condiciones económicas. Y la gente sigue yéndose por las trochas de la frontera colombo-venezolana hacia otros países. Se ha producido una fuga de cerebros que está beneficiando a todos los continentes, señaló.
Hoy día los trabajadores de la administración pública tienen que hacer diferentes actividades para sobrevivir, porque el salario que perciben no les alcanza para nada. Y a pesar de la pandemia, del riesgo que corre la vida en estos momentos, los trabajadores están saliendo a la calle a protestar porque es lo único que pueden hacer, ya que no tienen respuestas a sus planteamientos. Evidentemente, no queda otra salida que un cambio político, puntualizó Agÿero.
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