El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) juramentó a un grupo de jueces de 1° instancia con competencia en extinción de dominio en las áreas civil, mercantil, de tránsito y marítimo.
Estos nuevos jueces se sumarán a los siete tribunales civiles, designados en mayo de 2023, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que tramitan todas las causas nacionales que tengan relación con la Ley de Extinción de Dominio, que transfiere al Estado la titularidad de los activos de funcionarios que haya incurrido en ilícitos.
El primer vicepresidente del TSJ, magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, dijo que estos jueces realizan una «importante labor» que contribuye «en el desarrollo armónico de la nación».
La Ley de Extinción de Dominio tiene como objetivo de establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes originados por actividades ilícitas o destinados a éstas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna.
Esta normativa fue aprobada luego de que las autoridades informaran sobre una nueva trama de corrupción dentro de la industria petrolera, conocida como Pdvsa Cripto, y que involucró al propio exministro de Petróleo Tareck El Aissami, varios altos cargos dentro de la estatal y la Sunacrip, así como una red de empresarios.
En abril del año pasado, las autoridades informaron sobre la incautación de 1.007 bienes en la operación contra la corrupción que empezó en marzo. Desde entonces no se ha informado de nuevas incautaciones bajo esta normativa. Entre los bienes incautados figuraban seis edificios, 38 apartamentos, 28 mansiones, 16 oficinas, cuatro terrenos, siete empresas, una posada, un club, 13 complejos industriales con grandes galpones, cuatro haciendas, 361 vehículos de alta gama, 52 camiones nuevos, nueve motos, 23 maquinarias pesadas, nueve autobuses, 19 aeronaves «de primer nivel», siete embarcaciones y armas varias.
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