La Sala Político Administrativa del TSJ no le permitió a la defensa de Machado acceder al expediente y conocer el trámite ejecutado, así como tampoco saber «de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Político Administrativa hizo la Contraloría General de la República», para consignar los antecedentes vinculados con el caso de la líder de la oposición mayoritaria.
El abogado e integrante de Vente Venezuela, Perkins Rocha, reportó el martes que la defensa de la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar, en la Sala Político Administrativa, el expediente que la Contraloría General de la República remitió a la instancia judicial vinculado con la sanción de inhabilitación contra la ganadora de la elección Primaria.
Mediante la red social X, Rocha detalló que la Sala Político Administrativa no le permitió a la defensa de Machado acceder al expediente y conocer el trámite ejecutado, así como tampoco saber «de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Político Administrativa hizo la Contraloría General de la República», para consignar los antecedentes del caso de Machado.
«Al no permitir el acceso al expediente, con el justificativo de que lo ‘está trabajando el magistrado ponente y presidente de la Sala Político Administrativa, Melquías Gil’, hecho por primera vez en fecha 19 de diciembre y por segunda vez en el día de hoy, la Sala Político Administrativa coloca en una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado, impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo», agregó Rocha.
El abogado de Machado añadió que el impedimento del TSJ es un hecho que vulnera el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso, así como del acuerdo de Barbados.
«Especialmente en lo relativo al deber asumido por la Sala Político Administrativa de atender demandas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas ‘conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución’, como lo señala el acuerdo», apuntó Rocha.
El 30 de junio de 2023, la Contraloría, cuyo titular era el actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó sobre la inhabilitación de Machado por 15 años mediante un documento que la candidata presidencial unitaria opositora nunca recibió y en el que la instancia del Estado que controla el oficialismo la vincula con una supuesta trama de corrupción, entre otros señalamientos, sin que exista juicio ni sentencia judicial.
Machado acudió al TSJ el pasado 15 de diciembre, junto con su defensa, para interponer una demanda de reclamación y un amparo cautelar contra lo que calificaron de «vía de hecho» que de forma irregular «simula una inhabilitación inexistente«.
La asistencia de Machado al TSJ se produjo luego de que el 30 de noviembre, en el contexto de la negociación política y el acuerdo de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, el oficialismo definiera un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones administrativas -mediante la intervención del TSJ-, que divulgó Noruega.
«Seguiremos insistiendo, con las herramientas del Derecho Constitucional, en que nuestra acción triunfe. Confiamos en que al final la verdad se impondrá», añadió Rocha en el reporte que difundió en la red social X.
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