El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio ratificó una vez más la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015 y el Gobierno Encargado encabezado por el presidente, Juan Guaidó, ante el vacío de poder generado tras la írrita elección presidencial de 2018.
De acuerdo a la sentencia, en Venezuela sigue imperando una administración ilegítima producto de unos comicios organizados por un ente ilegal, razón por la cual debe seguir en funcionamiento la Asamblea Nacional de 2015, último poder electo de manera libre y democrática.
La sentencia también recuerda que ese órgano legislativo declaró el vacío de poder tras la inhabilitación de Nicolás Maduro por delitos de corrupción.
Asimismo, dejó claro que Juan Guaidó debe seguir siendo presidente encargado hasta que en el país se hagan elecciones presidenciales libres y democráticas.
Aclarando posiciones
El magistrado del llamado TSJ en el exilio, Domingo Salgado, aclaró las razones que fundamentan esta decisión.
Hemos sido coherentes en torno a un pronunciamiento -indicó- cuyo fundamento principal es que todos los procesos electorales efectuados desde el año 2018, son nulos, ineficaces, sin ningún tipo de valor; entre ellos destaca la elección parlamentaria de diciembre del 2020, frente a la cual, al no considerarla válida, señalamos que los parlamentarios en ejercicio desde el 2015, continuarían en sus funciones bajo una figura que denominamos «la continuidad constitucional», que en este caso no es administrativa, sino legislativa.
En tal sentido -continúo explicando- como la Constitución Nacional no previó este desorden institucional que iba a existir en Venezuela, dimos un paso adelante desde el año pasado con ese pronunciamiento, porque el pueblo no puede quedar sin representación parlamentaria, y ello ha permitido que los diputados puedan seguir legislando, constituyendo comisiones, e incluso percibir sus salarios.
Interinato
El magistrado Domingo Salgado enfatizó que la figura del Interinato no está contemplada dentro de la Constitución Nacional venezolana, sino que frente a una falta absoluta del presidente de la república, debe designarse a un presidente encargado, según lo define el artículo 233.
La Asamblea Nacional -acotó- por acuerdo unánime señaló el 21 de agosto de 2018, que existía un vacío de poder, toda vez que el señor Nicolás Maduro Moros había sido condenado por este Tribunal, por delitos de corrupción propia y de lavado de capitales, y había sido inhabilitado en el ejercicio de sus funciones; posteriormente, en enero de 2019, el parlamento lo ratificó y, conforme a la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso era Juan Guaidó, asumió la presidencia encargada.
Atribuciones completas
El Magistrado Salgado insistió en aclarar que consideran que Juan Guaidó está en el deber de continuar asumiendo la presidencia encargada de Venezuela, pero que a su vez, debe retirarse de «ese gobierno parlamentario que no se encuentra regulado en nuestra Constitución».
Venezuela tiene un gobierno presidencialista -recalcó- donde el presidente debe gobernar a través del Vicepresidente ejecutivo y sus respectivos ministros, no mediante diputados.
Lo que buscamos -destacó- es volver a regularizar el sistema constitucional, dentro del marco de esta excepcionalidad que vive el país, donde tenemos a un ciudadano usurpando funciones de presidente, un TSJ también usurpador, unos diputados que invadieron el Palacio Federal Legislativo y un Fiscal General que ejerce funciones que no le corresponden. debemos ser firmes en recuperar la democracia, pero sin violentar la Constitución Nacional, reiteró.
Para finalizar, el magistrado Salgado expresó: «El ingeniero Juan Guaidó tiene la obligación de asumir la presidencia encargada de la República, no con atribuciones parciales que pretenda darle el parlamento, sino con todas las atribuciones consagradas dentro de la Constitución Nacional.
«No estamos protegiendo a la persona de Juan Guaidó, sino a la institucionalidad de la presidencia de la República», puntualizó.
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