El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó esta semana Caracas para inaugurar una oficina de su equipo de trabajo en el marco de sus investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, su cuarto viaje al país en su rol.
La oposición, organismos multilaterales y actores de la comunidad internacional han advertido que las violaciones a derechos fundamentales no han cesado desde la última visita de Khan a Venezuela y que, por el contrario, el gobierno ha arreciado la persecución política en el marco de una elección presidencial convocada para el 28 de julio.
¿Qué ha ocurrido en la nación gobernada por Nicolás Maduro desde la última actuación in situ de Khan, en junio, hace 10 meses ya? El medio la Voz de América hace un recuento de los casos más notorios que podrían ser del interés del fiscal de la CPI, de origen británico.
Sindicalistas arrestados por protestar
Apenas 48 horas después del cierre del último viaje oficial del fiscal Khan a Caracas, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a tres sindicalistas en el estado Bolívar por participar en protestas: Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera. Sus arrestos ocurrieron el 12 de junio pasado.
La Operación Brazalete Blanco
El ministro de la Defensa y el fiscal general de Venezuela denunciaron en febrero pasado la frustración de un plan magnicida y de atentados contra las instituciones del país, conocido como la Operación Brazalete Blanco.
El gobierno publicó una lista de 33 militares “traidores a la patria”, entre ellos el militar retirado Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en Chile. Una veintena de personas fueron detenidas por el caso y otras 15 eran buscadas por las autoridades.
Rocío San Miguel, detenida y acusada de conspiración
El 9 de febrero, funcionarios del Estado venezolano arrestaron a Rocío San Miguel, abogada, especialista en seguridad y defensa, y activista de derechos humanos, cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía para viajar a Miami.
ONG y organismos internacionales denunciaron su desaparición forzosa, mientras la fiscalía general la implicaba en una supuesta conspiración para atentar contra el presidente Maduro, la Operación Brazalete Blanco.
No fue sino 10 días después de su detención que su hija, Miranda Díaz, pudo verla en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en Caracas.
Sus familiares y abogados indicaron que estuvo incomunicada por días y que le impidieron ser representada en un tribunal contra terrorismo por sus abogados de confianza. Afirman que la abogada se declaró inocente de las acusaciones en su contra.
Cierre de la oficina del Alto Comisionado para DDHH
El gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU en Caracas y ordenó la salida del país de los funcionarios adscritos a esa oficina, a mediados de febrero.
La medida se tomó por su presunta parcialidad, su “impropio papel” como un “bufete particular de grupos golpistas y terroristas”, de acuerdo con la cancillería venezolana.
La decisión estará vigente hasta que “rectifiquen públicamente su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”, dijo el gobierno.
Este martes, luego de reunirse en el palacio presidencial de Miraflores, Maduro confirmó que aceptó la propuesta del fiscal Khan de que permitiera el retorno de la oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU a Caracas.
Persecución contra Vente Venezuela
Seis dirigentes del partido Vente Venezuela y colaboradores cercanos de la ganadora de la primaria presidencial opositora María Corina Machado fueron detenidos entre enero y marzo de este año por haber sido acusados de planificar supuestos actos conspirativos para generar violentas protestas de calle en el contexto de la elección del 28 de julio.
Según el fiscal general Tarek William Saab, los dirigentes regionales y nacionales del partido y de los comandos de campaña de Machado formaban parte de un “plan escalonado” de manifestaciones para desestabilizar al gobierno y del ingreso al país de militares en el exilio para que tomaran a la fuerza varias bases de la Fuerza Armada Nacional.
Machado calificó los arrestos como “una infamia”, mientras la oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU expresó preocupación ante las medidas que restringen “indebidamente” el espacio cívico y democrático en Venezuela en los meses previos a las elecciones de julio.
Otros 6 dirigentes nacionales de Vente Venezuela, entre ellos quien es considerada la mano derecha de Machado y coordinadora nacional de su comando de campaña, Magalli Meda, se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas después de que el fiscal Saab reveló que pesaban sobre ellos órdenes de detención por el mismo caso.
El gobierno de Argentina confirmó hace dos semanas que diligenciaba ante el poder ejecutivo de Nicolás Maduro salvoconductos para que el grupo de dirigente políticos pudiera viajar fuera del país.
Otro periodista encarcelado
Carlos Julio Rojas, periodista, activista social y directivo suplente del Colegio Nacional de Periodistas, fue detenido el 15 de abril cerca de su residencia, en Caracas, por hombres encapuchados.
Al día siguiente, lo presentaron esposado en la sede del SEBIN por estar presuntamente implicado en un plan magnicida que se realizaría cuando Nicolás Maduro se registró como candidato ante el CNE, a finales de marzo.
Segú el fiscal general Tarek William Saab, con quien Karim Khan se reunió esta semana, dos hombres detenidos en marzo e involucrados en ese presunto complot señalaron que Rojas les suministraría armas y dinero para atentar contra el jefe de Estado.
Leyes contra la disidencia
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó el 2 de abril en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo, que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla sanciones penales y administrativas.
Según el gobierno, la normativa permitirá atender las “expresiones y acciones” de partidos que han actuado con “tilde fascista” en los últimos 25 años.
La normativa contempla penas de 12 años de cárcel a quienes se involucren o promuevan actos asociados al fascismo. Los expertos advierten sobre la imprecisión de sus conceptos y temen que sea un nuevo instrumento para censurar y castigar a la disidencia.
El parlamento venezolano también inició consultas sobre un proyecto de ley que buscaría ilegalizar a las ONG que reciben financiamiento extranjero y que promoverían actos de desestabilización política, vinculadas con partidos políticos, según el chavismo.
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