En un nuevo bandazo en su política hacia Venezuela, y después de permitir la polémica escala en Barajas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el Gobierno de Pedro Sánchez considera ampliar la lista de altos cargos del régimen de Nicolás Maduro sancionados por la Unión Europea.
Así lo afirma el Ejecutivo en su respuesta a una pregunta registrada por los diputados de Ciudadanos Marcos de Quinto y Marta Martín en el Congreso. En un escrito al que Vozpópuli tuvo acceso, el Gobierno español muestra también señaló su intención de ofrecer España como sede de la próxima reunión del Grupo Internacional de Contacto para fomentar un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana.
Esta oferta ya había sido propuesta en Bruselas por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, durante la gira europea del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Es la primera vez que el Gobierno español expresa abiertamente su intención de ampliar la lista de sancionados venezolanos por su complicidad con la represión y la violación de los Derechos Humanos en Venezuela.
En octubre de 2018 el Gobierno de Sánchez, con Josep Borrell como responsable de Exteriores, promovió un notable giro en la política exterior española: dejaba de apostar por las sanciones, como había defendido el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y planteaba hacerlo por el diálogo.
En la actualidad son 26 los altos funcionarios de Maduro incluidos en la ‘lista negra’ de Bruselas, entre ellos Delcy Rodríguez, quien pasó la madrugada del 20 de enero en una sala VIP del aeropuerto de Barajas, a pesar de que la UE prohíbe la “entrada y el tránsito” en los países miembros a los funcionarios venezolanos sancionados.
“Por lo que respecta a las sanciones, España se ha mostrado favorable a la ampliación de personas sancionadas en el marco del régimen de la UE para Venezuela”, indica el Ejecutivo en su escrito de respuesta, fechado el pasado 11 de febrero, tres semanas después de la polémica reunión en Barajas entre el Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Delcy Rodríguez.
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