Decir que la corrupción en Venezuela es un cáncer que se ha extendido ampliamente hasta alcanzar todos los sectores del país, podría parecer muy trillado, pero no deja de ser la mayor realidad palpable y constante en la actualidad.
La “historia de corrupción política heredada de la cuarta república” contada hasta el cansancio por el chavismo, así como los miles de casos de soborno, extorsión y manipulación por parte de organismos administrativos y de seguridad del Estado, o de los mismos ciudadanos comunes, quienes en gran proporción demuestran estar prácticamente “acostumbrados” a pagar (o cobrar) por cualquier servicio, manifiestan el alcance de esta enfermedad.
Sin embargo, el peor daño registrado, sin lugar a dudas ha sido la nefasta administración de Nicolás Maduro, antecedida e impulsada por la de Hugo Chávez, las cuales distorsionaron por completo el sentido común y el respeto a la ley, mediante prácticas facinerosas y deplorables, cuyas consecuencias resultaron en la cruel dictadura dirigida desde un narco Estado, que aún mantiene bajo su yugo a los venezolanos, mientras continúa transgrediendo cuanta norma le incomoda.
En dos décadas trasladaron las riquezas del país a sus arcas personales, enriqueciéndose bajo métodos corruptos indescriptibles y jamás imaginados, agregando la complicidad de grupos nacionales e internacionales delictivos y terroristas, y corrompiendo todas las fuerzas policiales y militares venezolanas.
Ante ese panorama, las posibilidades de cura han sido vistas como muy lejanas, de hecho casi imposibles, especialmente después de numerosos enfrentamientos marcados por la violencia represiva e indolente del régimen frente a los sectores de oposición, que vistieron de luto y marcaron espeluznantemente a muchos hogares.
No obstante, esa oposición no desiste y ha continuado buscando opciones para salir del régimen dictatorial y enrumbar a la nación en un camino de recuperación total, contando con el apoyo cada vez más amplio de diversos organismos internacionales que se fueron sumando, junto a más de 50 países, al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional como único órgano legislativo legítimo, y donde destaca el papel protagónico y enfático de los Estados Unidos, cuyas presiones lograron desestabilizar fuertemente la situación del régimen de Nicolás Maduro.
Una larga lista de acciones dirigidas a rescatar los bienes de la nación, que van desde sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EEUU, hasta la oferta de recompensa en miles de dólares por individualidades del régimen dictatorial, entre muchas otras, han sido clave para el desarrollo de distintos procesos políticos que también han direccionado cambios en actividades de índole económico, toda vez que el Gobierno Interino logró apertura y disposición de algunos ingresos del país.
Con todo ese apoyo mundial logrado hacia la oposición democrática venezolana, las expectativas hacia una nueva gestión gubernamental podrían variar en torno a cualquier área, menos a la honestidad en la administración de los recursos, dado que, frente al grave desastre causado por años de corrupción, ¿no se trataría de organizar las finanzas, los ingresos, egresos y demás menesteres del gasto público? Obviamente que sí, mientras el sentido común y la cordura prevalezcan para el rescate de la dignidad y la moral para encabezar la restitución del resto de los sectores colapsados.
Sin embargo, la presencia del cáncer acecha, siempre buscando nuevas células para enquistar y expandirse. La pregunta que queda sería entonces, ¿hasta dónde se puede confiar en la honestidad de la administración del interinato?
Fondos públicos
La administración de fondos públicos durante el interinato estuvo planteada desde 2019 en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, a través de la creación de juntas administradoras ad-hoc para las empresas del Estado. La Gaceta Legislativa está prevista en el artículo 136 del Reglamento de Interior y Debates. Los activos recuperados no iban a ser ejecutados hasta la salida de Maduro del poder, según el artículo 36 de este instrumento legal.
No obstante, el Gobierno interino no impidió la asignación de recursos a diligencias oficiales en el exterior, hasta nueve meses antes de que se afinaran las reglas para su supervisión y contraloría. La Asamblea Nacional impulsó el 10 de julio de 2020 una Ley para regular los contratos públicos destinados a la recuperación y manejo de los activos de Venezuela.
Mientras Maduro preservaba el control del territorio nacional y de la mayoría de las instituciones públicas con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el interinato ha aprovechado el apoyo internacional para disponer de algunos activos de Venezuela en el exterior, pudiendo movilizar fondos del Estado alojados en cuentas extranjeras.
Los fondos aprobados por el Poder Legislativo al Gobierno interino ascienden a 177 millones de dólares, según datos oficiales recopilados, y al menos 128 millones han sido administrados con el aval de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la cual coordina la transferencia de fondos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del Banco Central de Venezuela (BCV) en ese país, hacia destinos escogidos por el Gobierno encargado.
Destino de fondos rescatados
El comisionado presidencial ante la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, publicó una lista de estados del país priorizados en tiempos de pandemia, para envío de apoyo material urgente a través de la OPS, como parte de un plan de gobierno denominado Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, distinguiendo las donaciones internacionales de los fondos públicos administrados.
“Por primera vez en la historia se usarán recursos rescatados de la corrupción para dar ayuda a un país en dictadura. Recursos que no tocará el régimen, porque sabemos que iban a usarse para el derroche: comprar más mansiones y carros de lujo. Ahora los recursos están a resguardo”, anunció Juan Guaidó a finales de julio de 2020.
El mandatario interino mencionó la creación “desde cero” de una estructura jurídica y financiera internacional para canalizar el apoyo económico sin pasar por el control de Maduro.
La página web del Gobierno interino precisa los montos aprobados ese día al organismo interamericano: “13 millones de dólares van a la OPS (10 millones de dólares de la Reserva Federal de New York, y tres millones de dólares del banco de España)”.
Otros mensajes oficiales, sin embargo, refieren que Guaidó sólo tiene acceso a recursos públicos depositados en una sola cuenta en el exterior.
Un comunicado emitido el 18 de abril de 2020 indica que la gestión interina únicamente administra los fondos de una cuenta de 342 millones de dólares custodiada por la Reserva Federal de Estados Unidos, el país donde Guaidó tiene su principal respaldo internacional. Los anuncios no han dejado claro si el Gobierno interino tiene acceso a una o más cuentas internacionales.
Auditoría
La Asamblea Nacional aprobó el 1 de octubre de 2019, otros 2.000.000 dólares de fondos de Pdvsa al Gobierno interino, para el pago de honorarios profesionales en la defensa judicial y extrajudicial de los activos en el exterior. La Procuraduría Especial fue autorizada para suscribir “los contratos necesarios”, mientras que las comisiones de Finanzas y Desarrollo Económico, y de Contraloría de la Asamblea Nacional serían los veedores de las contrataciones, según lo estipulado en Gaceta Legislativa. Hasta la fecha no ha habido reportes públicos sobre esta labor auditora del Poder Legislativo.
Una estructura más formal para administrar los recursos públicos nació en noviembre de 2019, con el acuerdo legislativo que creó el Fondo Especial de Litigios. La pista de dineros públicos ejecutados se pierde desde entonces.
El Fondo asignó 1.500.000 dólares en noviembre a la defensa de Pdvsa, como un monto “remanente” de lo aprobado el 1 de octubre. El acuerdo sugiere que la gestión de Guaidó usó 500.000 dólares en 2019 para los fines legales, cuando no había un procedimiento de supervisión claro. Tampoco hubo reporte público sobre cómo se gastó.
La Asamblea aprobó también 2.000.000 dólares para la defensa del BCV. En total, fueron concedidos 3.500.000 dólares al Fondo Especial de Litigios en 2019. El 28 de enero de 2020 los diputados sumaron 20.000.000 dólares más. Desde febrero de 2020 se desembolsaron ocho millones de dólares aproximadamente para pagar abogados de Pdvsa y el BCV.
Oficialmente, los gastos del Fondo sólo están publicados de manera parcial en el Informe de Gestión 2019 de la Procuraduría Especial y en el video de rendición de cuentas de la Junta ad-hoc del BCV, de agosto de 2020.
Gastos en defensas
El Informe de Gestión 2019 de la Procuraduría Especial indica que se contactó a todos los bufetes que representaban antes al país en distintos juicios internacionales, de los cuales tres se pusieron bajo la orden del interinato: Arnold & Porter, Hogan Lovells y Curtis, Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP, mientras que Cuatro nuevas firmas de abogados —Sullivan & Cromwell, Paul Hastings, Munger, Tolles and Olson LLP y Abrams & Bayliss— fueron escogidas por la gestión de Guaidó entre 2019 e inicios de 2020.
En ese periodo la Asamblea Nacional aún no había designado a la “Comisión Técnica para garantizar el uso adecuado de los recursos administrados por el Fondo de Litigio”, prevista en el acuerdo de noviembre. Los miembros de la Comisión Técnica fueron nombrados el 5 de febrero de 2020, una semana después de que la Asamblea aprobara un incremento de 400% en el monto máximo del Fondo.
Las operaciones anteriores al Comité quedan bajo auditoría de las comisiones de la Asamblea Nacional, y de la Contraloría Especial de la República creada bajo el Gobierno de Guaidó.
Un presupuesto más específico aparece en el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, que cuenta con una Ley Especial aprobada en marzo de 2020 y un Reglamento presentado en abril y reformado por segunda vez en septiembre.
Empresas en Delaware
La Gaceta Legislativa N°25 precisa la selección de BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC (compañías con domicilio en Delaware, en el noreste de Estados Unidos) para administrar y desembolsar los recursos.
Un registro de empresas en Delaware muestra que ambas fueron creadas el 21 de mayo de 2020, apenas mes y medio antes de que el Gobierno interino ordenara su contratación. Las firmas no tienen el aval de ‘buena reputación’ que concede la División de Corporaciones de Delaware a empresas que han cumplido con todas sus obligaciones formales y que no están bajo ninguna sanción.
El Consejo de Administración del Gasto presenta los costos de los servicios para administrar el Fondo: “$1.250.000,00 la administración, $175.000,00 la distribución y $681.000 la auditoría”. Para el caso relató: “(…) En primer lugar, se consultó con la OEA, para que fuese este organismo quien asistiera a la República. Los costos de la OEA ascendían a 9,3 millones de dólares, sobre los 80 millones del fondo. Eso sin considerar otros gastos administrativos no incluidos. Las negociaciones no prosperaron.
En segundo lugar, se consultaron firmas como Price Water House, Delloite, BDO, Earnst and Young y KPMG, entre otras; las cuales declinaron la oferta. Algunas de estas firmas temían represalias de la dictadura contra su personal en Caracas, si contrataban con la administración del presidente Guaidó. Finalmente, una de las 10 principales empresas del mundo accedió a recomendar a BRV y a supervisar su trabajo. Por las razones antes expuestas se firmó un acuerdo de confidencialidad, con cláusulas penales en caso de incumplimiento, que impiden a este Consejo compartir más detalles (…)”. “(…) A la fecha se ha ejecutado el pago de los programas de atención a la crisis del coronavirus, en acuerdo con la OPS y la Cruz Roja Internacional.
También se ha ejecutado el primer pago del Programa Héroes de la Salud y una pequeña porción del Programa Madre María de San José de atención médica a casos de riesgo vital. Adicionalmente, se ha ejecutado un primer pago para funcionamiento de la AN. Los montos exactos pueden verse en el acuerdo legislativo que crea el Fondo y en su reglamento, ambos debidamente publicados en Gaceta Legislativa (…)”.
Nuevas autorizaciones, emitidas a mediados de octubre, permitían la ejecución de contratos y pagos para el proyecto presupuestario del Despacho de la Presidencia encargada, por 944.550 dólares, y también para el programa denominado Seguridad y Defensa de la Democracia con 8.499.000 dólares.
Bonos de PDVSA y el complejo Citgo
La Asamblea Nacional concedió dos mecanismos de financiamiento formal a la gestión de Guaidó: el Fondo Especial de Litigios, aprobado el 19 de noviembre de 2019, al cual se han asignado 23.500.000 dólares; y el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, creado el 27 de febrero de 2020 con 80.000.000dólares. Las iniciativas respaldaron el acceso a “recursos disponibles de la República y de sus entes descentralizados”.
El uso de fondos públicos por parte de la gestión interina comenzó antes: en mayo de 2019, cuando en ese entonces, el Poder Legislativo autorizó, con la validación de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, el pago de 71.559.991,25 dólares en intereses a tenedores del Bono Pdvsa 2020. El monto proviene de una deuda renegociada bajo el Gobierno de Maduro cuatro años antes.
El Estado venezolano, afectado por la reducción de ingresos de la renta petrolera, ofertó en 2016 un canje de bonos de Pdvsa, que se vencían en 2017, por nuevos bonos (los Bonos Pdvsa 2020) con una garantía atractiva: la mitad de la empresa Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos y mayor activo de Venezuela en el exterior.
La Junta Administradora ad-hoc de Pdvsa, designada por Guaidó, confirmó la realización del pago a los bonistas el 15 de mayo de 2019 con recursos públicos procedentes de cuentas por cobrar de Pdvsa en el exterior. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos movilizó estos fondos, que estaban bloqueados en ese país al Gobierno de Maduro.
José Ignacio Hernández, quien ejercía funciones como procurador Especial de la República nombrado por Guaidó, explica: “En ese entonces no teníamos completa la información del caso. Y a pesar de que habían dudas importantes en cuanto a la invalidez del bono, la opción que se acogió, plenamente admitida en Derecho, es lo que se llama un pago bajo protesta, lo que significa que tu pago no implica aceptación de la validez”.
La Oficina de la Procuraduría Especial de la República se encarga desde febrero de 2019 de la representación judicial del Gobierno interino y de sus juntas ad-hoc.
El Poder Legislativo aprobó, el 15 de octubre del mismo año, un acuerdo para reiterar la invalidez del nuevo bono, el cual había sido cuestionado por la Asamblea Nacional desde septiembre de 2016. La directiva de Pdvsa concretó la negociación a pesar del rechazo de los parlamentarios.
El acuerdo de octubre de 2019 plantea que el canje de los bonos implicó un contrato de interés público nacional, por lo que requería la autorización de la Asamblea Nacional, y da pie al Gobierno encargado para avanzar con estrategias de defensa, frente a los acreedores.
Por su parte, el complejo refinador Citgo, que posee tres refinerías de petróleo y casi cinco mil estaciones de gasolina en EEUU, se encuentra protegido hasta enero de 2021 por licencias de la OFAC, a partir del apoyo al interinato por parte del Gobierno de Donald Trump.
La Corte de Nueva York desestimó en octubre de 2020 una demanda del Gobierno interino contra los bonistas, tras un juicio emprendido para declarar la nulidad de la deuda, la jueza Katherine Polk dictaminó que los bonos son válidos. Un comunicado presidencial anunció: “Apoyamos al equipo legal designado por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, en la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación”. El pago de los intereses del bono marcó el inicio de una serie de urgencias a atender por el Gobierno encargado, con dineros públicos.
Más fondos
Los recursos públicos administrados de manera particular por la gestión de Juan Guaidó proceden de tres vías, de acuerdo con los reportes oficiales.
Una de las cuentas fue identificada por la Junta Administradora ad-hoc del BCV en la Reserva Federal de Estados Unidos, con sede en Nueva York, con un saldo de 4.626.000 dólares que habían sido bloqueados al Gobierno de Maduro. Los pagos para abogados del BCV provienen de esta cuenta.
“Históricamente, el Banco Central de Venezuela, al igual que el resto de los bancos centrales a nivel mundial, ha concentrado sus activos en los dos grandes centros financieros del mundo, que son Londres y Nueva York, y naturalmente allí se dirigieron nuestros primeros esfuerzos”, explicó Ricardo Villasmil en el reporte de su gestión como presidente de la Junta. “Con la ayuda del procurador y de los abogados, logramos ponerlo a disposición de la junta ad-hoc”, agregó.
Una segunda cuenta a favor del Banco Central también quedó bajo custodia de la Reserva Federal con 342.279.672 dólares, tras una transferencia realizada desde Citibank. La entidad financiera debía estos fondos al BCV, como monto remanente de la ejecución del oro que Venezuela había dejado en garantía de dos préstamos. Las operaciones se conocen como acuerdos de swap de oro.
El Estado venezolano dejó de pagar la deuda con el banco prestamista y éste ejecutó el oro en garantía para obtener los fondos prestados. Pero debido al alza de los precios del oro desde el momento en que se inició el contrato, la ejecución de la garantía arrojó una diferencia de 342 millones de dólares por devolver a Venezuela. Por sanciones en Estados Unidos al Gobierno de Maduro, esos fondos habían quedado congelados en Citibank.
“El proceso fue largo y finalmente logramos el reconocimiento por parte de Citibank de la Junta Administradora como legítima representante del BCV. Decidimos que lo mejor era, ante la amenaza de los acreedores de la República, trasladarlo de ese banco comercial a la Reserva Federal”, explicó Villasmil ante la Asamblea Nacional. “Hicimos las gestiones con ella y a través de la OFAC también para abrir una segunda cuenta por la totalidad de este monto”, indicó. Esta otra cuenta financia el Fondo para la Liberación, mediante un préstamo por 80.000.000 dólares realizado por el BCV a la República.
Por otro lado, un acuerdo inesperado entre los gobiernos de Maduro y Guaidó, en junio de 2020, permitió que la OPS recibiera recursos de Venezuela congelados en el exterior para atender la pandemia en el país. El organismo multilateral puso el consenso político como un requisito para recibir y ejecutar los fondos públicos. Autoridades de España anunciaron después el traspaso de fondos bloqueados en ese país hacia la OPS, operación celebrada por Guaidó y también por altos funcionarios de Maduro.
La ONG Transparencia Venezuela alertó a mediados de 2019: “En el ámbito internacional, representantes del gobierno interino tienen acceso a fondos y a control de bienes públicos sin que se conozcan sistemas de control”. Y además recomendó la creación de “La figura de un Contralor especial —designado en el exterior para evitar que sea blanco de persecuciones y ataques— como garantía de mantener un registro fiel y minucioso de todas las decisiones y acciones del equipo interino, que constituya un sólido respaldo de su gestión.
La Asamblea Nacional le tomó la palabra ocho meses después. Juan Pablo Soteldo fue designado en febrero de 2020 como contralor Especial y miembro de un Consejo de Contraloría integrado por otras cuatro personas. Los nuevos auditores, sin embargo, debían esperar por la aprobación de una Ley para ejercer funciones.
El 21 de mayo entró en vigencia la Ley para la Organización y Funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República, que marcó el inicio oficial de las actividades de la Contraloría Especial. Hasta la fecha no ha habido respuesta a una solicitud de entrevista enviada al contralor especial.
El economista opositor, Francisco Rodríguez señaló en su momento que le preocupa la poca transparencia del «gobierno interino» en el manejo de los recursos. “Lo primero que debió hacer este gobierno es aprobar una ley de presupuesto”, agregó. “Ni (Juan) Guaidó ni la Asamblea Nacional (AN), han nombrado una directiva para las empresas Petropiar, Petroboscan, Petrozamora… son 44 empresas. No sabemos qué está pasando con el dinero de éstas”.
Manifestó que las estimaciones de los recursos que se tienen en el exterior son aproximadamente $ 7mil millones. “Estas empresas han acumulado mucho dinero de Venezuela a raíz de las sanciones del 2017, donde Estados Unidos prohíbe pagarle dividendos a PDVSA”, apuntó.
Colombia
Un caso notorio que alertó sobre los riesgos de corrupción dentro del interinato fue el ocurrido en Colombia con el manejo de recursos destinados a la ayuda humanitaria y a la atención de militares desertores del régimen de Maduro, que involucró además la remoción del cargo al exembajador del gobierno interino en ese país, Humberto Calderón Berti.
Pese a la relevancia de José Manuel Olivares y Gaby Arellano, su cercanía al Gobierno de Colombia, su compromiso desde el 2014 con el tema de la ayuda humanitaria y su cabal entendimiento de lo que ocurría en la frontera, ambos fueron inesperadamente apartados de una responsabilidad clave.
El 24 de febrero, al día siguiente de que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia, el presidente Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, la atención de «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio». Rossana Barrera es cuñada del diputado del partido Voluntad Popular, Sergio Vergara, mano derecha del presidente Juan Guaidó luego de que Roberto Marrero fuera secuestrado por el régimen de Maduro. Barrera, junto a Kevin Rojas, asumió completamente la operatividad de lo que ocurría en Cúcuta y se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares. Las alarmas se encendieron cuando, según me dijo un funcionario de la inteligencia colombiana, Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran.
Los militares
Los militares desertores aumentaron y se hospedaron en siete hoteles. La cifra oficial que había reportado el Gobierno de Juan Guaidó, ya para abril, era de 1 285 funcionarios. El pequeño ejército con el que contaba el presidente, pero que hasta ahora daba muy mala impresión en Cúcuta. Prostitutas, alcohol y violencia. Exigían y exigían. Pero poco podían hacer los hoteles. Al final, aquello no era gratis.
El Gobierno de Colombia se estaba encargando del pago de unos holteles y ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, de otros, incluidos los hoteles Hampton Inn y el Villa Antigua, en Villa del Rosario. A Venezuela le correspondía el pago de solo do: el Ácora y el Vasconia.
Sin embargo, a principios de mayo, se empezó a tensar la realidad de los desertores. El Gobierno de Juan Guaidó no les respondía. El Ácora, no había recibido el pago y, para el 6 de mayo, guardaba una deuda de 60 millones de pesos (unos US$ 20 mil). Finalmente, ante la incapacidad de sostener esa realidad, el hotel Ácora decidió desalojar a los 65 militares y sus familiares.
Todos apuntaron a la embajada. Se supo que el embajador de Guaidó en Colombia, el exministro y reconocido político Humberto Calderón Berti, había enviado un cheque de 27 millones de pesos que, por un mal cálculo, rebotó, como reporta el medio colombiano Las 2 Orillas, al parecer de su bolsillo. El diplomático aclaró que nunca estuvo al tanto de las irregularidades y que no había sido tomado en cuenta en las actuaciones oficiales. Indicó que Inteligencia de Colombia lo había alertado, entregándole pruebas de facturas que demostraban excesos y, varias, extrañísimas, de diferentes talonarios, firmadas el mismo día y con estilos de escritura idénticos. Casi todas sin sello. Gastos de más de 3 000 000 de pesos en hoteles colombianos y en discotecas, por noche. Unos mil dólares en bebida y comidas. Gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta. Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata.
Adicionalmente, la cifra de militares en Cúcuta, según información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.
Rossana Barrera y Kevin Rojas fueron apartados del cargo aunque, entre conversaciones, Caracas mostraba una defensa a ultranza de ambos. Hubo amenazas y se trató de desviar la responsabilidad hacia la embajada de Calderón Berti.
Finalmente, ante las presiones a Caracas, Barrera acudió el 27 de mayo a una reunión con miembros de la embajada para someter sus gastos en Cúcuta a una auditoría y entrgó un soporte bastante burdo de US$ 100 000 que había gastado durante su estadía en Cúcuta. Varios montos de los que entregó no se correspondían con la realidad.
Caso deuda de Paraguay
El diario estadounidense The Washington Post, en una investigación, nombra a dos empresarios radicados en Miami y designados por Guaidó, que estarían involucrados en una supuesta trama de corrupción, cuya suma alcanzaría los 40.000 millones de dólares. Se trata de Fernando Blasi y Javier Troconis, cuyo título dado por Guaidó es de ‘comisionado presidencial para la Gestión y la Recuperación de los Activos en Estados Unidos’.
Fueron los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar quienes informaron al medio de estos actos en el entorno del político opositor, entre los que se incluyen acciones en empresas, automóviles de lujo, casas y deudas no cobradas, ligadas a la compañía petrolera estatal de Venezuela.
En 2019, y según reveló Reyes al Post, él y Antar recibieron una lista que la calificó para sí como de «demandas impactantes», entre las que se encontraba un pago por adelantado de 750.000 dólares a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano del funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.
Esa empresa se convertiría en socio, compartiendo una comisión del 18% que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó, de acuerdo con el informe. La revelación del Post cuenta con más de 20 entrevistas y análisis de documentos, que incorporan lo que serían posibles contratos, numerosos acuerdos que involucraban a Troconis, y pagos de grandes e inusuales sumas de dinero.
El Post afirma que los dos funcionarios del entorno de Guaidó con quienes Reyes y Antar discutieron el acuerdo de Miami, Troconis y Blasi, han negado haber actuado de manera ilegal.
Las denuncias de Reyes y Antar fueron conocidas por primera vez en un sitio web en Miami, por lo que el «Gobierno interino» emitió un comunicado en septiembre desestimándolas por infundadas. Pero en las últimas semanas, los funcionarios presionaron para que se hiciera una investigación interna, realizada por un comité de legisladores de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
En un informe preliminar, el comité planteó dudas sobre «irregularidades administrativas» en los tratos de Troconis con Reyes y Antar, pero no se habría encontrado evidencia de corrupción. El comité recomendó entonces una investigación adicional por parte de la oficina del contralor del gobierno. El embajador en Washington, Carlos Vecchio pidió al Gobierno estadounidense que realice una investigación propia del caso. Incluso Antar afirma que ya fue contactado por el mismo FBI.
Por otra parte, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, señaló a estos dos hombres de ser parte de una red que cobraría sobornos para «robar activos venezolanos en el Caribe» y dijo haber ordenado la apertura de una pesquisa contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó por intentar el cobro de sobornos para la firma de un contrato que le otorgaría poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami, con el propósito de «robar activos del país en el exterior».
Saab nombró a la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por Jorge Reyes y Pedro Antar, de estar involucrada en la red destinada a robar activos del país en el extranjero.
La oposición acusa al oficialismo de «orquestar» la supuesta trama
Javier Troconis señaló a The Washington Post los «enemigos» de Guaidó y afirmó que las pruebas presentadas son «falsas».
El martes 5 de enero, el Gobierno de Paraguay confirmó que emisarios de Juan Guaidó ofrecieron reducir a la mitad la deuda que la petrolera estatal venezolana (PDVSA) reclama a Paraguay, de 265 millones de dólares según Asunción, y que no se llegó a un acuerdo por entender que existía una falta de «personería jurídica» en esa recuperación de activos.
El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, informó que en noviembre de 2019 se produjo esa reunión en Asunción con representantes de Guaidó, entre ellos Javier Troconis. El Gobierno venezolano de Juan Guaidó envió este miércoles una carta pública al medio The Washington Post, en la que explica los mecanismos de control utilizados para detectar y rechazar cualquier gestión que pudiera lesionar los intereses de Venezuela.
Esto, tras la publicación del medio estadounidense en el que revelaba una serie de dudosos contratos para intentar recuperar los activos del país que se encuentran en el exterior, como deudas, autos y casas.
“Dicha propuesta, tras ser evaluada, fue rechazada por la Procuraduría Especial de Venezuela, la junta ad-hoc de Pdvsa y el presidente interino, tras considerar que no cumplía con las condiciones satisfactorias para la República, tanto por el porcentaje de quita planteado, como de la comisión estipulada para el abogado. Es fácilmente comprobable que ningún acuerdo o contrato se celebró y, por ende, no existió ninguna erogación o comisión”, manifestó Guaidó en una carta al Post.
El Gobierno paraguayo por su parte, afirma que el acuerdo nunca corrió y que fueron Javier Troconis y Sebastián Vidal los que presentaron el borrador, en representación de Guaidó. Las reuniones se iniciaron en diciembre del año 2019.
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