La actuación del Ministerio Público se desconoce más allá de las ruedas de prensa donde se ofrecen datos sueltos. Con cifras a discrecionalidad del fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, tener un estimado de delitos anuales o tan siquiera del seguimiento a tramas de corrupción como Pdvsa Cripto —sometida a la discrecionalidad de la Policía contra la Corrupción— se complica.
Desde 2015, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, el MP no publica informes de gestión. Acceso a la Justicia señaló en un análisis sobre la actuación hasta 2018 de este organismo que, con base en el artículo 5 de la Constitución, los poderes públicos están obligados a rendir cuentas ante quienes ostentan la soberanía, es decir, ante los ciudadanos en aras de garantizar el derecho del acceso a la información pública.
El artículo 276 constitucional obliga al Ministerio Público a entregar su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional, además de hacerlo público.
Al no tener información pública certera sobre las actuaciones, los datos se pervierten y desdibujan en cada declaración de Saab. El ejemplo más reciente es la trama de corrupción Pdvsa Cripto, bautizada de esta forma por el fiscal.
El miércoles 5 de abril, en una rueda de prensa, afirmó que están detenidas 34 personas, aunque la realidad es otra. Durante la lectura de nombres, Saab solo se refirió a 33 e incluso reconoció que se había incluido al empresario Fernando Bermúdez entre los arrestados, pero en realidad está prófugo de la justicia.
Pero este no es el único caso de cifras que no cuadran. El pasado 11 de marzo, el portal Misión Verdad publicó una entrevista con este funcionario. En un recuento de gestión, Saab aseguró que —desde 2017 y hasta esa fecha— se encontraban en investigación 26 tramas de corrupción que involucran al sector petrolero. En poco menos de un mes se develaron cinco más, pero solo se tiene conocimiento de Pdvsa Cripto. Entonces, ¿cuáles son las otras cuatro?
Las discrepancias también se notan en otras áreas. Por ejemplo, sobre los casos de acoso escolar informó que «en el año 2022 se registraron en el territorio nacional un total de 271 casos con 413 víctimas, porque en un caso puede haber varias víctimas. Hay 165 adolescentes imputados, pues tienen que sentir que hay una responsabilidad penal en su mala acción de ultrajar, de golpear, de lesionar a sus compañeros. 121 acusados, obteniéndose 12 condenas».
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