El coordinador de la ONG Foro Penal en el estado Carabobo, Luis Armando Betancourt, recordó al régimen chavista realizar los juicios en un formato virtual, frente a la profundización de los retardos procesales de los reclusos venezolanos con la pandemia de coronavirus, la crisis humanitaria y la escasez de gasolina.
Betancourt subrayó que con una modalidad virtual se atienden con mayor rapidez los casos. El especialista recordó que, producto de la pandemia de coronavirus, empeoró el retador procesar y aumentaron las violaciones al debido proceso.
“El retardo procesal va a aumentar si no se aplican políticas urgentes para darle celeridad a los juicios y audiencias, y no se sigan vulnerando los derechos de los presos”, señaló Betancourt.
El coordinador del Foro Penal señaló que ya se emplea el formato digital, pero solo en juicios civiles y algunos relacionados con violencia familiar. En tal sentido, la activación de los procesos virtuales es necesaria en el sistema judicial para proteger los sectores vinculados en el área.
Reclusos de varias cárceles han denunciado que no son trasladados a los juzgados por la escasez de gasolina y las medidas de aislamiento. Por ende, se ha violado su debido proceso, dado que se debe llevar a cabo sin dilataciones indebidas o contradicciones.
Betancourt señaló al TSJ
El defensor de derechos humanos envió un mensaje al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y lo instó a tomar medidas para facilitar los procesos penales. Puntualizó que desde 2014 se registraron 15.600 detenciones arbitrarias, mientras que en Carabobo hay, al menos 28 presos políticos.
“Falta una política del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro que permita la virtualidad en este sistema, pareciera que no les importa; no les importa la justicia ni el sistema, ni la salud de sus funcionarios, de los jueces, secretarios, alguaciles, incluso de los imputados y abogados”, dijo durante una entrevista con Unión Radio.
Por otra parte, Betancourt exigió la liberación de los miembros de Azul Positivo detenidos por las fuerzas de seguridad. “Se busca la intimidación de las ONG para que no hagamos el trabajo que hacemos, pero esto no va a paralizar nuestro trabajo”, señaló.
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