Desde el 1 de diciembre, cuando comenzó el plazo, según lo acordado entre el gobierno y la oposición a través de la mesa de negociación, se conoce de, al menos, dos opositores que pidieron a la Sala Político Administrativa del TSJ la revisión de sus casos, el periodista Leocenis García y el exalcalde Daniel Ceballos.
Finaliza este viernes en Venezuela el plazo para que políticos soliciten al Supremo la revisión de las inhabilitaciones que les impiden competir por cargos públicos, entre ellos la exdiputada María Corina Machado, candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de 2024, en las que espera participar a pesar de esta medida.
Desde el 1 de diciembre, cuando comenzó el plazo, según lo acordado entre el gobierno y la oposición a través de la mesa de negociación, se conoce de, al menos, dos opositores que pidieron a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la revisión de sus casos, el periodista Leocenis García y el exalcalde Daniel Ceballos.
Sin embargo, desde entonces, las miradas están puestas sobre todo en Machado, convertida en la nueva líder de la oposición mayoritaria, luego de haber arrasado en las primarias de octubre, con unos 2,25 millones de votos a favor de su candidatura a la Presidencia, 92,35% del total.
Pero Machado, cuya inhabilitación, que data de 2015, fue extendida hasta 2030, ha insistido en que «no hay ningún acto» que pueda recurrirse porque «ni siquiera» ha sido notificada de esta medida.
Ayer, al ser consultada sobre si acudirá al Supremo este viernes, reiteró: «Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo».
El 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones.
El gobierno venezolano vio entonces «correcta» la fijación del mecanismo, mientras que la oposición reunida en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) recordó que la habilitación del actual gobernador del estado Zulia, el opositor Manuel Rosales, en 2017, sentó un precedente judicial a favor de Machado.
El anuncio se produjo a pocas horas de que venciera el plazo fijado por Estados Unidos para que Venezuela diera pasos hacia las habilitaciones y la liberación de «presos políticos», entre ellos estadounidenses, a cambio de mantener el alivio de varias de sus sanciones que entró en vigencia luego de la firma de un acuerdo electoral entre el chavismo y la oposición.
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