La compañía multinacional Smartmatic dedicada a la elaboración de equipos para la votación electrónica, acusó a las autoridades electorales del país por inflar la participación durante los comicios de 2017 y por amenazar a sus empleados para avalar los resultados manipulados.
La multinacional proveedora de sistemas de voto electrónico, Smartmatic, reclama unos 1.500 millones de dólares al régimen de Venezuela por “un fraude” en 2017 y la expropiación de activos, informó el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).
La demanda de arbitraje se produce por las votaciones del 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que tomó las atribuciones del Parlamento cuando estaba controlado por la oposición. La compañía Smartmatic, que suministró la tecnología para llevar a cabo esos comicios, acusó a las autoridades electorales venezolanas de “manipular” los resultados para inflar la participación en medio de alta abstención, un señalamiento que estas negaron.
“La multinacional británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte Smartmatic, ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela (…) en relación a un fraude electoral” y “activos expropiados a la empresa”, según una nota publicada por la web de la revista del CIAR, con base en Madrid.
Un directivo de Smartmatic dijo en agosto de 2017 que el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 8,1 millones de votantes, sobre 19,4 millones convocados, habría sido “manipulado”, provocando una variación que podría superar el millón de votos.
Nicolás Maduro, muestra una papeleta de votación
Fundada por venezolanos a finales de la década de 1990 y parte de SGO Corporation Limited desde 2014, la compañía denunció después la expropiación de activos que habrían sido utilizados por otra empresa proveedora de tecnología electoral en Venezuela desde entonces, la argentina ExCle.
En su petición de arbitraje, SGO sostiene que Venezuela emprendió una “campaña de persecución” contra esa compañía que incluyó “hostigamiento” y “amenazas” contra empleados para “forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos”.
Asegura, además, que hubo “retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales”.
Igualmente, la trasnacional destaca “la expropiación” de activos “tangibles e intangibles” de Smartmatic para “beneficiar a otra empresa extranjera”.
Smartmatic trabajó en elecciones en el país sudamericano entre 2004 y 2017.
Los cuestionamientos a las votaciones en Venezuela llegaron a su punto más álgido con el desconocimiento por parte de un sector de la oposición y más de medio centenar de países, entre estos Estados Unidos, de la reelección del chavista Nicolás Maduro en 2018.
Máquinas de votación de la empresa Smartmatic, en la sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela
SIN RENDIR CUENTAS
La ONG Súmate denunció la semana pasada que el Poder Electoral de Venezuela cumple tres meses de retraso en su obligación de presentar las cuentas de su gestión correspondiente a 2021, que debía exponer ante la Asamblea Nacional (AN/Parlamento) dentro de los 60 días posteriores al vencimiento del ejercicio anual, tal como establece la normativa.
“Este 31 de mayo, el actual directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumple tres meses de retraso con su obligación legal de presentar las cuentas de su gestión 2021, lapso que venció el 1 de marzo de 2022, según lo establecido en el artículo 16 de Ley Orgánica del Poder Electoral. No hay información en su web”, aseguró la ONG en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
El artículo 16 Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) establece que el CNE “dentro de los 60 días posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente”.
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