Venezuela, Estados Unidos y varios países de América Central son percibidos como cada vez más corruptos, según el informe anual de Transparencia Internacional (TI) y que detalla el impacto de este flagelo en los sistemas de salud en plena pandemia de coronavirus marcan la percepción de corrupción.
Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI recoge la opinión que diversos organismos e instituciones tienen del sector público de cada país, clasificando a las 180 naciones analizadas de 0 a 100, según su sistema sea más o menos corrupto.
Dinamarca (88), Nueva Zelanda (88) y Finlandia (85) son los países que salen mejor parados del estudio, un podio invariable desde 2012. En el lado contrario, Siria (14), Somalia (12) y Sudán del Sur (12) tienen los índices de corrupción más elevados. La media mundial de este ranking es 43.
En América Latina, Venezuela (15), Haití (18) y Nicaragua (22) la corrupción está más presente, mientras que Uruguay (71) y Chile (67) son desde 2012 los países menos corruptos de la región. Venezuela, quinto país con el sistema más corrupto del mundo, no deja de empeorar desde 2013.
TI centró su informe de 2020 en el impacto que la corrupción ha tenido en la gestión de la epidemia de coronavirus. Los países con niveles más altos de corrupción dedican menos recursos a la salud.
Venezuela perdió por la corrupción «al menos 5.000 millones de dólares en las últimas dos décadas, lo que afecta directamente a la salud de los venezolanos», dijo a la AFP Luciana Torchiaro, responsable regional de TI para América Latina.
La ONG pone el foco también en América Central. En Nicaragua (22), la percepción de la corrupción ha empeorado en siete puntos desde 2012 y es la tercera peor del continente americano.
También preocupa Honduras (24), donde la gestión de la epidemia reveló la existencia de contratos opacos en la compra de hospitales móviles y de precios inflados en equipamientos médicos.
Asimismo, Guatemala (25) es uno de los países que más han caído en la clasificación, ocho puntos desde 2012. Como afirma Luciana Torchiaro, la salida en 2019 de la misión de Naciones Unidas contra la Impunidad y la gestión opaca del gobierno durante la pandemia «son prácticas que afectan a la percepción que hay de la lucha contra la corrupción».
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