Un hombre de nacionalidad venezolana fue condenado a tres años de prisión por ayudar a más de un centenar de migrantes sudamericanos a entrar ilegalmente a Estados Unidos a cambio de dinero.
Según las autoridades de los Estados Unidos, se trata de César David Martínez González, de 40 años de edad.
Martínez-González entró ilegalmente a Estados Unidos. Luego, puso en marcha un plan y envió transferencias de dinero a migrantes en Sudamérica y a “coyotes” en México, quienes guiaron a los migrantes a través del Río Grande y a través de los huecos en el muro fronterizo entre Estados Unidos y México.
También proporcionó información a los migrantes para que la entregaran a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y así poder ser liberados —bajo palabra— en sus residencias. Martínez-González luego pagó los vuelos para traer a los migrantes a Filadelfia y, una vez allí, los transportó a casas en Chester, Pensilvania y sus alrededores.
En ese momento, Martínez-González y sus asociados imponían a los migrantes miles o decenas de miles de dólares en “deudas” que le debían, las cuales debían saldar trabajando largas jornadas en fábricas y otros lugares de trabajo y entregando la mitad de su salario semanal al acusado.
Martínez-González también les ayudaba a obtener documentos de identidad falsos y trabajo por hora a través de diversas agencias de empleo. Las deudas impuestas por el acusado superaban con creces el costo de trasladarlos a Chester y alojarlos allí.
¿Cuál era el plan?
Durante los dos años que el acusado operó su plan, indujo y ayudó a traer ilegalmente a más de 100 extranjeros a Estados Unidos, todo para su propio beneficio económico.
El acusado presionaba diariamente a los migrantes para que siguieran trabajando, durante las horas que pudieran conseguir de las agencias de empleo, para que pudieran seguir pagándole sus deudas. Mantenía un registro minucioso de las deudas que los migrantes le habían pagado y aún le debían, demostrando que, para él, el plan ilegal consistía en ganar dinero.
Su plan, constante y calculado, implicaba un abuso generalizado del sistema migratorio nacional, así como de los numerosos migrantes a los que indujo a venir a Estados Unidos. Además, se le concedió el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos en marzo de 2024, del cual se aprovechó para continuar con su plan después de que se le concediera el estatus para permanecer en el país.
“Cometió una ofensa atroz contra los ciudadanos de nuestro país, así como contra los inmigrantes ilegales que introdujo ilegalmente”, declaró el Fiscal Federal Metcalf.
“Nuestra oficina se propone combatir la inmigración ilegal en todas sus formas, incluyendo la persecución de quienes orquestan y facilitan esquemas que comprometen nuestra seguridad fronteriza y el estado de derecho.
En este caso, Martínez-González no solo traicionó a nuestro país tras ingresar ilegalmente y obtener estatus, sino que también impuso onerosas ‘deudas’ a inmigrantes ilegales y los obligó a trabajar largas y monótonas jornadas para pagarle. Mi oficina y nuestros socios continuarán persiguiendo a los traficantes de personas para su procesamiento. Explotan a sus víctimas y se burlan de nuestro sistema de inmigración legal”.
“Motivado por la avaricia personal, Martínez-González no solo introdujo personas de contrabando en Estados Unidos, sino que también continuó explotándolas para obtener ganancias”, declaró Wayne A. Jacobs.
“El FBI, en colaboración con HSI, la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social y la Fiscalía de los Estados Unidos, mantiene su compromiso de exigir responsabilidades a quienes participan en el tráfico y la explotación de personas”.
“Este caso pone de relieve el papel crucial que desempeña el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en el desmantelamiento de las redes de tráfico de personas que explotan a personas vulnerables para su propio beneficio. Martínez-González no solo violó las leyes de inmigración de nuestro país, sino que también se aprovechó de las esperanzas y los sueños de quienes buscaban una vida mejor, sumiéndolos en un ciclo de deudas y explotación”, declaró el agente especial a cargo de HSI Filadelfia, Edward V. Owens.
“HSI mantiene su compromiso de colaborar con nuestros socios para investigar y enjuiciar a quienes participan en estos actos reprensibles”.
“El Sr. Martínez-González ayudó a inmigrantes indocumentados a obtener documentos falsos para trabajar, obligándolos a pagar supuestas deudas de miles de dólares, pero en realidad, lo hizo para su propio beneficio”, declaró la Inspectora General Adjunta de Auditoría, Michelle L.
Anderson, quien desempeña las funciones de Inspector General. “Agradezco a nuestros aliados en las fuerzas del orden, el FBI y el HSI, por su labor en esta investigación, así como a la Fiscalía de los Estados Unidos por procesar el caso”.
El caso fue investigado por el FBI, HSI y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social y está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Sara A. Solow, Louis D. Lappen, Eileen Castilla Geiger y J. Andrew Jenemann.
Aparte de la condena, a Martínez González se le impuso una multa por la cantidad de 20.560 dólares.
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