Las víctimas denuncian un plan sitemático para robar propiedades y señalan a Iris Varela, la entonces Ministra Penitenciaria de Nicolás Maduro.
“Estábamos amenazados y nuestros hijos también. Soy uno de los desplazados de Yaguapita”, dice uno de los casi 200 desplazados de varias zonas del estado Miranda. Lo que las víctimas narran indica que fue un plan orquestado para quitarles las propiedades, después que un grupo de delincuentes, apoyados por presos, robaban el ganado, entrabas a las propiedades, a robar y a golpear a los finqueros.
Dos nombres son recurrentes en las denuncias: Iris Varela, entonces Ministra Penitenciaria, y el urólogo Vicente Dieguez Salinas.
Nadie sabe explicar por qué el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ingresa privados de libertad a las fincas desplazando a los pisatarios que llevaban décadas cultivando esas tierras. La cara visible y representante de Iris Varela fue el doctor Dieguez, a quien la entonces ministra nombró en varios proyectos: además de la relación estrecha entre ellos, está la instalación en comodato, en el piso 1 del Ministerio, de la clínica de Maribel Dieguez Salinas, hermana del mencionado urólogo.
La relación entre Varela y Dieguez habría surgido mientras el médico fue detenido y encarcelado por haberle encontrado en una clínica de su propiedad, medicamentos pertenecientes al Seguro Social.
Pero además el doctor Dieguez es a quien Provea señala, en un reciente informe, de haber operado, dentro de una carpa y cerca de un basurero en el estacionamiento del hospital de Fuerte Tiuna, al general en Jefe Raúl Isaías Baduel, quien nunca se recuperó plenamente y murió hace un año.
Cada historia de los desplazados de Yaguapita varía, pero hay coincidencia en señalar en que “aún no hemos recuperado la finca”. Destacan que de un momento a otro empezaron a suceder numerosos robos, saqueo de las parcelas, las amenazas de que les harían daño a los dueños de fincas y a sus hijos. “Fuimos a colocar la denuncia ante diversos organismos. En la Fiscalía nos dijeron que era mejor que nos fuéramos de las fincas, porque no había garantías, en lo que a seguridad se refiere”.
Lo insólito es que con el tiempo una anciana, víctima de esos robos y amenazas, identificó a uno de los autores entre los presos. “Empezamos a darnos cuenta que no fue una casualidad el aumento de la delincuencia en la zona, mucho menos la acción inocente de traer a los detenidos a nuestras parcelas. Parece un increíble complot que se montó contra nosotros para despojarnos de la tierra, que parara a manos de esos funcionarios, no se sabe con qué intención”.
La finca donde funcionaba Té Rutilo
La producción antes del desplazamiento era buena, según indican los parceleros. “Teníamos de todo; cerdo, gallinas, búfalos, yuca y había buenos proyectos para la ganadería. Los Molina sí tenían gran cantidad de ganado”.
Ante la pregunta de si antes de esa ola de robos, amenazas y saqueos hubo presiones para que salieran de las tierras, coinciden en señalar que “se escuchaba que había ladroncitos por ahí, que donde sabían que había una escopeta entraban y las quitaban, pero nunca hubo muertos ni amenazas”.
Los presos que llevaron a la zona para ocupar las fincas no cumplieron la condena que tenían; recibieron beneficios para que saliera en libertad.
Robos y amenazas
Uno de los afectados dijo: “Tuvimos que salir, porque amenazaban con matarnos y picarnos. Bajaban los transformadores de las fincas, porque cada parcela tenía su transformador propio. Además, empezaron a llevarse los cables. Fue evidente que la acción estaba muy bien coordinada, que nos llevó a hacer la denuncia y ahí empezaron las amenazas contra los hijos”.
“De los hechos que más afectó a quienes habitaban la zona está la desaparición del hijo de Yeison González; ese muchacho no ha aparecido. Algunos parceleros reconocen que no tienen más opción que ir a sus fincas, porque no tienen más opción”.
La excusa del Ministerio Penitenciario, que entonces estaba en manos de Iris Varela, es que había mucha delincuencia en la zona, por lo que ellos llevaron varios presos con el argumento de que sembrarían la tierra. “Los privados de libertad vinieron a robarse todo. Saquearon las fincas. El doctor Vicente Dieguez Salinas, así como funcionarios militares y policiales se quedaron con varias propiedades”.
Uno de los invasores vende objetos que robó de las fincas a través del Whatsapp, publicando fotos de lo que pertenecía a las parcelas. “En toda la zona hay más de 200 parcelas, porque está Yaguapita, El Desparramadero, La California, entre muchos otros”.
En una de las fincas funcionaba el laboratorio de productos naturales llamado Té Rutilo, cuyo dueño es Giovanni Rutilo y su esposa Gleidys, incluso ahí también llegó, en junio 2020, el doctor Dieguez con los presos uniformados, desde la cárcel El Rodeo, y con un funcionario José Antonio Ramos Sojo. En un sonido se oye decir a la ministra que ella había entendido que la esposa de Rutilo les había dado permiso para llevarse algunas cosas. De esa finca se llevaron incluso los equipos del laboratorio.
El invasor principal, el que organizó todo para que las fincas fueran ocupadas, vende de inmediato la parcela que ocupó a la hermana de la abogada que lo estaba defendiendo.
Uno de los invasores renuncia a su parcela y se la cede a la familia de la abogada que lo defiende
Ya fueron expropiados
En marzo de 2016, en el expediente Nr. MP-329828-2016, ante la Fiscalía Octava del estado Miranda y la Novena Nacional, 14 dueños de fincas denuncian que fueron desplazados del sector Zona Ganadera Yaguapita y Desparramaderos primera y segunda etapa, parroquia Caucagua, municipio Acevedo, estado Miranda. Indican que las acciones en su contra las han tomado funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) y Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conjuntamente con bandas comunes.
Varios de los afectados le dijeron a Infobae que el 30 de mayo 2020 funcionarios policiales y militares, presentándose como representantes de la entonces Ministra Penitenciaría María Iris Varela Rangel, se reunieron con invasores de varias comunidades y les dijeron a los nueve productores que quedaban en la zona que todas las tierras de los desplazados quedaban firmemente expropiadas. “Serán ocupadas por comisarios y funcionarios, por orden de la ministra Iris Varela”.
En un audio se oye al doctor Dieguez Salinas confirmar que trabaja para el Ministerio Penitenciario, lo que revela su relación con Iris Varela, la función que desempeñaba llevando presos para las fincas. “Quisiera reunirme con usted para devolverle su propiedad”, destaca el urólogo, quien más adelante afirma: “La persona que yo dejé encargada realmente me dieron una información que no es la acertada”.
José Antonio Ramos alias Barranco, quien invadió fincas en la zona, se identifica como funcionario del Servicio Penitenciario pero aparece en el Seguro Social como parte de la empresa de la hermana del doctor Dieguez.
José Antonio Ramos Barrancos con custodios y guardas del servicio penitenciario
Ese día los funcionarios dijeron que supuestamente llevarían presos de las cárceles para limpiar las parcelas. “En realidad lo asumimos más como amenaza que creyendo que fuera a ser cierto”. Vecinos de la zona dudaron de la traída de los privados de libertad porque se estaban llevando a cabo actuaciones de tipo judicial, a la par que se ejecutaban ocupaciones con apropiación de bienhechurías.
En febrero de 2019 el Fiscal Nelson Antonio Requena Márquez recibió denuncia de lo que estaba ocurriendo, pero tres años después, no hay conclusión del caso que afecta a gran cantidad de productores.
Uno de los productores reveló: “Lo que cayó sobre las tierras del municipio fue una mafia. Ahí se agarraron sujetos infraganti, con 10 o 15 reses que eran propiedad de los desplazados; se entregaban a la policía y al día siguiente ya estaban libres. Y cuando uno reclamaba le respondían que llamó el general tal y hubo que soltarlo”.
Los finqueros fueron detectando que no solo era la ahora diputada Iris Varela y el doctor Dieguez, también había militares; funcionarios del Instituto nacional de Tierras (INTI); además de integrantes de la estructura del PSUV, Ubch, consejos comunales.
ris Varela recibió a algunos parceleros en su oficina y corroboró que Dieguez Salinas era el comisionado de la Comisión de Agricultura, a la vez que tildó de equivocación la toma de unas fincas, pero insistiendo en que había mucha finca abandonada, cuando en realidad sus dueños fueron desplazados.
A un privado de libertad apodado El Caimán lo dejaron cuidando la finca El Roble, que le cambiaron el nombre a Thor, que ocupó el doctor Dieguez Salinas. “Ahora entiendo por qué el día que murió el general Baduel, sacaron los animales y todo de esa finca”, le dijo a Infobae uno de los finqueros de la zona.
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