El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) será sometido a un cambio de administración, ya que será adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, tras haber dependido de la Vicepresidencia de la República desde hace nueve años.
La información se dio a conocer mediante la Gaceta Oficial N° 42.116, en la cual quedó establecido que la cartera ministerial tendrá capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera sobre el cuerpo de seguridad nacional.
Este cambio otorga nuevamente el control del Sebin al Ministerio de Relaciones Interiores, pues originalmente, desde la creación de la Dirección General de Policía (Digepol) en 1958, reemplazada por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) en 1969, hasta la fundación del Sebin en 2010, el cuerpo bajo estos tres distintos nombres había permanecido adscrito al ministerio.
La medida coincide con el envío de un nuevo informe del Ministerio Público (MP) a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el que se pretende responder a distintos requerimientos solicitados por el organismo internacional al gobierno chavista.
En diciembre de 2020, la CPI afirmó que existía una base razonable para iniciar «creer que en Venezuela se cometieron crímenes que competen a la Corte», tras una evaluación que fue abierta en febrero de 2018 a raíz de la ola de represión sufrida por los manifestantes en las protestas antigubernamentales de 2017.
Este cambio de dependencias podría intentar burlar responsabilidades del Ejecutivo ante la CPI, debido a las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el Sebin, con especial énfasis en la muerte del concejal Fernando Albán mientras se encontraba bajo custodio del cuerpo policial en octubre de 2018.
Sebin bajo la lupa
El Gobierno ha intentado cambiar la narrativa sobre estos hechos. El Fiscal General impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, realizó una rueda de prensa el pasado 1 de mayo, en el que actualizó la información sobre los casos de las muertes de Albán y el estudiante Juan Pablo Pernalete.
Con respecto a Albán, el fiscal reconoció, tres años después de su muerte, que fue asesinado por dos funcionarios del Sebin, por lo que fueron imputados por homicidio culposo.
“El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin que lo custodiaban por los delitos de homicidio culposo. Además, por quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido”, dijo Saab.
También rectificó sobre la muerte de Pernalete. El entonces ministro de comunicación, Ernesto Villegas, había afirmado que el joven había muerto por acción de una pistola de perno, mientras que ahora Saab confirma que el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho fue lo que produjo su deceso.
“En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, detalló el fiscal.
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