La seguridad de las personas en el mar es plena responsabilidad del Estado y existe una ausencia del deber de ambos estados de patrullar la zona que les corresponde y de garantizar la seguridad allí, declaró la abogada de derechos humanos, Rocío san Miguel.
También afirmó que hay una responsabilidad del estado trinitario de cumplir la convención internacional de los derechos de los refugiados que establece la prohibición de devolución de inmigrantes.
«Se debe realizar una investigación sin amedrentamiento a los familiares, a la colectividad de Güiria y contra periodistas y defensores de los derechos humanos», expresó san Miguel.
La presidenta de la ONG de Control Ciudadano recalcó en la entrevista de Alta Temperatura con el periodista Marco Ruiz, que el estado está fallando en el deber de investigar imparcialmente los hechos. «Hay piratas y tráfico en la zona, pero hay una verdad que se quiere tapar y es que las personas están huyendo del país», aclaró San Miguel.
«Cuando se establecen rutas claras y a largas distancia de tráficos internacionales, con toda seguridad están involucrados funcionarios del estado», mencionó San Miguel.
Finalizó la entrevista comentando que el crecimiento de la economía ilegal en Venezuela está vincula con el tráfico de combustible, de alimentos, de personas y de drogas que está creciendo exponencialmente en el país.
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