Samer Al Hasanieh estaba fumando en una acera cuando se topó con los funcionarios de Migración Colombia. De inmediato, arrojó su cigarro al piso, mostró sus documentos de identidad —como se lo pidieron— se bajó la mascarilla roja que portaba para confirmar la imagen de fotografía y respondió en perfecto español que era un sirio con cédula venezolana «legal». Segundos después quedó detenido.
Sus movilizaciones constantes entre los municipios de Madrid, Funza y Mosquera, cercanos al aeropuerto internacional de El Dorado, delataron sus labores de espionaje. No era comerciante como señalaba su documento venezolano, así aseguró el Grupo de Articulación Operacional de Policía Judicial de Migración Colombia, la Regional Andina e inteligencia de la Fuerza Aérea (FAC) que lo monitorearon a través de la operación «Filipinas».
Al Hasanieh titubeó en el cara a cara con los uniformados y guardó su cartera en sus jeans, así quedó grabado en el video del procedimiento del hombre de 38 años divulgado en redes sociales.
Ingreso irregular
El hombre que se declaró «árabe» cruzó la frontera desde Venezuela, en donde al parecer reside como extranjero, de forma irregular, para adelantar actividades que afectarían «el orden, la tranquilidad y la seguridad ciudadana”, según Primer Informe.
De su estadía transciende que «frecuentaba de manera constante perímetros de Unidades Militares con el fin obtener información de su interés” por ello se le considera “una especie de recolector de información” que buscaba conseguir datos sobre los funcionarios estadounidenses que se encontraran las bases de esos los municipios.
Incluso, las autoridades evalúan que Al Hasanieh se encontrara en el país con objetivos adicionales, entre ellos, la instalación de actividades ilícitas que le permitieran proveer financiamiento a grupos terroristas tras sospechar que forma parte de una posible red que expide cédulas y pasaportes venezolanos a personas provenientes de Siria, Irán y Turquía.
Más capturas
La captura del sirio con una cédula venezolana expedida en 2014 y vencida desde 2019 se ejecuta a un año de que las autoridades de Colombia expulsaran también a un presunto militar venezolano que se hizo pasar como desertor del gobierno de Nicolás Maduro para radicarse en el país y espiar al ejército, según la agencia AFP.
Gerardo Rojas Castillo salió «de manera discrecional por la autoridad migratoria», reveló en un informe del ejército donde se le atribuyen «actividades no autorizadas que pondrían poner en riesgo la seguridad nacional» en la zona de Valledupar, en el departamento del Cesar, con la región de La Guajira, fronteriza con Venezuela.
Él —acreditado como sargento segundo— no podrá, como tampoco Al Hasanieh, volver el diez años después de fingir ser el propietario de un puesto de venta de jugos al frente de una instalación del ejército desde donde monitoreaba los «movimientos externos». La resolución contra Al Hasanieh se difundió en Twitter.@MigracionCol expulsó del país a ciudadano sirio que se encontraba en permanecía irregular.
Chavismo infiltrado
Maduro infiltra al chavismo en Colombia. En septiembre del año pasado, un informe de Inteligencia militar y Migración Colombia registró la ubicación y expulsión de 20 de sus miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebín).
“Atentar contra opositores, espiar o realizar acciones de desestabilización” eran sus fines en suelo vecino, publicó El Tiempo. Desde la ofensiva, Colombia avanza en la posibilidad de cambiar la expulsión por judicialización. Sin embargo, al no haber una decisión al respecto todavía, el régimen aprovecha el escenario.
Migración Colombia validó que 29 venezolanos vinculados al Sebín tramitaron y obtuvieron la llamada tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) que Colombia habilitó para que venezolanos residentes en el país vecino tuvieran libre movilidad por las zonas de frontera. Sus nombres se cruzaron con documentos oficiales de ese organismo que señalan jerarquía, cédula y estatus de todos sus miembros activos.
Aunque inicialmente se consideraron casos aislados, luego se comprobó que formaba parte de un modus operandi “por el carácter de los cargos que ostentan y la ubicación estratégica de la base de inteligencia territorial de San Cristóbal-estado de Táchira, a la que pertenecía, se asevera que su trabajo está orientado a infiltrar organismos de inteligencia, autoridades militares y policiales en Colombia con el fin de obtener información privilegiada del Gobierno Nacional y el sector defensa”, se lee en el documento, con el rótulo de confidencial que divulga el medio colombiano.
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