Todos los casos relacionados tienen como factores en común que el metal precioso es extraído de minas ubicadas en el estado Bolívar. Desde allí es llevado por aire o por mar hasta Curazao, donde se define el destino en el que será vendido, a menudo valiéndose de documentos que ocultan el verdadero origen de los cargamentos.
De acuerdo con una declaración del agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) William Donaldson, los contrabandistas no reconocen que el oro viene de Venezuela, pues de esa forma eluden una Orden Ejecutiva emitida en noviembre de 2018 por el entonces presidente Donald Trump, que prohibía expresamente cualquier negociación con este mineral, si procede del país gobernado por Nicolás Maduro.
El agente Donaldson emitió esta declaración para sustentar una acusación por blanqueo de capitales contra Jesús Gabriel Rodríguez JR, quien fungió hasta este año como presidente de Transvalue INC, una empresa dedicada al transporte de valores en Florida.
La investigación contra Rodríguez JR y Transvalue está conectada con otra pesquisa sobre las actividades de la empresa NTR, que refinaba en suelo estadounidense el oro sacado de Venezuela, a sabiendas de que se trataba de un contrabando. NTR es una firma registrada en Texas, pero tiene oficinas en Doral, donde también están las oficinas de Transvalue, de acuerdo con los registros de corporaciones de Florida
Varias agencias contribuyeron a levantar la información que dio pie a ambos juicios. Según lo afirmado por el agente del FBI, NTR importó miles de kilos de oro venezolano entre marzo de 2015 y septiembre de 2016, por un valor total de 141 millones de dólares. Pero, si se remontan hasta 2013, el valor de lo manejado sería 3,6 millardos de dólares.
“En cada oportunidad, el mismo oro era reportado ante Aduanas como si hubiese salido de Curazao, y días después era reportado como que salió de las Islas Caimán”, explicó.
El oro adquirido por NTR en Curazao era movido por los camiones de Transvalue desde el aeropuerto internacional de Miami hasta una compañía que participaba en el esquema, y de allí de vuelta al terminal aéreo, donde sería embarcado hasta las Islas Caimán para llevar a cabo una triangulación. El oro terminaba en EEUU, y NTR hacía cuantiosas transferencias a los que participaban en toda la cadena de suministro, desde las minas en el estado Bolívar.
En un primer juicio, sentenciado en 2017, los representantes de NTR reconocieron culpabilidad en cuanto a la inexistencia de mecanismos para prevenir el lavado de dinero, y acordaron el pago de una multa por 15 millones de dólares, además de ofrecer plena cooperación en las averiguaciones que vendrían posteriormente.
Topos en la refinería
El FBI reclutó a tres informantes confidenciales (topos) en la empresa de refinación. Uno de ellos afirmó que una compañía no identificada aún proveía oro desde las Islas Caimán, procedente de Curazao.
“Sin embargo, como Curazao no tiene minas, los co-conspiradores entendían que el oro probablemente era llevado a Curazao desde Venezuela. De hecho, por esta razón -la probabilidad de que el oro fuese extraído y contrabandeado ilegalmente desde Venezuela- NTR no aceptaría oro cuyos registros indicaran que salió de Curazao”, explicó Donaldson.
Un testimonio de otro informante daba cuenta de conversaciones telefónicas en las que los ejecutivos de NTR comentaban que el oro negociado en Curazao a menudo tenía olor a combustible, “sugiriendo que había sido guardado en un tanque de gasolina y llevado a Curazao en una embarcación”.
Pero las redes curazoleñas también se tomaban la molestia de ocultar el origen del oro. En junio, el Tribunal Supremo neerlandés ratificó las sentencias emitidas en 2020 en contra de dos individuos acusados de lavado de dinero procedente del contrabando y posterior venta de 1,2 toneladas de oro.
Los jueces llegaron a la convicción de que los curazoleños conocían cabalmente el origen del metal, y sin embargo presentaban ante las autoridades documentos que indicaban que había surgido de minas en Colombia.
Según la sentencia, para ocultar el origen ilegal de los fondos generados por esta actividad, fueron usados diversos intermediarios “turbios”.
“Una gran parte de las ganancias de las ventas se transfirió a seis corredores de dinero panameños con cuentas bancarias en los Estados Unidos, después de lo cual no se pudo rastrear el flujo adicional del dinero”, indica el documento.
En el caso de Curazao, también existe una prohibición de comerciar oro venezolano, emitida mediante un “reglamento ministerial” con fecha 21 de junio de 2019.
En la instrucción de este expediente, fueron interrogados venezolanos que se dedicaban al transporte de oro hacia las islas del Caribe Neerlandés. Uno de ellos precisó que venía directamente de las minas venezolanas, o “fue derretido por joyeros”.
“No conozco empresas que brinden abiertamente un transporte valioso desde Venezuela a Curazao. Si podemos evitar informar a la aduana sobre el envío de oro, lo haremos. En Venezuela, el 25% de los delitos son cometidos por la policía (…) Si la aduana nota que tienes oro contigo, tienes que pagar un soborno. Tienes que pagar sobornos para no tener que pagar derechos de exportación. Si lo haces de la manera correcta, tendrás que pagar los derechos de exportación y los sobornos. Si lo haces de la manera incorrecta, solo pagas el soborno, o nada en absoluto, si no te atrapan”, dijo.
En este caso, los cargamentos de oro también eran llevados en botes hasta Aruba o Curazao. De allí, era exportado en jets a Amberes, con documentación forjada.
NotiVeraz