Señalemos de entrada que el gobierno madurista ha sobrepasado negativamente cualquier experiencia histórica relativa al tratamiento de los sueldos y salarios de los trabajadores, jubilados y pensionados de Venezuela.
Se han extralimitado más allá incluso de los añejos argumentos de los programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional, FMI, que en los años 80 y 90 del siglo pasado, al ordenar reiteradamente la reducción del gasto público, suponía una contención de aumentos salariales en términos reales.
El intento de cancelar el bono vacacional de los trabajadores de la educación en agosto de este año, con una disminución superior al 65%, no tiene precedentes. Literalmente esta acción administrativa, amparada en el famoso instructivo de una dependencia del Ministerio de Finanzas, Onapre, confiscaba derechos adquiridos en la contratación colectiva en relación al salario. No aumentaban salarios, robaban salarios.
La única explicación posible para que el autollamado «gobierno obrero» se atreviera a tanto, radicaba en la certeza de una información de una agencia de noticias internacional, según la cual dos asesores-economistas ecuatorianos, recomendaban urgentemente una contención de gasto público para desacelerar la inflación y la devaluación del tipo de cambio.
Obviamente los hacedores de este desafuero social tenían en su cabeza dos números, el índice de precios y el del tipo de cambio, el del salario real de los trabajadores y su capacidad de compra, les importaba nada.
Lamentablemente, y a pesar de las luchas de los trabajadores activos y los jubilados, el gobierno del señor Maduro no se detiene en la estrategia de colocar el peso de sus decisiones fiscales y monetarias contractivas sobre los hombros del mundo del trabajo. Este era el peligro que se advertía siempre en la estrategia neoliberal. Esta cruz la supera, es de mayor calado.
Que el gobierno decida cancelar la bonificación de fin de año, nuestro aguinaldo, en cuatro partes, es una arbitrariedad, un abuso de poder protegido en la ausencia de estado de derecho. Su instrumentación esconde un fraude a los trabajadores.
Un pago fraccionado como el diseñado podría aceptarse en un contexto de muy baja inflación y de estabilidad macroeconómica. No es el caso venezolano, debemos terminar la inflación en torno a 200% en 2022. Los precios relativos de la economía han colapsado dramáticamente. La crisis económica no se detiene.
Al cancelar el aguinaldo en cuatro partes, no solo mantienen la estrategia de contención de gasto ya comentada, sino que, lo más grave, ello significará que los trabajadores de la administración pública, activos y jubilados, perderemos, en términos reales, un 12% de la bonificación de fin de año. La inflación de octubre, noviembre y diciembre, lo determinará. En otras palabras, con el aguinaldo cancelado en cuatro partes, adquiriremos 12% menos en bienes y servicios que con su pago único.
Al intentar fallidamente contener la inflación atropellando el salario de los trabajadores refuerzan la crisis sistémica venezolana. Golpean dos veces al mundo del trabajo. De una, con una estrategia fiscal con efecto restrictivo sobre la demanda agregada e incremento del desempleo, de la otra, con inflación incontrolable que reducen los sueldos y salarios en términos reales, de enero a agosto de 2022, se estima una reducción del 42%; esto es, la imposibilidad de los trabajadores y sus familias de atender las necesidades básicas de alimentación, y en general, de una vida digna.
A los trabajadores de Venezuela les queda el camino de la protesta cívica, pacífica y constitucional para defender su derecho a un salario digno, restablecimiento de la convención colectiva y la sindicalización libre, enfrentando a un gobierno en extremo charlatán que esta de espaldas al sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo.
Lucha para reclamar que informen a la nación a que dedican el gasto y cuanto se gasta. Ya tenemos seis años de absoluto desconocimiento de las cuentas presupuestarias del gobierno de Maduro. Lucha para plantear la indexación del salario– medida transitoria y de coyuntura inflacionaria alta- para proteger su poder adquisitivo. Lucha para refrescar la esperanza de destinos superiores a este tiempo ignominioso.
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