Rocío San Miguel, abogada venezolana especialista en temas de seguridad, defensa de la nación y derechos humanos, lleva 20 días –equivalentes a 480 horas- encarcelada y despojada de sus derechos en Venezuela desde que fue detenida, junto a su hija Miranda, por funcionarios militares en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Caracas, cuando se disponía a viajar, el viernes 9 de febrero en horas de la madrugada.
Durante su reclusión en calabozos del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), en la cárcel conocida como el Helicoide, tiempo en el cual estuvo en situación de “desaparición forzada” según denuncias, San Miguel pudo recibir solo una vez la visita de su hija, en libertad condicional, a 10 días de ser apresada en forma irregular, pero no se le ha permitido, que se sepa, ninguna otra visita de familiares ni abogados de confianza.
Protestan en Caracas por la libertad de Rocío San Miguel
Y solo una vez, el 12 de febrero, la abogada ha sido trasladada al tribunal segundo de Control con competencia en Terrorismo, donde fue imputada por la fiscalía [al servicio del régimen] en la audiencia de presentación tardía, por una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro.
Pero en ningún caso, hasta la fecha, se le ha respetado el derecho a la defensa que le permitiría responder y desvirtuar los cargos a través de un equipo de defensa designado por ella, señalan sus abogados.
Los dos traslados al tribunal previstos hasta la fecha para que San Miguel nombre su defensa técnica -el último este 27 de febrero-, fueron suspendidos por el SEBIN sin que el equipo de defensa técnica conozca la razón.
La abogada dispone solamente de defensores públicos nombrados por el juzgado, que no impugnaron los cargos en los lapsos legales del proceso penal, lo que propicia que siga privada de libertad.
La presa política y ficha de Maduro
En medio de la ola de detenciones arbitrarias a activistas y opositores a Nicolás Maduro, que crece desde 2014, Rocío San Miguel no es una presa política más. Se le considera la más importante del régimen.
“Es una presa política, indudablemente, perseguida no por hacer nada en particular, sino por ser directora de Control Ciudadano y denunciar desde allí situaciones irregulares que involucran a la Fuerza Armada Nacional”, afirmó el abogado Joel García, del equipo de defensa.
Desde la ONG, que promueve la contraloría ciudadana sobre temas de seguridad y defensa nacional, según el texto de presentación, San Miguel cuestionaba expulsiones, degradaciones ilegales de militares y temas relacionados con las fronteras y su protección que competen al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
La condición de “presa política de peso”, según García, la ratifican las manifestaciones de protesta y expresiones de solidaridad a escala nacional e internacional.
San Miguel representa, en medio de 19 mujeres presas por motivos políticos según el cómputo del Foro Penal, “una ficha que puede ser usada como otros presos para negociaciones del régimen”, apuntó.
Tal vez por eso se sospecha que la experta en el tema militar es víctima de arbitrariedades, tratos crueles y sobre todo del empeño de no permitirle defenderse desde que comenzó el proceso penal.
Absoluta indefensión
Rocío San Miguel fue llevada desde el SEBIN al juzgado para la audiencia de presentación, cuatro días después de su detención y no a las 12 horas como indica la ley. Fue imputada por delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, en la supuesta trama “brazalete blanco”, según dijo el fiscal Tarek William Saab, en su cuenta de X.
Ese día también fue imputado Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, acusado de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación, tras ser detenido y vinculado a la trama, junto con la hija Mariana, el padre de esta y dos hermanos que quedaron en libertad condicional.
Pero el fiscal Saab no informó ni el sitio de reclusión ni el estado físico de San Miguel, lo que configuró la “desaparición forzada”, tras 100 horas incomunicada, advirtieron los abogados, quienes destacaron además el grave estado de indefensión de la abogada.
“El derecho a la defensa es lo mínimo que se le puede brindar a una persona que ha sido señalada como autora o partícipe de un hecho criminal para que pueda defenderse de los señalamientos que el Estado venezolano hace, a través del Ministerio Público”, declaró Joel García, del equipo que asiste a San Miguel.
Incomunicada
Juan González Taguaruco, otro de los abogados de san Miguel, explicó las irregularidades en este caso al cual añade la incomunicación. “Cuando una persona es detenida, tiene derecho al momento de comunicarse con sus familiares y abogados, lo que ha sido vulnerado”.
Destacó también que el retraso en el nombramiento de la defensa técnica y que no se haya podido impugnar la decisión judicial “es una violación grave al derecho a la defensa” y, además, restringe la posibilidad de que los abogados requieran en los lapsos legales las diligencias de investigación en el Ministerio Público “para desvirtuar las imputaciones absurdas” en este caso.
Aunque son defectos propios del sistema de justicia venezolano, lo que se procura es que “San Miguel quede indefensa”, que se llegue sin argumentos a la fase intermedia preliminar del proceso y que más adelante no haya pruebas que evacuar. “La persona así queda desprotegida; ese es el sistema que está operando en Venezuela”, explicó el abogado.
Irregularidades
Frente a estas violaciones, el fiscal Saab permanece en silencio, a pesar de que debe vigilar el cumplimiento legal de todos los procesos.
Hace 10 días, el funcionario se refirió al caso para señalar públicamente a Rocío San Miguel de ser una “espía” y de compartir información “reservada” con diplomáticos. Lo hizo luego de que funcionarios de la DIGECIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) allanaron la residencia de la abogada, en el este de Caracas, y encontraron antiguos mapas entre otros elementos de trabajo.
San Miguel, quien fue consultora jurídica de la Comisión Nacional de Fronteras durante ocho años (1996-2004), fue profesora de amplia experiencia de la cátedra de Seguridad y Defensa de la Nación en la Fuerza Armada Nacional.
“Esos mapas que fueron encontrados en casa de San Miguel obedecen a que ella, en el siglo pasado, fue profesora de la Escuela Superior de Guerra Naval, de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de la Guardia Nacional “, dijo García al cuestionar aquellos señalamientos.
Mientras, el equipo de abogados aguarda que el tribunal de Terrorismo ordene por tercera vez el traslado y puedan constituirse finalmente en defensores de la abogada.
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