El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes una imputación formal contra 10 personas, una de las cuales ya ha sido capturada, acusadas de conspirar en un plan para evadir las sanciones estadounidenses impuestas a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Según la acusación, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, después de conocer las sanciones impuestas a PDVSA, los imputados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones, incluidos motores Honeywell Turbofan, de Estados Unidos para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA en violación de las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos.
Para llevar a cabo este esquema, los demandados ocultaron a empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y PDVSA exportándolos a terceros en otros países, entre ellos Novax Group SA (Novax), una empresa costarricense, y Aerofalcon SL (Aerofalcon). , una empresa española.
El Departamento de Comercio añadió Novax y Aerofalcon a su lista de entidades en noviembre de 2023.
Según documentos judiciales, los acusados incluyen a cuatro personas asociadas con PDVSA: Gilberto Ramón Araujo Prieto, 54 años, gerente de transporte aéreo de PDVSA y coronel del ejército venezolano; Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62 años, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52 años, ambos gerentes de transporte aéreo de PDVSA y analistas logísticos responsables de adquisiciones; y George Clemente Semerene Quintero, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento de PDVSA, de 60 años, fue arrestado el 19 de abril de 2024, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.
Además fueron imputadas cuatro personas asociadas con Novax: Luis Alberto Duque Carvajal, 63 años, de San José, Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, 39 años, director de operaciones de Novax; Mikhail Largin, 60 años, director de proyectos especiales de Novax; y Pedro Elías Sucre Salazar, de 58 años, empleado de Novax ubicado en Venezuela.
También están imputadas dos personas asociadas a Aerofalcón: Juan Carlos González Pérez, 60 años, propietario de Aerofalcón; y Juan David Guerra Viera, 54 años, director de Aerofalcón.
Los imputados están acusados de conspirar para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) y, de ser declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión.
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados además de presentar información de exportación falsa o engañosa y de contrabando de mercancías, lo que conlleva penas máximas de cinco y 10 años de prisión, respectivamente.
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