En los últimos años, la discrecionalidad, opacidad, falta de rendición de cuentas y de controles efectivos, así como el diseño de políticas que propiciaron el conflicto de intereses y la dispersión de competencias, alimentaron los más pasmosos casos de corrupción y la destrcción de la industria que sustenta la economía de Venezuela.
Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o en alguna de sus filiales, que se traducen en irregularidades que comprometieron más de USD 42.000.000.000 del patimonio público venezolano. El inventario realizado incluye las investigaciones efectuadas por órganos de control, parlamentos, policías de investigación, fiscalías o tribunales en 16 países, incluido Venezuela.
En los casos llevados por la justicia u órganos de investigación internacional, se señalan 217 personas, de las cuáles solo de 24 se conoce que el Ministerio Público venezolano iniciara alguna investigación. Sin embargo, el Ministerio Público venezolano inició investigación en contra de otras 200 personas, no mencionadas en la justicia internacional (en su gran mayoría cargos medios y bajos), algunas de las cuales han sido catalogadas de presos políticos por la organización Foro Penal.
Las 24 personas que son investigadas tanto en la justicia nacional como en la justicia internacional, por el manejo irregular de miles de millones de dólares, se relacionan, en buena parte, con Rafael Ramírez, quien estuvo más de una década al frente de Pdvsa y el Ministerio de Petróleo y hoy es disiden- te del gobierno de Maduro. Los nombres de esas personas, además de Ramírez, son: Abraham José Shiera Bastidas, Antonella Pernalete, Carlos Enrique Urbano Fermín, Denis Teresa Rodríguez De Luongo, Diego José Salazar Carreño, Eduardo José Villegas Carrillo, Estíbaliz Basoa de Rodrí- guez, Eudomario Carruyo Rondón, Eulogio Antonio del Pino Reyes, Favio González Ciavaldini, Fidel Ramírez Carreño, Hercilio José Rivas, Humberto Simonpietri Luongo, Javier Alvarado Ochoa, Jesús Alberto Cadenas Bastardo, José Gregorio Cabello, José Ramón Sánchez Rodríguez, Leonardo Díaz Paruta, Luis Carlos De León Pérez, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Roberto Enrique Rincón Fernández y Rosycela Díaz Gil.
Sobre el estatus de las investigaciones de esas 24 personas, no es posible obtener información actualizada. Tampoco se conoce de la existencia de alguna condena. Sin embargo, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela establecida por Naciones Unidas dio detalles de algunas investigaciones en el informe publicado en septiembre de 2021. Entre ellas destaca el caso de Diego Salazar Carreño 25.
La Misión señaló que Salazar fue detenido el 1 de diciembre de 2017 por orden del Tribunal Sexto de Control de Caracas. El 20 de enero de 2019, el Ministerio Público presentó la acusación por los delitos de corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación para delinquir, con referencia a más de 200 elementos de convicción. La Audiencia preliminar fue diferida, al menos 22 veces. A petición de la fiscalía, el expediente se mantuvo bajo reserva hasta enero de 2018 y no pudo ser revisado por la defensa. La Misión agregó que, al momento de redactar su informe, el acusado llevaba más de tres años y medio en prisión preventiva en el centro conocido como La Tumba en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mucho más allá del límite legal de dos años, y a pesar de la solicitud de revisión de las medidas presentada por la defensa.
Por lo menos 17 casos de los 127 registrados hasta ahora, involucran un monto superior a USD 1.000 millones del dinero público venezolano. Cinco de esos casos son investigados en Estados Unidos y comprometen altos funcionarios púbicos y empresarios que aún se mantienen apoyando al gobierno venezolano. En esos casos destacan los préstamos fraudulentos para obtener divisas a tasa preferencial, que llegan a alcanzar hasta los USD 4.500 millones y las contrataciones con sobreprecio de Bariven. Solo en Estados Unidos se conoce de 30 sentencias por esos casos de corrupción vinculados a la industria.
En cuanto a las tramas de corrupción, los órganos de investigación develaron presuntas transgresio- nes a la Ley de Contrataciones Públicas en más de la mitad de los casos. Entre esas violaciones se encuentran: evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionarios con contratistas, adjudicación de contratos a empresas no calificadas ni técnica ni financieramente (empresas fantasmas o de fachada), adjudicación de contra- tos a compañías cuyas ofertas no representaban ventaja económica, adquisición de compromisos sin disponibilidad presupuestaria, incumplimiento de contratos, ausencia de fianzas, ausencia de documentos o expedientes y sobreprecios.
En varios casos de presunta gran corrupción con dinero público de Pdvsa, se recurrió a la adjudicación directa amparados en convenios bilaterales. Entre esos casos destaca las contrataciones a empresas argentinas y uruguayas. En Argentina, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitió en abril de 2019, un informe que contiene presun- tas irregularidades (sobreprecio, posibles pagos duplicados, ausencia de facturas, entre otros) en el manejo del Fideicomiso de Pdvsa a través del cual se contrató y pagó a las empresas argentinas que exportaron alimentos y medicinas a Venezuela. En Uruguay, el Parlamento Nacional, inició en 2016 una investigación en la que destacó el vínculo notorio de personas y empresas, con sectores políticos integrados por altas jerarquías de gobierno, a quienes se les concedió una posición preferente, para realizar negocios con Venezuela.
Otros casos, por los menos 25, se vincularon con el delito de peculado dentro de la industria. También se han registrado casos en los que se evidencia que funcionarios o empresarios vinculados con Pdvsa presuntamente incurrieron en delitos de tipo cambiario, obstrucción a la libertad de comercio, contrabando, extorsión, alteración o uso ilegal de los sistemas de información, tráfico ilícito de material estratégico e incluso tráfico de drogas en vehículos propiedad de Pdvsa
