Las privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), ubicado en Los Teques (Miranda), fueron consultadas sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal. La jornada fue dirigida por el fiscal general, Larry Davoe, secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, instancia creada mediante el decreto 5.332 firmado por la presidenta Delcy Rodríguez y publicado en la Gaceta Oficial N° 43.361 del 23 de abril pasado.
El fiscal general recorrió las distintas áreas del Inof, acompañado de un equipo técnico que escuchó de manera directa a las privadas de libertad y a sus familiares, “con el fin de consolidar un diagnóstico compartido sobre el funcionamiento de la justicia en el país”, dice un reporte publicado en la cuenta Instagram del Ministerio Público. “Con esta actividad, el despliegue alcanza una cobertura de 8 estados visitados, contabilizando más de 18 encuentros y 140 mesas de trabajo conjunto con diversos sectores”, indicó Devoe.
El titular del Ministerio Público explicó que la consulta busca trazar “una hoja de ruta común a partir de los aportes de todos los actores involucrados, orientada a corregir fallas, agilizar procesos y consolidar un modelo penal más humano, justo y eficiente”.
Mientras las reclusas eran consultadas, las autoridades recorrieron la Casa Hogar San Miguel Arcángel, las aulas de talleres formativos, las áreas de producción textil, una muestra cultural y las canchas deportivas donde las reclusas practicaban rugby.
En esa jornada también participaron el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; el diputado Jorge Arreaza; la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato; el defensor público general, Daniel Ramírez; la presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Carmen Marisela Castro Gilly y la presidenta de Fundalatin, María Eugenia Russian, entre otros.
En otro hecho, representantes del Ministerio Penitenciario llevaron a cabo la aplicación del estudio sociodemográfico en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantía del Aprehendido, ubicado en la comandancia general de la policía del estado Anzoátegui.
Un reporte de Polianzoátegui dice que la actividad consiste en la aplicación de un censo a la población reclusa para levantar información sobre los factores sociales y económicos que originaron el delito, así como evaluar el estado de la infraestructura penal.
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