Agricultores de Mérida y Trujillo fueron detenidos tras botar parte de sus cosechas por no tener gasolina para transportarla. Esta acción, a juicio de Espacio Público, viola los derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica.
La falta de gasolina implica un incumplimiento del Estado con su obligación de garantizar el acceso al combustible. Si el Estado no está garantizando el primer eslabón de la cadena, «hay un efecto cascada que implica la vulneración de derechos económicos y sociales tanto de productores como de consumidores», explicó la coordinadora del programa Observatorio Social de Espacio Público
Ante la frustración de no tener gasolina para transportar sus cosechas, agricultores venezolanos grabaron videos en donde arrojaban kilos de frutos y verduras a ríos en entidades andinas del país. El acto de protesta les costó la detención a dos de ellos.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que son los derechos económicos y sociales tanto de los trabajadores del campo como de los consumidores los que están siendo vulnerados por el Estado al no garantizar gasolina para el traslado de alimentos
El primer detenido fue el agricultor trujillano Jhonar Barazarte Trompetero, quien el pasado 11 de junio difundió un video en redes sociales, en donde se apreciaba a dos personas arrojando al río el sobrante de su cosecha de tomates.
«Desde Carache, botando los tomates porque no hay combustible. Esto está demasiado barato, no da para llevarlo hacia el Mercado de Coche (en Caracas)», expresaba con voz en off.
Algunos agricultores de Trujillo han llegado al extremo de arrojar su cosecha de tomates al río ante la imposibilidad de trasladar su mercancía a los mercados nacionales por la falta de combustible. pic.twitter.com/w6XLe2hMut
— Stefanny Fiffe (@Stefannyfiffe_) June 11, 2023
Tras señalarlo de «generar zozobra y atentar contra la seguridad agroalimentaria», el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de Barazarte Trompetero. Dijo que sería imputado por el delito «boicot», contemplado en el artículo 53 de la Ley de Precios Justos.
Posteriormente, el agricultor Ysnet Rodríguez Mambel también difundió un material audiovisual en el que arrojaba un lote de zanahorias a un río del Municipio Pueblo Llano (Mérida) Pocas horas después, Saab informó sobre la captura del agricultor y mencionó que también sería imputado por «boicot».
Se criminaliza la protesta legítima
El fiscal general del madurismo acompañó uno de los trinos en los que anunciaba la detención del agricultor en Mérida con una singular etiqueta: «#Justicia».
Pero, ¿es de verdad un acto de justicia el que aplica el gobierno contra estos agricultores? ¿Cometieron un delito al botar sus cosechas por no poder trasladarlas?
Marysabel Rodríguez, coordinadora del programa Observatorio Social de la Asociación Civil Espacio Público, declaró a Runrun.es que aunque en Venezuela está efectivamente tipificado el delito de boicot (asociado a actividades económicas, específicamente en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios), tanto este como la propia ley se han usado en el pasado para «criminalizar acciones de protesta legítima» relacionadas directa o indirectamente con el tema de producción, comercialización y distribución de alimentos.
«En este caso específicamente hay un ensañamiento por el ejercicio de la protesta a través de esta medida que tomaron los agricultores. Si bien existe una legislación que, entre comillas, le da formalidad a la detención, no estaríamos ante una acción legítima, en vista de que está asociada específicamente al ejercicio de un derecho, que es la protesta legítima», explicó.
Insistió en que aunque la detención se presente bajo el amparo de una «legalidad formal», es ilegítima, en la medida en la que afecta ejercicio de derechos fundamentales.
«Abiertamente, se está expresando y llevando a cabo el ejercicio de un derecho de manera clara y contundente y eso es lo que se intenta criminalizar a través del uso de un delito por razones económicas», agregó Rodríguez.
De igual forma, Rodríguez consideró que la acción de botar cosechas no se puede considerar como un delito, sino como un método o forma de protesta que escogieron los agricultores para expresar un descontento.
«Es un mecanismo legítimo, es el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, además lo están haciendo con productos que son de su propiedad, no están incurriendo en daños hacia la propiedad del Estado o de terceros. Entonces, no existiría ningún delito», recalcó.
Es el Estado quien viola derechos
La vocera de Espacio Público consideró que, en principio, se está violando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica de los agricultores detenidos.
Señaló también el riesgo de que haya algún tipo de violación al debido proceso, en vista de las «fallas estructurales» que tiene el sistema judicial hoy en Venezuela.
Pero estos no son los únicos derechos vulnerados en esta situación. Rodríguez destacó que la falta de gasolina también implica un incumplimiento del Estado con su obligación de garantizar el acceso al combustible, pues es quien tiene el monopolio de la distribución de la gasolina.
Y si el Estado no está garantizando el primer eslabón de la cadena, «hay un efecto cascada que implica la vulneración de derechos económicos y sociales tanto de productores como de consumidores finales de estos alimentos».
«Si el Estado no está cumpliendo con su obligación, ni está permitiendo que las personas accedan a la gasolina, o no crea mecanismos alternativos para permitirlo, y esto a su vez afecta la cadena de distribución de alimentos, entonces indirectamente el Estado estaría incurriendo en una violación de los derechos no solo de los productores, en términos de ejercer sus derechos económicos como productores y a la hora de comercializar los productos, sino también de los usuarios a tener acceso a los alimentos», explicó la coordinador del programa Observatorio Social de Espacio Público.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) también recordó que el Estado tiene la obligación de asegurar acceso a los recursos para quienes producen los alimentos.
Lamentaron que en un país con más de 19 millones de personas con necesidades humanitarias, como concluyó el informe anual de la ONG, «el Estado decide castigar y perseguir a quienes producen, a pesar de la crisis de servicios y ausencia de combustibles en los campos para transportarlos».
«¿Dónde queda la presunción de inocencia y el debido proceso? Una vez más se demuestra que el sistema de justicia venezolano es una máquina de represión y control del Estado, sin independencia, alertado también por la Misión de la ONU sobre Venezuela», comentaron.
El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, además opinó que grabar un video mostrando las consecuencias de la escasez de combustible en el derecho a la alimentación es una forma de protesta pacífica: «Al chavismo realmente existente le aterra que esa discusión trascienda el argumento de las sanciones».
«No es un delito la impotencia»
Espacio Público llamó al Estado a dejar de «criminalizar y perseguir a las personas por ejercer sus derechos» y a «enfocar las fuerzas y recursos» para resolver los problemas que ocasionan estas protestas.
«Este tipo de protestas no son exclusivas de Venezuela, se dan en muchas partes del mundo por distintas razones y no se repiten patrones de criminalización como en este caso. Es necesario cesar el aparato institucional que está orientado a criminalizar el ejercicio de derechos, y se debe utilizar el aparato estatal para resolver los problemas de fondo que afectan a la ciudadanía y que llevan a las personas a protestar», dijo Marysabel Rodríguez, de Espacio Público.
Entretanto, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) solicitó una audiencia con el fiscal general Tarek William Saab. En un comunicado de fecha 19 de junio reiteraron el «desespero» de los productores por no poder sacar los alimentos de los campos a los centros de comercio debido a la falta de gasolina y de estaciones de servicio en las zonas rurales y aldeas.
Respecto a la decisión de botar cosechas de algunos agricultores, consideraron que aunque quizá las imágenes luzcan «dantescas en un país con necesidades», es indispensable ponerse en el lugar del «humilde labriego».
«En los campos se pierde la comida por no poder sacarla a los mercados, al no tener combustible necesario, y las cosechas no esperan hasta que se arregle el tema. Se siembra y cosecha trabajando con las condiciones climáticas y los factores de riesgo solo los asume el productor”, argumenta Fedenaga.
Asimismo, invitaron a Saab a visitar los campos para constatar que los productores no tienen prioridad dentro de las emergencias.
«No sabemos si es un delito la impotencia, el ver cómo se pierde el fruto del trabajo, pero debería ser comprendido al menos, pues esos hombres y mujeres trabajan duro con la esperanza de ver coronado su esfuerzo», agregaron.
«Nunca debieron estar presos»
En horas de la noche del 20 de junio se conoció que uno de los agricultores detenidos, Ysnet Rodríguez, fue puesto en libertad tras la realización de su audiencia de presentación.
«Nunca debió estar tras las rejas. Seguimos alzando la voz por su compañero de rubro Jhonar Barazarte, quien aún se encuentra privado de libertad», expresó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Un día después también fue liberado Jhonar Barazarte. Espacio Público también comentó que nunca debió estar preso por arrojar su cosecha de tomate al río por no conseguir gasolina,
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