El comisionado para la recuperación y protector de los activos designado por Juan Guaidó es señalado por el régimen de Maduro de cobrar comisiones por la recuperación de activos y tiene una investigación abierta en la Asamblea Nacional opositora por irregularidades administrativas en su gestión. Antes de ser un funcionario del Gobierno interino, Troconis fue contratista de Pdvsa durante la gestión de Rafael Ramírez
Lo más común es que detrás de los líderes políticos exista un sinfín de personajes que resuelven problemas en su nombre, pero que, por lo general, son desconocidos por la opinión pública. En principio, esto ocurrió con Javier Troconis, el comisionado para la gestión y recuperación de activos de Venezuela en el exterior, designado por el presidente interino Juan Guaidó.
Su nombre aparece en la esfera pública, luego de que fuera mencionado en medios nacionales e internacionales a raíz de su gestión irregular.
A Troconis se le acusa, desde la administración de Maduro, por haber tenido contratos con Pdvsa y por intentar el cobro de sobornos a un consorcio de empresas extranjeras especializado en la recuperación de dinero en otros países de la región. Por su parte, un comité especial de la Comisión de Contraloría inició una investigación que concluyó en un informe en el que no se señala corrupción, pero sí irregularidades administrativas.
El diputado José Hernández, miembro de la subcomisión asegura: “Actuamos a derecho y a tiempo. No somos tribunales, pero nosotros dejamos la investigación abierta y recomendamos una investigación adicional por parte de la oficina del contralor del gobierno interino”.
Además, según Troconis mantuvo conversaciones secretas y en paralelo, en noviembre de 2019, a las que ya tenían la junta ad hoc de Pdvsa y la Procuraduría para llegar a un acuerdo con Petróleos Paraguayos (Petropar) sobre la deuda que, desde 2009, tiene con la estatal venezolana.
El designado por Juan Guaidó, en agosto de 2019, como Comisionado Presidencial para la Gestión de Activos Recuperados, Javier Troconis, fue contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la gestión de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa. Desde 2018, sobre Ramírez pesa una orden de captura del Ministerio Público por su participación en hechos de corrupción en la estatal petrolera.
En septiembre de 2019, Elvis Amoroso, contralor general de Maduro, exigió una investigación contra Troconis por estar envuelto en un entramado de corrupción para “desfalcar a la nación” con la Pdvsa de Ramírez y de haber “entregado Citgo por dinero que fue depositado en la cuenta del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó”.
Javier Leonardo Troconis Calderón es un abogado de 41 años, oriundo de Barinas. Representa a T&C Services, creada en el año 2000 en Anzoátegui, en la que es accionista, junto con su padre Marcos Troconis Olivares y su hermano Marcos Troconis Calderón.
T&C Services se presenta como una compañía de servicios ambientales. Su objetivo es consolidarse como una “empresa líder en la prestación de servicios de saneamientos ambientales, construcción de obras civiles, alquiler de maquinarias y equipos, utilizando para ello técnicas y equipos de alta tecnología, cumpliendo la normatividad nacional e internacional, satisfaciendo las expectativas de las partes interesadas, protegiendo el medio ambiente”, dice en el sitio web de la compañía.
JAVIER TROCONIS ES DUEÑO DE LA EMPRESA T&C SERVICES, CONTRATISTA CON LA PDVSA DE RAFAEL RAMÍREZ
La empresa de los Troconis ha operado en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, en el oriente del país, donde manejó contratos de volquetas –vehículos de cargas– y máquinas pesadas para movilizar el coque que, desde 2009, se acumula alrededor del complejo.
De acuerdo con el portal Open Corporates, Troconis también expandió sus empresas fuera de las fronteras venezolanas. Figura como directivo de dos compañías con el mismo nombre T&C Services, una en Panamá, registrada en 2008, y la otra en Estados Unidos, creada en 2018.
Troconis inició en el gabinete del Gobierno interino el 13 de febrero de 2019, cuando se incorporó como parte de la junta directiva de Citgo Holding Inc. por mandato de la Asamblea Nacional.
Un día después, el 14 de febrero, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público abriría una serie de investigaciones contra la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo nombrada por la Asamblea Nacional, entre los que se encontraba Troconis.
Troconis, durante su gestión en el Gobierno interino de Juan Guaidó, es objeto de señalamientos por funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, dirigentes políticos de oposición e investigaciones periodísticas por incurrir en irregularidades administrativas.
El Pitazo intentó comunicarse con Troconis a través de su número telefónico, pero, hasta la fecha de publicación, no se ha recibido respuesta.
También se envió una carta por correo electrónico al gobierno de Juan Guaidó para conocer su versión, pero tampoco se recibió respuesta.
Investigado por la Contraloría de Maduro
Las investigaciones no solo las adelanta el Ministerio Público. En septiembre de 2019, durante una rueda de prensa, Elvis Amoroso, contralor designado por la ANC, develó que la empresa T&C Services, C. A. logró contrataciones con Pdvsa por el orden de los 187 millones de dólares.
Amoroso señaló que Troconis utilizaba como medio la empresa T&C Services y agregó que fue contratado por Rafael Ramírez para desfalcar al país. “T&C Services ha celebrado acuerdos con Petróleo de Venezuela (Pdvsa) por 187 millones de dólares, pero por la acción de la Contraloría de la República y la directiva de Pdvsa se pudo evitar que se entregaran a este ciudadano 59 millones de dólares adicionales”, apuntó.Elvis Amoroso pidió una investigación contra Javier Troconis por haber sido conratista con la Pdvsa de Rafael Ramírez
Señaló que la empresa de Troconis hizo negocios con Rafael Ramírez cuando éste estaba al frente de Pdvsa y que, por esa razón, entra en su investigación. “Hay pruebas que demuestran que el usurpador Juan Guaidó y su entorno empresarial tienen vinculaciones con la legitimación de capitales provenientes de fondos irregulares y un evidente enriquecimiento ilícito”.
Tras su acusación, Amoroso también solicitó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que prohíba a T&C Services gravar o enajenar bienes dentro de Venezuela, así como transacciones de cualquier tipo. En aquel entonces, exhortó a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz a que tomen las medidas preventivas necesarias.
Acusaciones de extorsión
El 17 de septiembre de 2020, el fiscal general designado por Maduro, Tarek William Saab, notificó la apertura de una investigación sobre el caso denunciado en el medio Factores de Poder. Saab indicó que se dio a conocer “una denuncia contra varios supuestos funcionarios del autoproclamado e inexistente Gobierno interino” que expone el cobro de sobornos en torno a contrataciones de empresas ubicadas en Estados Unidos para “atentar contra la economía venezolana”.
Entre los investigados destacan: Fernando Javier Blasi-Banchard, Magi Eduardo Blasi-Blanchard y Javier Troconis, designados para ocupar cargos públicos en el extranjero en representación de Juan Guaidó.Tarek William Saab, fiscal general de Maduro, acusó a Troconis de pretender apoderarse de activos de Venezuela en el Caribe
En el trabajo de Factores de Poder, publicado el 14 de septiembre de 2020, se revela que Javier Troconis habría extorsionado a un consorcio de abogados que se dedicaría a recuperar activos venezolanos relacionados con PetroCaribe.
En el trabajo se aseguró que la empresa Caribbean Recovery Assets Car Consortium (CRA Consortium) “presentó un plan estratégico a Juan Guaidó para recuperar bienes en los 19 países integrantes de Petrocaribe”. Indicó que Troconis quedó al frente para cerrar el trato y luego designó a los hermanos Fernando y Majin Blasi-Blanchard para finiquitar el acuerdo.
En el trabajo se habla de una reunión en diciembre de 2019, donde los hermanos –que habían sido autorizados por Troconis– le escribieron a ambos directores de CRA en una hoja blanca las condiciones que –según ellos– exigía Troconis para la firma del contrato, entre las que se fija una comisión de 750 mil dólares y que de 18 % de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50 %. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando.
Las acusaciones de los empresarios radicados en Miami, Jorge Reyes y Pedro Antar, fueron desestimadas en septiembre de 2020 por el gobierno de Guaidó. Un informe preliminar de una comisión de la Asamblea Nacional conformada por los diputados José Prat, Elimar Díaz, Ismael León, José Hernández y Robert Alcalá, que investigó el caso, encontró irregularidades administrativas en los tratos de Troconis con Reyes y Antar, pero no evidencia de corrupción.
El diputado José Hernández, miembro de la subcomisión que investigó el caso de Troconis, señala que la investigación se abrió por orden de la junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó.
En el informe preliminar de la subcomisión explica que el comisionado presidencial admitió haber tenido conversaciones con la empresa y haberles dado la buena pro el 2 de enero de 2020, pero dijo que antes de firmar la contratación detectó que la empresa tenía un expediente de irregularidades y por eso no firmó.
En la comparecencia de Troconis quedaron varias dudas. El diputado Ismael León, también miembro de la comisión especial que hizo las investigaciones, dijo que no quedó claro el porqué Troconis, sin tener la autorización para contratar empresas sin el aval de la AN, dio la buena pro a CRA, no se explicó bajo qué modalidad de licitación se hizo el contrato y de por qué solo se escuchó una oferta.
No se sabe en qué concluyó la Comisión de Contraloría. En el informe de gestión de la Comisión de Contraloría correspondiente al año 2020, que aparece cargado en el sitio web de la AN con fecha 7 de enero de 2021, la comisión informa que la subcomisión que investigó la denuncia sobre CRA aprobó un informe en su seno. De acuerdo con los diputados León y Hernández, el informe fue aprobado con el voto de tres –León, Hernández y Prat– de los cinco diputados de la comisión especial.
Sin embargo, el documento no fue hecho público, no fue presentado en las plenarias del último trimestre de 2020 ni aparece incorporado en el informe de gestión de Contraloría.
Hasta ahora, el contralor Especial nombrado por la AN en mayo de 2020, Juan Pablo Soteldo, tampoco ha anunciado una investigación independiente.
El abogado especialista en recuperación de activos, Alberto Jurado, sostiene que la recuperación de activos debería ser una obligación de la Procuraduría de la República.
“No hay necesidad de que este proceso lo realice una empresa externa que, además, cobraría altas comisiones. Un importante ejemplo de esto fue la recuperación de activos llevada a cabo en Perú, luego del fin de Fujimori, cuando se nombró a un Procurador imparcial que conformó a un equipo profesional que sacó adelante esta labor”.
En un trabajo de The Washington Post, donde se expone el caso de Troconis con la empresa CRA, Troconis afirmó que las pruebas presentadas son falsas y hechas por enemigos de Guaidó.
Activos en Paraguay
Durante la interpelación, en octubre de 2020, la diputada Elimar Díaz le dijo a Troconis que además de las denuncias públicas sobre CRA, la comisión había recibido información de la Procuraduría Especial de que había un documento con membrete de la Comisión de Energía que se usó como sustento para actuar en una negociación con Petropar. Se le preguntó si tenía conocimiento de ese documento, Troconis dijo que no.
El caso Petropar señalaba la supuesta actuación de funcionarios del gobierno interino ante el Gobierno de Paraguay para intentar el pago de una deuda de la petrolera paraguaya con Pdvsa, de unos 269 millones de dólares, desde los tiempos de Hugo Chávez.
Las alarmas se encendieron porque la propuesta de pago le perdonaba a Petropar una deuda de 100 millones de dólares y establecía una comisión de otros 26 millones para el intermediario, el abogado argentino Sebastián Vidal.
En la interpelación, Troconis admitió que Petropar, a través de Sebastián Vidal, lo contactó, entre octubre y noviembre de 2019, para presentarle un plan de pago de deuda. El comisionado dijo que después de haber evaluado las condiciones y términos de la propuesta, el gobierno interino decidió declinar la oferta por considerarlo desventajoso para el país.
El 2 de enero de 2021, el diario estadounidense The Washington Post publicó un reportaje en el que documenta el caso Petropar y donde salen a relucir los nombres de Troconis, Vidal y el jefe del gabinete de Paraguay, Juan Villamayor.
Tres días después, el Gobierno de Paraguay reconoció que sí hubo un intento de negociación de la deuda, pero aclaró que se hizo por iniciativa de Vidal y Troconis, en calidad de representante de Guaidó.
Al igual que el gobierno interino, el Gobierno paraguayo confirmó que el acuerdo no prosperó, pero no porque las condiciones fueran desventajosas para Venezuela, sino porque en la situación de debilidad institucional de Venezuela, el acuerdo era desventajoso e incierto para Paraguay.
El 23 de enero de 2021, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional afín a Nicolás Maduro, también hizo alusión a la recuperación de activos en Paraguay.
Señaló que el jefe de despacho de Abdo Benítez, Juan Ernesto Villamayor, mostró pruebas de la operación del dinero y dijo que el exprocurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, en un supuesto intento de evitar responsabilidades, habría aconsejado no firmar dicho acuerdo.
José Ignacio Hernández, exprocurador de Guaidó, le comentó a El Pitazo que advirtió a altos funcionarios del gobierno de Guaidó «repetidamente» que Troconis estaba actuando más allá de su autoridad (tenía la orden de identificar los activos del gobierno, pero no buscar personalmente su recuperación) cuando intentó negociar el trato con Paraguay en 2019.
En un trabajo del diario TalCual queda en evidencia que, aparte de que el abogado intermediario es de nacionalidad argentina, las negociaciones entre Javier Troconis y los representantes del Gobierno paraguayo se hicieron en un hotel llamado NH en Buenos Aires, cuando Alberto Fernández había asumido la presidencia de esa nación sudamericana.
Por ello, Jorge Rodríguez aseveró que en suelo argentino se habrían perpetrado varios delitos como usurpación de funciones y concierto para delinquir por cobro de coimas o comisiones en noviembre de 2019.
El Gobierno paraguayo, a través de la Cámara Baja del Congreso, citó a Villamayor para explicar la frustrada negociación, donde aseguró que no tuvo nada que ver con el proceso. El 3 de febrero se salvó del voto de censura.
En Venezuela, el caso se despachó con una interpelación a Troconis y a Hernández sin resultados concluyentes, ni averiguaciones administrativas y con un comunicado del gobierno interino. Hasta el día de hoy, Troconis no ha sido apartado del puesto, a pesar de que se habla de una renovación en los cargos del gabinete del interinato.
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