Apenas abrieron la compuerta, la fetidez salió disparada. Pero la imagen que surgió dentro de la enorme caja metálica resultó todavía más nauseabunda que el olor que la precedió.
Dentro del contenedor se amontonaban unas 28 toneladas de comida comprada con recursos públicos, que se habían echado a perder con el tiempo y las inclemencias del clima en Puerto Cabello. Sobre los alimentos revoloteaban insectos y roedores que “fueron capaces de afectar la calidad del producto, tanto por el daño directo ocasionado cuando los insectos se alimentan, como por el daño indirecto ocasionado por las heces, secreciones corporales y cadáveres de los mismos”.
Así quedó descrito el hallazgo, con un lenguaje de precisión forense, en la investigación del Ministerio Público sobre el caso de 2010, uno de los retratos más nítidos sobre los resultados de los esquemas de corrupción del chavismo en importación de alimentos, y al que, habida cuenta de la imagen de podredumbre que ofreció al descubrirse, la prensa y el público no tardaron en bautizar como el caso Pudreval.
Una imagen que sólo en aquel 2010 se repitió en unos 4.350 contenedores que guardaban más de 120.000 toneladas de comida destinada a la empresa estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).
La transformación de cientos de millones de petrodólares en un collage de despojos orgánicos se constituyó en uno de los pocos escándalos de corrupción estatal que ha tenido repercusión judicial bajo el chavismo. Esta performance no tuvo lugar, desde luego, en un inexistente museo del despilfarro, pero tampoco, como se hubiera esperado, en un depósito de logística estatal. Ocurrió en una almacenadora privada.
Por entonces, los propietarios de almacenadoras privadas -entre ellas, Braperca, de Isaac Sultán Cohén- estaban entre los pocos actores que sacaron algo en limpio, ganancias enormes, del escándalo de Pudreval. ¿Cómo lo habían logrado?
Curiosamente, el de Pdval arrancó como un experimento estatizador. Uno de los tantos del fallecido presidente, Hugo Chávez, que desembocaron en una inmensa dilapidación de recursos públicos. Ideado a inicios de 2008 como parte de un plan de abastecimiento para combatir lo que el gobierno denunciaba como un plan de “acaparamiento y especulación” de comida llevado a cabo por empresarios privados con propósitos políticos y económicos, Pdval llegó a amasar en febrero de 2010 fondos por 2.200 millones de dólares para lograr sus objetivos.
En la práctica, las transacciones de compra las hacía Bariven, filial también de la estatal Pdvsa, encargada por lo regular de las compras de insumos para la industria petrolera.
Pero allí se reunían dos incapacidades: por una parte, la de Bariven, que no tenía experiencia en la adquisición de comida; por la otra, la de Pdval, que no contaba con la infraestructura o la experticia para recibir, almacenar y distribuir las 1,7 millones de toneladas de alimentos que el Centro Nacional de Balances de Alimentos (Cenbal) recomendaba importar ya para 2008.
El Cenbal era un organismo adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, cuyo titular entonces era Ramón Carrizález, coronel retirado del Ejército y luego dos veces gobernador del estado Apure.
En medio de denuncias de irregularidades y corrupción en las asignaciones, la iniciativa de Pdval apenas logró importar un tercio de lo indicado, o unas 597.000 toneladas de comida, que de todas formas rebasaron en tres veces la capacidad de distribución de Pdval.
Ese cuello de botella terminó por represar en los puertos miles de toneladas de productos de primera necesidad, como arroz, leche en polvo, pollo, aceite de soya, azúcar y carne de res, arrumados en almacenes privados subcontratados para enfrentar la coyuntura.
Así fue como una iniciativa creada para poner bajo control del Estado la importación y distribución de alimentos, de modo de sortear el presunto sabotaje de los acaparadores, terminó favoreciendo a privados y generando un indeseado acopio de excedentes en almacenes portuarios.
Una de las almacenadoras beneficiadas entonces con esos contratos fue Braperca, la empresa de Isaac Sultán Cohén que para la época controlaba buena parte de los muelles de Puerto Cabello y La Guaira, los dos principales puertos del país.
Ahora Armando.info ha obtenido acceso a dos filtraciones distintas de documentos que, reunidas, permiten establecer que la fortuna de Sultán -el dinero en sus cuentas, el número de sus propiedades y obras de arte, así como sus entramados empresariales-, experimentó una súbita expansión justo después de los negociados de Pdval.
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