La ONG de Venezuela Provea alertó que “no hay ninguna voluntad” de investigar a las fuerzas de seguridad del país por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de al menos cinco civiles, las detenciones arbitrarias y torturas que tuvieron lugar hace un año en el estado fronterizo de Apure.
“Nos preocupa que hay elementos que indican que no hay ninguna voluntad de investigar ni a los autores materiales, ni a la cadena de mando en la masacre de El Ripial, donde fueron asesinadas cinco personas, cuatro de ellas de una misma familia”, indicó el coordinador de investigación de la ONG, Marino Alvarado.
En marzo de 2021, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se enfrentó en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.
El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve “terroristas” fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.
Militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Europa Press/Archivo)
No obstante, varias ONG denunciaron el ataque a civiles de la zona y, el 26 de abril de 2021, Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros “abusos aberrantes” contra la población de Apure.
En un informe, HRW aseguró que el operativo venezolano “derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados”.
Al cumplirse un año de los hechos, desde Provea aseguran que estos hechos han sido informados a organismos internacionales de protección y que “es deber” de la justicia venezolana “investigar, no solo a los actores materiales del asesinato de estas cinco personas, sino a la cadena de mando”.
Alvarado puntualizó que la falta de acciones del régimen “contradice totalmente el memorándum de entendimiento que firmó el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que obliga al Estado venezolano a realizar investigaciones genuinas en aquellas situaciones donde se pueda presumir que se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Para la ONG, el “Ministerio Público (Fiscalía) sigue sin respuestas. La masacre sigue impune”.
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