El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que la Contraloría General de la República (CGR) ya le envió los antecedentes administrativos del caso de la inhabilitación contra la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, el pasado 21 de diciembre. Con esto, el despacho que dirige de forma interina el militar, Jhosnel Peraza Machado, ratificó la medida contra la ganadora de las primarias opositoras.
El TSJ dio un plazo de tres días a la CGR desde el 19 de diciembre, por lo que la Contraloría envió lo solicitado solo dos días después, pero no fue sino hasta este 25 de diciembre que el máximo tribunal lo dio a conocer en su página web. Sólo resta que la Sala Político Administrativa decida sobre la demanda con acción de amparo cautelar contra la vía de hecho que introdujo Machado el 15 de diciembre.
Para el abogado constitucionalista, Nelson Chitty La Roche, pese a que el TSJ debería decidir en forma expedita sobre el amparo solicitado por Machado para impedir que se le sigan violando sus derechos constitucionales, el proceso ha tenido una secuencia rápida, contrario a lo esperado.
Destacó que el TSJ le solicitó la información a la Contraloría y este organismo respondió en el lapso establecido.
Sala Político Administrativa de receso
Pero desde el TSJ parece advertirse que un anuncio sobre el caso de Machado no se producirá al menos en los próximos días. La misma Sala informó que no habrá despacho del 26 al 28 de diciembre ni de 2 al 4 de enero de 2024.
Quedaría un espacio: el viernes 29 de diciembre, si es que no se deja la decisión para el 5 de enero o una fecha posterior.
El anuncio de la Sala Política Administrativa lo criticó el abogado y asesor legal del equipo de Machado, Perkins Rocha, quien señaló en su cuenta de la red X que acudiría a la sede del TSJ, ubicada en la esquina Dos Pilitas, al final de la avenida Baralt para constatarlo.
¿Qué viene ahora?
Cabe la pregunta sobre qué entregó exactamente la Contraloría al TSJ porque Machado afirmó que no existe la inhabilitación en su contra por 15 años. Otros juristas como Juan Manuel Raffalli advirtieron que el TSJ cometería una «barbaridad» si solo toma como prueba la respuesta que la CGR dio al diputado de 2020, José Brito, quien solicitó información sobre la situación de Machado en el mes de junio.
La petición del legislador disidente opositor dio pie a la Contraloría para anunciar la nueva medida contra Machado, puesto que la inhabilitación que se le impuso en 2014 solo era de un año. Si hubo un procedimiento intermedio, no se le habría notificado a la exdiputada de la Asamblea Nacional.
«La CGR debe haber entregado copia certificada de la decisión de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la CGR en la que certifica que MCM está inhabilitada. El problema es que esa certificación es incompleta, pues solo el Contralor puede dictar la resolución de inhabilitación, y hasta ahora, MCM no ha sido notificada de tal resolución», advirtió el abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández.
Chitty La Roche recalcó que «está bastante claro» que el TSJ debería concederle el amparo a Machado porque al no ser notificada por la CGR del procedimiento en su contra, no tuvo acceso al expediente ni derecho a defenderse.
«Supongamos que la inhabilitación la confirma la Contraloría, pues al TSJ le toca revisar ese procedimiento y si está fundamentado, revisar el expediente, si se cumplieron los trámites legales y si se respetaron los derechos de María Corina Machado. Parece muy claro que no se le notificó para que ella pudiera hacer su descargo, por lo que el TSJ debe de manera expedita, ampararla para que no se sigan conculcando sus derechos», expresó.
Qué dice la Constitución
De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución «la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso y toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa».
Hernández también sostuvo que el TSJ debería admitir la demanda y prohibir a la CGR dictar cualquier decisión basada en la supuesta (y falsa) inhabilitación de Machado.
«Eso es lo que debería pasar. Sin embargo, es posible que el TSJ decida no admitir la demanda, considerando que María Corina Machado ha debido pedir la nulidad del acto que certifica su inhabilitación. Esta decisión sería claramente abusiva», subrayó.
Decisión jurídica en entorno político
El quipo legal de Machado insiste en que la aspirante a la Presidencia no pidió ante el TSJ una apelación o reconsideración de la medida en su contra por considerarla «inexistente» porque no fue notificada y porque no hay sentencia judicial firme en su contra que le impida ejercer un cargo público.
De allí que, explicó Perkins Rocha, que se interpuso ante el TSJ una reclamación contra una vía de hecho (procedimiento de la CGR) «que irregularmente produce efectos materiales que menoscaban el ejercicio de los derechos políticos» de Machado y que le impiden asumir cabalmente el mandato otorgado por los venezolanos el 22 de octubre e inscribirse ante el CNE como candidata presidencial.
Chitty La Roche explicó que de admitirse el amparo queda sin efecto la inhabilitación de Machado hasta que se cumpla el procedimiento legal que condujo a esa medida, es decir, la CGR debe cumplir lo que no hizo cuando debió, que incluye notificar a la aspirante a Miraflores para que ella pueda defenderse.
«La decisión es jurídica pero el entorno es político, una elección con garantías tal como se acordó en Barbados pasa por el respeto a los derechos de quien desee ser candidato, en este caso debería ser suficiente la respuesta (amparo) del TSJ si es favorable a María Corina Machado y quedar habilitada», apuntó.
Acuerdos y mediación de por medio
Recordó que está en marcha un proceso de negociaciones, por un lado, para el cumplimiento de los acuerdos de Barbados, con la mediación del reino de Noruega, además de las conversaciones directas entre Estados Unidos y Miraflores, con la intervención de Catar.
EEUU defiende la habilitación de Machado y había dado plazo hasta el 30 de noviembre, después de la firma en Barbados (17 de octubre) para que se ideara un mecanismo que permitiera revertir las inhabilitaciones políticas.
Ese mismo día se anunció que el TSJ «revisaría» las medidas a solicitud de los interesados. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos y el dirigente de Prociudadanos, Leocenis García, también acudieron al máximo tribunal.
«Legalmente deberían decidir (el TSJ) en los próximos días. Para Maduro, es menos costoso no decidir, que decidir en contra de María Corina Machado. Por ello, un escenario es que el TSJ no dicte ninguna decisión, por ahora», añadió Hernández.
Fuente: Efecto Cocuyo
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