En medio de la reciente trama de corrupción divulgada por el gobierno de Nicolás Maduro, conocida como Pdvsa-cripto, el empresario venezolano Eduardo Noriega se mantiene prófugo de la justicia, junto a otras 10 personas incluídas en la lista divulgada por el Ministerio Público, que incluyen a Juan Manuel Afonso; Manuel Ramón Afonso; William Rivas; Ximena Cagide Parada; José Luis Ferrandiz; Olvany Gaspari; Railin Elizabeth Yépez; Rodolfo Moleiro; Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
Al parecer, diversos proyectos inmobiliarios y transacciones criptofinancieras le abrieron puerta franca a Noriega para grandes negocios ilícitos.
De acuerdo a las declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, Noriega está acusado de participar en una trama de corrupción que realizaba operaciones petroleras paralelas a Pdvsa, comercializando cargas de crudo sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, así como incumplimiento de pagos luego de la venta del crudo venezolano.
Eduardo Noriega es un empresario venezolano que reside en República Dominicana, desde donde operaba sus negocios con la petrolera estatal venezolana, a través de la empresa Noriega Group, donde actúa como director general, desde 2011, enfocado en proyectos inmobiliarios abiertos a pagos con criptomonedas.
Algunos de los proyectos de desarrollo en venezuela son el Norotel El Tirano, un proyecto hotelero ubicado en la comunidad de El Tirano, en la isla de Margarita y el Centro Empresarial Noriega, en el sector Los Robles, del Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta.
Sus antecedentes y proyectos habrían representado una ventaja para la red a la hora de llevar a cabo las operaciones fraudulentas. El astuto personaje ha logrado evadir a los cuerpos de seguridad y se desconoce su paradero, aunque se presume que se esconda en República Dominicana.
Hasta ahora, las informaciones emanadas del Ministerio Público en torno a las personas involucradas que lograron huir, han dejado muchas interrogantes en el aire, como por ejemplo, si se revisarán los contratos públicos suscritos por los funcionarios involucrados, o cuáles son los nombres de las empresas involucradas.
Por otra parte, el fiscal señaló que el proceso de blanqueamiento del dinero público se realizó a partir de la constitución de un conglomerado de sociedades mercantiles, que además de realizar operaciones con criptoactivos, financió construcciones y se hizo de bienes muebles e inmuebles de alto valor. Queda mucho que despejar de todo eso.
La falta de información divulgada también desmerece la confianza sobre los datos, ya que, por ejemplo, es inexacto que se diga que las operaciones por la cadena de bloques son irrastreables, serán anónimas, pero un buen equipo de investigación puede relacionarlas; eso si es que en realidad ese dinero se manejó por criptomonedas, esa es otra cuestión, una cosa que se diga que se haya tenido y otra que en realidad haya ocurrido.
El pasado 25 de marzo, el fiscal Tarek William Saab anunció una serie de detenciones y allanamientos por la investigación a funcionarios de PDVSA y Sunacrip, quienes captaban jóvenes para legitimar capitales “al mejor estilo de las mafias telenovelescas de narcos”, valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad para ejecutar operaciones petroleras paralelas a las de PDVSA en el denominado caso de la red PDVSA-Cripto.
Saab comunicó la detención de 21 personas vinculadas con el nuevo desfalco a Pdvsa, así como la existencia de 11 órdenes de captura.
10 funcionarios, 11 empresarios, tres jueces y un alcalde, están implicados, acusados de cargos de “apropiación o distracción de patrimonio publico, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, así como cargos de traición a la patria para los funcionarios públicos.