El alcalde del municipio Ayacucho, Yonnhy Liscano, fue presentado ante el Tribunal Séptimo de Control del Táchira en horas de la noche del viernes 21 de junio. Le dictaron privativa de libertad luego de que le imputaron los delitos de apropiación o distracción de bienes del patrimonio público, retraso u omisión intencional de funciones, utilidad ilegal en actos de la administración pública y agavillamiento.
Liscano fue detenido el pasado 20 de junio cuando regresaba desde San Cristóbal a Ayacucho, donde reside y es alcalde. Su familia supo que se encontraba en la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); sin embargo, no tuvo comunicación alguna con él. Esperaban la audiencia de presentación para las 4:00 p.m., pero fue pospuesta para casi la medianoche.
Tras la detención de Liscano, la minuta policial detallaba que entre las situaciones reportadas por la Contraloría Municipal estaba la irregularidad en el proceso de desincorporación de bienes de la Alcaldía en 2020 y la falta de información sobre el destino de un recolector de basura, una camioneta Toyota Land Cruiser y un Payloader (pala cargadora).
La contralora del municipio Ayacucho, Fanny Ramírez, declaró desde la Contraloría del Táchira, el pasado 21 de junio, que a Liscano le notificaron en agosto de 2023 sobre la investigación en curso respecto a la desincorporación de bienes públicos, que no fueron encontrados tras las indagaciones del caso. Ramírez explicó que un exconcejal y una abogada de la localidad hicieron las denuncias sobre la situación.
“Todos los resultados de la auditoría se informan al alcalde y a los directores que les corresponde”, indicó Ramírez al aclarar que había notificado a Liscano sobre el avance del procedimiento que se desarrolló por 10 meses en su contra.
Apoyo al alcalde
Tras la información de la privativa de libertad de Liscano, empleados de la Alcaldía de Ayacucho se concentraron en la entrada del organismo para respaldarlo y mandar palabras de apoyo en medio de su detención.
“Los llamados revolucionarios se equivocaron una vez más y se colocan de espaldas al pueblo de San Juan de Colón y todo el municipio Ayacucho. Ahora no hay un Yonnhy, ahora estamos aquí 400 Yonnhy, luchando por la libertad de Venezuela. Están asustados y el 28 de julio pasaremos factura”, dice uno de los trabajadores en el video.
También la directiva de Acción Democrática (AD) en el estado acudió el 20 de junio a la Defensoría del Pueblo a pedir que se respeten los derechos humanos de su compañero de partido.
El secretario de organización de AD, Gerardo Méndez, entregó junto con sus compañeros un documento en el que pidieron la intervención de la Defensoría debido a que la detención de Liscano es considerada una arbitrariedad, pues se hizo sin cumplir el debido proceso, ya que para ese momento no había orden de detención y fue trasladado hasta San Cristóbal e incomunicado de manera inmediata.
“Presentamos un escrito en el que se narran los hechos, haciendo un petitorio fundamentado desde la ley, en aras de que se preserven sus garantías constitucionales, como debido proceso, libertad personal y respeto a la integridad”, dijo Méndez. El documento fue recibido sin contratiempos en la Defensoría del Pueblo.
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