A los denominados presos políticos o de conciencia en Venezuela el aislamiento forzado les llegó mucho antes de la pandemia de covid-19. Pero desde el inicio de la emergencia sanitaria las condiciones de presidio mantienen en vilo a los familiares de los 450 militares y civiles encarcelados por motivos políticos en las cárceles de los organismos de seguridad del Estado. Esta semana los detenidos cumplieron cinco meses sin recibir visitas.
En algunos casos no están permitidas ni las llamadas telefónicas. Los que se encuentran en peor condición no han podido acceder a atención médica ni siquiera por la sospecha de ser portadores de la enfermedad viral.
Mariela Ramírez, esposa del coronel de la aviación Pablo Saavedra Mejías, preso desde el día de la elección de Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2018 es uno de los privados de libertad en una situación alarmante.
Ramírez advirtió que su esposo, a quien se acusó de instigación a la rebelión y faltas contra el decoro militar, tiene un historial de enfermedades respiratorios que no ha sido atendido en estos cinco meses. El oficial espera desde diciembre de 2018, cuando fue imputado, por un juicio. Entre las privaciones que padece está la escasez prolongada de agua y el hacinamiento. Saavedra Mejías comparte celda con más de 10 detenidos.
“Hay oficiales que ya han cumplido su pena y siguen privados de libertad. Otros con ya casi la sentencia cumplida y no tienen beneficio alguno. Inclusive se ha ordenado trasladados sin orden del tribunal a otros centros de detención en peores condiciones. A esto se le suma la situación de la pandemia. Mi esposo tiene casi 56 años, ha padecido diferentes afecciones respiratorias desde su reclusión sin ninguna atención médica. Tienen ya cinco meses sin visitas familiares ni de abogados”, manifestó.
Prosigue la tortura
Ramírez calificó de tortura psicológica estas irregularidades. Alegó que toda omisión sobre las condiciones de encarcelamiento en el contexto de la pandemia, se suman al expediente por tratos crueles e inhumanos que denunciaron desde su detención.
Jesús Alarcón, padre del capitán Jesús Alarcón Camacho, preso desde 2015, ratificó esta denuncia. Alarcón añadió que la información más reciente sobre el estado de su hijo la obtuvo, de forma extraoficial, por un funcionario en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“No tenemos conocimientos de su estado de salud ni de su estado físico. Hemos hecho todas las diligencias habidas y por haber para tener conocimiento de nuestro hijo y no ha sido posible. Para concluir, la única respuesta que hemos recibido me la dio el 10 de agosto del 2020, es decir, hace una semana, un funcionario de la Dgcim. Recurriendo a mi condición de padre le supliqué que me informará cómo estaba mi hijo y la respuesta que este desalmado me dio fue que mi hijo está bien porque si estuviera muerto ya me hubieran llamado para entregarme el cadáver”, contó.
Ambas declaraciones fueron expuestas durante el foro “Voces por los que el Régimen silencia”, organizado este domingo, 23 de agosto, por la Asamblea Nacional (AN). Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la AN, argumentó que la situación de los presos políticos no es diferente al resto de los detenidos.
“En Venezuela hay 450 presos políticos. Lamentablemente los presos que antes llamábamos presos comunes son casi 100.000 personas. Es una población inmensa. Están hacinados. Porque las cárceles de Venezuela no estaban hechas para alojar a más de 20.000 presos. Por lo tanto, el hacinamiento es la regla del juego y con una pandemia y una amenaza del contagio, la propagación y las muertes son inevitables”, dijo.
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