La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que una cantidad por determinar de presos políticos fueron trasladados desde la cárcel El Helicoide a otros centros penitenciarios sin especificar, reportó la agencia EFE.
“Tenemos información de que a partir de las 6 de la tarde de este miércoles 3 de junio comenzaron a suscitarse estos traslados. No sabemos a quiénes ni a dónde, pero sí pudimos ver a través de una loma cercana a este centro de torturas que comenzó el traslado de presos políticos”, dijo Andreína Baduel, integrante de la ONG.
El Helicoide es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y ha sido denunciada por ONG y familiares como un centro de torturas.
La activista indicó que desde la mañana de este miércoles se registró una “situación irregular” tras el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que El Helicoide había sido cerrado, lo que fue desmentido por familiares y ONG.
Baduel dijo que los funcionarios del Sebin solo responden que están suspendidas las visitas.
El martes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que El Helicoide sigue funcionando pese a que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre en enero pasado.
En una publicación en X, indicó que hay al menos 25 presos políticos detenidos en esa sede.
Además, dijo que detrás de cada cifra hay familias que siguen esperando respuestas, por ello, advirtió, “no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior”.
Rodríguez pidió el pasado 30 de enero convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos que fue aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo, en febrero.
El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Ese lugar ha sido descrito como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos ocurridos allí.
El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.
Foro penal confirma
Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó este jueves los presuntos destinos de los presos políticos trasladados desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, en medio de un operativo que generó incertidumbre entre familiares y defensores de derechos humanos.
Según el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, los reclusos fueron distribuidos en varios centros penitenciarios del país. Entre los casos confirmados figura el del dirigente político Jackson Vera (Táchira), enviado a La Planta (El Paraíso, Caracas). Las mujeres fueron reubicadas en el Inof (Instituto Nacional de Orientación Femenina) y Las Crisálidas, mientras que otros presos fueron trasladados a El Rodeo, Yare (ambos en Miranda) y Tocuyito (Carabobo).
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, reaccionó a las informaciones con un mensaje claro: “La arbitrariedad no desaparece ni se disimula moviendo presos de una cárcel a otra”. Himiob exigió el respeto al debido proceso y recordó que las personas sujetas a detención preventiva por más de tres años deben ser liberadas o recibir medidas cautelares menos gravosas.
El Helicoide ha sido señalado durante años por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales centros de detención arbitraria en Venezuela, con reiteradas denuncias de torturas, aislamiento prolongado y violaciones al debido proceso. Los traslados ocurren en medio de reportes sobre posibles excarcelaciones parciales y debates sobre el supuesto cierre del emblemático recinto.
Hasta el 1 de junio de 2026, Foro Penal contabilizaba 404 presos políticos en Venezuela (369 hombres y 35 mujeres), de los cuales 39 son extranjeros.
Hasta el momento, el gobierno no ha emitido declaraciones oficiales sobre los traslados ni ha confirmado si forman parte de un plan mayor de reubicación o cierre de instalaciones.
Foro Penal continúa monitoreando la situación y exige transparencia, acceso de familiares y abogados, y el cese de las detenciones arbitrarias.
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