La magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —controlado por Nicolás Maduro—, Gladys Gutiérrez, sostuvo un encuentro con la primera vicepresidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Luz Ibáñez Carranza.
De acuerdo a una nota de prensa del TSJ, el encuentro se dio en los Países Bajos el pasado sábado 28 de enero.
En este sentido, la magistrada venezolana indicó que el sistema de justicia del país «seguirá dando cumplimiento a los compromisos derivados del Estatuto de Roma y de trabajar en conjunto con la CPI».
«La presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, destacó el firme cometido del sistema judicial nacional de seguir dando cumplimiento a los compromisos derivados del Estatuto de Roma y de trabajar en conjunto con la CPI, en los términos del memorando de entendimiento suscrito con la oficina del fiscal de esa corte (Karim Khan), en noviembre de 2021″, se detalló en un documento publicado tras el encuentro.
En tanto, la CPI puso el pasado jueves 19 de enero a disposición un formulario en línea para que las víctimas de crímenes de lesa humanidad del país den a conocer sus opiniones sobre reanudar o no la investigación sobre el caso Venezuela I.
En concreto, las personas que deseen participar en el proceso deben enviar sus opiniones a la Participación de las Víctimas y las Reparaciones a más tardar el 7 de marzo de 2023.
Lo que se busca, es que las víctimas aporten sus observaciones o preocupaciones acerca de si creen que se debe autorizar al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar o no su investigación sobre la situación de Venezuela
“En esta etapa del procedimiento, es importante mencionar que las víctimas no necesitan tener representación legal para participar en este proceso. Las víctimas pueden llenar y mandar los formularios ellas mismas”, reza la comunicación de la CPI.
“Pueden solicitar apoyo de VPRS (Participación de las Víctimas y las Reparaciones) y de las organizaciones que están en contacto con ellas para llenar el formulario. En esta etapa del procedimiento, la Sala no ha tomado ni tomará decisiones sobre la representación legal común de las víctimas, así como tampoco designará fondos para cubrir costos”, se agregó.
La CPI, con sede en Países Bajos, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas antigubernamentales de 2017, que se saldó con la vida de al menos 120 venezolanos. Por tanto, en diciembre de 2021 se conoció que el ente resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista.
En marzo se debería conocer una nueva decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que dio plazo alchavismo a responder a la solicitud del fiscal, Karim Khan, para que el proceso se investigue, pese a la oposición del régimen venezolano, el TSJ y el Ministerio Público.
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