Juristas venezolanos temen que sin un gobierno interino, otros países se vean obligados a reconocer a Maduro como mandatario legítimo, pasando a gestionar los activos en el extranjero.
Apenas comenzando 2023 Venezuela verá cambiar rápidamente su situación política. El «gobierno interino» que hasta ahora encabeza Juan Guaidó, reconocido en 2019 por 65 gobiernos del mundo como legítimo frente a la usurpación del poder Ejecutivo por Nicolás Maduro después de unas elecciones fraudulentas, acabará a la medianoche de martes.
Lo que en 2019 se consideraba un mandato constitucional, siguiendo interpretaciones sobre un vacío de poder al no tener un presidente electo en buena lid, pasó a ser descartado por la mayoría de los partidos que lo promovieron hace cuatro años como una «estrategia política» que no cumplió su objetivo de desalojar del poder a Maduro. Abandonar ese camino apoyado por Estados Unidos deja muchas preguntas.
Lo cierto es que lo primero que debe ocurrir es que el 5 de enero debe nombrarse una nueva directiva de esa Asamblea Nacional opositora. Se espera que Guaidó sea sustituido como líder de ese parlamento.
Seguidamente, deben designarse a los cinco integrantes del Consejo de Administración y Protección de Activos venezolanos en el extranjero. Sectores académicos, juristas reconocidos y varios grupos políticos planteron el peligro de eliminar la presidencia encargada pues sin un gobierno interino otros países tendrían que reconocer a Maduro como mandatario legítimo y, por tanto, darle los recursos congelados afuera del país.
Juan Miguel Matheus, quien redactó el Estatuto que soportó el interinato por cuatro años y ahora fue quien lideró su muerte, afirmó que «los activos no están en riesgo. El Estatuto modificado da herramientas suficientes para protegerlos. Si llegase a ocurrir que Estados Unidos, Portugal o Inglaterra le devuelven los activos a Maduro, ellos tendrán que responder».
Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular donde milita Guaidó, dijo que la legitimidad de las decisiones de esa Asamblea Nacional la da reconocimiento por parte de otros gobiernos, con los cuales -dijo- no hubo consultas. «Es insólito que ahora se diga que si se pierde el oro es culpa de Inglaterra. No me jodas, chico».
La respuesta de quién tiene la razón la dará Estados Unidos. Si las afirmaciones de Matheus se confirman, el Departamento del Tesoro debería anunciar que certifica a los representantes de la AN opositora para manejar las cuentas venezolanas. Asimismo, Portugal e Inglaterra tendrán que decidir si reconocen o no al parlamento opositor, que extenderá su propia vigencia por segundo año, como interlocutor del Estado venezolano.
En Estados Unidos e Inglaterra hay litigios pendientes sobre Petróleos de Venezuela y su empresa Citgo, y sobre reservas en oro, respectivamente. En el primer caso los acreedores podrían impugnar la nueva junta nombrada para «proteger PDVSA», como afirma la oposición, poniendo en duda su nombramiento por parte del Estado venezolano. Las cortes en EEUU hasta ahora reconocían que el gobierno interino tenía la legitimidad para hacer tales nombramientos.
El oro de Inglaterra
En el caso del oro, los juicios se dan entre el Banco Central de Venezuela con la directiva que nombró Nicolás Maduro y una junta ad hoc que Guaidó nombró para la misma institución, fuera del país. Los tribunales ingleses hasta ahora han reconocido la legitimidad de Guaidó en tanto lo hace el gobierno.
En la discusión del viernes Matheus aseguró que tan solo cuatro países siguen reconociendo al gobierno interino como válido, de los 64 iniciales. Quienes respaldaron la continuación del interinato reclamaron que no hubo consultas con esos gobiernos para establecer estrategias que permitan atender el caso de los activos, pero tampoco las representaciones diplomáticas.
Específicamente las de la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. En la OEA la silla de Venezuela la ocupa un enviado de la oposición, Gustavo Tarre Briceño. En octubre pasado 11 países plantearon su remoción, pero no se logró el voto de 18 misiones latinoamericanas para conseguirlo.
El chavismo retiró a Venezuela de la OEA hace una década por orden de Hugo Chávez, pero Guaidó ordenó en 2019 reincorporar al país al organismo. El Banco Interamericano de Desarrollo reconoció ese año a los enviados de Guaidó.
Por último, a efectos internos, la oposición ha quedado más fragmentada que nunca antes en la última década y media. Aunque todos los actores hablan de Unidad y la reclaman, los actores políticos se han convertido en una suerte de opositores de los otros opositores.
Para 2023 está planteada una elección primaria para elegir un candidato opositor que enfrente a Maduro en unas eventuales elecciones presidenciales en 2024.
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