Vástagos de estirpes distintas de magnates en Venezuela, Francisco D’Agostino y Eduardo Cisneros son parientes no consanguíneos. También fueron socios por breve tiempo en Elemento Oil & Gas Ltd, una empresa con sede en Malta de la que, a la larga, el joven Cisneros se adueñó por completo. Elemento fue protagonista en la red secreta de comercialización de crudo venezolano que desde México activó Joaquín Leal. Pero a la hora de imponer sanciones, Washington penalizó solo a D’Agostino, ¿por qué?
Una nota sin firma que a comienzos de 2020 deslizó Publimetro, un diario gratuito de la Ciudad de México, denunciaba que “decenas de ex directivos y ejecutivos de alto nivel de Pdvsa […] están actualmente colaborando con empresas que están sacando crudo de Venezuela”, compañías que entonces estarían concentrando en ese país sudamericano “el levantamiento de petróleo, posterior a que OFAC sancionara a la empresa rusa Rosneft y una de sus subsidiarias”. El texto mencionaba a las venezolanas Dolly Mendoza y Mirtha Quintero entre las “ex piezas clave de la petrolera [Pdvsa] en temas de suministro, operaciones y comercio” que para el momento habían sido reclutadas por emprendimientos privados “con poca o nula experiencia en hidrocarburos”.
Si bien el periódico no atribuía la información a fuente alguna, sin duda dibujaba un retrato hablado de la operación encubierta de venta de crudo que para entonces llevaba casi un año funcionando desde México. La trama había sido diseñada y puesta en marcha por el joven empresario local Joaquín Leal, tras un pedido inicial de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez Gómez, con el propósito expreso de sacar partido a circuitos alternativos del comercio internacional que permitieran eludir las sanciones financieras impuestas por Washington al régimen de Nicolás Maduro, y seguir colocando en el mercado global el petróleo que a duras penas seguía produciendo Pdvsa, junto a otras codiciadas materias primas venezolanas, como el aluminio y el carbón.
Con conocimiento y aparente connivencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tinglado se activó. Aunque el régimen de Caracas estaba sediento de divisas distintas al dólar -sed que hoy sigue padeciendo-, la primera transacción que hicieron Leal y su compañía, Libre Abordo, con la estatal venezolana Corpovex, adoptó en junio de 2020 la fachada de un «intercambio humanitario» de maíz blanco y camiones cisternas por dos millones de barriles de petróleo de Pdvsa.
A la larga el negocio ganó magnitud y se orientó exclusivamente a la venta por dinero. Como se refleja en los miles de documentos internos de la red, que Armando.info y el diario El País de Madrid obtuvieron y revisaron en conjunto para producir «El bypass mexicano contra las sanciones», la serie de reportajes de la que el presente constituye la quinta entrega, la red hizo metástasis y extendió sus tentáculos hasta una treintena de países. Entre las decenas de alter egos y sociedades que desarrolló, estuvieron los nexos con Alex Saab, el mercader colombiano que se convirtió en el proveedor favorito de Nicolás Maduro, y con la empresa Elemento Oil & Gas Ltd.
Este es el elemento
Elemento es una empresa registrada desde marzo de 2015 en la nación insular de Malta, un reconocido paraíso fiscal en el Mediterráneo oriental. No se trata de una persona jurídica que Joaquín Leal haya incorporado. Su creador fue el broker italiano Alessandro Bazzoni, que la fundó bajo el nombre inicial de CT Energia Oil & Gas Ltd. Antes de cambiarle el nombre a Elemento, Bazzoni hizo una nueva emisión de acciones de la compañía en noviembre de 2015 para que en ella entrara a participar, como propietario del 50%, el empresario venezolano Francisco D´Agostino.
Francisco D’Agostino gestionó en Panamá una financiera de nombre Element.
Ese mismo año de 2015, ambos, Bazzoni y D’Agostino, compraron por una cantidad no menor a los 32 millones de dólares una pequeña petrolera de Texas, Harvest Natural Resources, que para ese momento mantenía una tensa alianza con Pdvsa. Harvest era dueña del 20% de la empresa mixta resultante de la alianza con la estatal petrolera que, bajo el nombre de Petrodelta S.A., se proponía poner a producir campos de la Faja Petrolífera del Orinoco en los estados Monagas y Delta Amacuro, en el oriente de Venezuela. La operación levantó el perfil público de CT Energia/ Elemento Oil & Gas Ltd en el país.
En un reportaje de 2018 en Armando.info, a propósito de que en la filtración de los llamados Paradise Papers -coordinada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) de Washington DC- afloraron los documentos constitutivos del amplio holding de empresas con el prefijo CT -iniciales de Cinque Terre, la región del litoral noroccidental de Italia de la que es oriundo-, Alessandro Bazzoni se limitó a admitir que era «un asesor» de Elemento y que esta había alcanzado a comercializar nada más que «cuatro buques de Pdvsa entre febrero y abril de 2017».
Sin embargo, la actividad de Elemento con el petróleo venezolano sería en el futuro mucho más intensa que eso. Pero no por la explotación en Monagas, sino en su rol de broker o corredor.
Elemento revendió en abril de 2020 a clientes en Singapur uno de los dos primeros cargamentos de crudo que Libre Abordo y la red en México de Joaquín Leal levantaron. En algunas decenas de los miles de documentos internos de la red que Armando.info y El País revisaron, correspondientes al periodo de noviembre de 2019 a mayo de 2020, dos ejecutivos de Elemento, ambos venezolanos y con direcciones de correo rematadas con el sufijo elemento.com.mt, salen interviniendo de manera decisiva en el intenso intercambio de comunicaciones. Uno de ellos es Joaquín García, un exempleado de Pdvsa del área de Comercialización; el otro es Dolly Mendoza, la «ex pieza clave» de Pdvsa que mencionaba en su denuncia el diario mexicano Publimetro.
Mendoza ha sido identificada como presidenta ejecutiva de Elemento en reportes periodísticos en los que, por equivocación, se le llama «Doly». Ingeniera mecánica de 41 años de edad, Mendoza ocupó hasta 2016 un cargo gerencial de Pdvsa, en el área de Productos Blancos, Compras e Insumos. En la documentación revisada sobre la red secreta en México, Mendoza a menudo aparece girando instrucciones relativas a la compra y facturación de cargamentos de crudo, a la coordinación de la logística de buques en operaciones STS (ship to ship) o de carga y descarga en puertos, así como a la relación con los proveedores de certificación de calidad de la mercancía que Pdvsa entregaba, entre otros aspectos técnicos. Con frecuencia, las instrucciones que Mendoza remitía iban dirigidas a Joaquín García.
«Lo que yo propongo es q[ue] se coloque a Libre [Abordo] y a Cosmos [sic] como consignee y se le pasa a Swissoil [Trading] ese BL [bill of lading] endosado a su nombre», escribía Mendoza, por ejemplo, en un correo electrónico del 17 de febrero de 2020 dirigido, entre otros, a García y a Alessandro Bazzoni, fundador de Elemento. En esa sola frase Mendoza, ejecutiva de Elemento, aludía, además de a Libre Abordo, a otros actores del elenco de empresas conformado por Leal para mover las exportaciones de crudo venezolano: uno era Cosmo Resources, una compañía creada por el mexicano en Singapur, y el otro Swissoil Trading S.A., una oficina en Suiza en la que el ciudadano helvético Philip Apikian figuraba como único administrador, pero que tenía a Alessandro Bazzoni como director.
Ese email de febrero de 2020 se refería a un cargamento a bordo del tanquero Perfect, de bandera liberiana. La carga del Perfect fue reseñada por la agencia Reuters, que la atribuía en marzo de 2020 a Libre Abordo. La agencia destacaba en la información que «la mexicana Libre Abordo […] planea tomar hasta 15 millones de barriles de petróleo venezolano», sin aclarar qué persona había servido de vocero de la empresa y por qué medio se comunicó con las reporteras que firman el cable.
No se pudo confirmar si ese flete de Libre Abordo correspondió al mismo crudo que enseguida Elemento revendió, aunque parece probable que haya sido así, pues la ruta del Perfect lo llevó a Malasia y Singapur. Además, como se verifica en la documentación en poder de Armando.info y El País, Dolly Mendoza, directiva de Elemento, había hecho las coordinaciones para atender al Perfect.
Con todo, en esas comunicaciones llama la atención la facilidad con la que Dolly Mendoza parecía intercambiar su lealtad de Elemento a Libre Abordo, señal de que en la intimidad todos -junto a Cosmo Resources, Swissoil Trading y otras marcas- eran nombres distintos para una estructura común. Por ejemplo, Mendoza había enviado un correo en enero de 2020 a la empresa Aivepet, de nuevo con copia a Joaquín García, notificándole que ese proveedor había sido designado para inspeccionar la carga del Perfect. El correo lo firmaba Mendoza como «El equipo de Libre Abordo».
Nada de este ajetreo escapó a la vigilancia del Departamento del Tesoro estadounidense, que ya en junio de 2020, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) había emitido sanciones contra Leal y algunos familiares y allegados involucrados en los negocios de Libre Abordo y Schlager Business Group. Fue así como anunció, el reciente 19 de enero de 2021, que sumaba a Alessandro Bazzoni y a Francisco D’Agostino, socios en Elemento, a la llamada Lista Clinton de personas y entidades sujetas a castigos de tipo financiero. La tanda de sanciones de Washington también incluyó al suizo Philip Apikian y la empresa Swissoil Trading S.A.
Entrar a esa lista implica para los nombrados que todas sus cuentas bancarias, propiedades y empresas quedan congeladas o bloqueadas para hacer negocios en Estados Unidos. El boletín del Departamento del Tesoro, que entonces citaba a su titular en la administración Trump, Steven Mnuchin, abundaba en argumentos para justificar que Bazzoni y D’Agostino -junto a Philip Apikian, otras doce personas jurídicas además de Elemento , y seis buques tanqueros- fueran objeto de la medida. Pero el mismo boletín eludía un asunto que se prestaba a la controversia: tanto Bazzoni como D’Agostino, al menos en los papeles, habían salido de Elemento en 2016, cinco años antes de las sanciones.Entre Malta y Mallorca
Del estallido de la pandemia al acoso de las autoridades de Washington, el año pasado se reveló como un auténtico annus horribilis para Francisco D’Agostino, quien permanece atrincherado, junto a su familia, en una fastuosa quinta de Alaró, un municipio en el occidente de Mallorca, la mayor de las islas Baleares, frente a la costa catalana. Hasta 2020 D’Agostino vivía entre Madrid y Nueva York, ciudad en la que tiene propiedades e intereses y a la que, por lo pronto, no podrá volver.
Armando.info sostuvo un breve intercambio por Whatsapp con D’Agostino, quien pronto designó a un portavoz para que desde Madrid hablara de manera oficial con el reportero. Por ambas instancias el empresario calificó de «injusta» la medida del Tesoro estadounidense, a la vez que se mostró seguro de que será finalmente revertida.
«Sin lugar a duda, la sanción de Estados Unidos se debe a un error, bien por una información escasa, equívoca o incompleta. El señor D’Agostino está deseando que hagan una revisión detallada y exhaustiva de todos los documentos para que puedan comprobar fehacientemente que no tiene nada que ver en los asuntos en los que se le implica. Por tanto, está absolutamente convencido de que Estados Unidos le levantará la sanción impuesta en el preciso instante que se hagan esas comprobaciones a fondo», declaró a nombre de D’Agostino su vocero designado, quien solicitó que no se le identificara en el reportaje.
La sanción de Washington se convirtió en la primera confirmación oficial de todas las especies que por años venían circulando en redes y medios electrónicos, que asociaban a D’Agostino con la nueva clase empresarial que ha hecho fortuna por sus negocios con el chavismo y que la voz popular bautizó como boliburguesía.
«El señor Bazzoni y yo acordamos traspasar
todos nuestrosintereses en Elemento
a una compañía de los Cisneros»
Ya Otto Reich, exembajador de Estados Unidos en Caracas, había tratado de demostrar que D’Agostino era parte integral, y no solo adjetiva, del esquema de coimas y enriquecimiento ilícito de los llamados bolichicos, junto a Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau López. A los tres los demandó mediante una acción que radicó en 2013 ante un tribunal de Nueva York.
D’ Agostino es además yerno de otro atribulado empresario ligado al chavismo, el banquero Víctor Vargas Irausquín, de cuyo grupo financiero ha sido socio y ejecutivo. Por las nupcias de sus hermanas, Diana y Dora, respectivamente, es cuñado de Henry Ramos Allup, ex presidente opositor de la Asamblea Nacional (2016-17) y secretario general desde el año 2000 del partido Acción Democrática (AD), así como de Eladio Larez, figura emblemática del canal de televisión RCTV, cerrado en 2007 por el fallecido expresidente Hugo Chávez.
Con 47 años de edad, D’Agostino desciende de una familia de constructores de origen italiano, que se ha desempeñado como contratista del Estado. La empresa familiar, Dayco, tiene importantes inversiones en Venezuela y Florida. Con fortuna heredada, la maraña de relaciones de D’Agostino ha dado pábulo, sin embargo, a las versiones que lo conectan con la claque de negociantes que han hecho dinero con el chavismo.
En el caso de Elemento tiene un punto, sin embargo. Ratifica que con Alessandro Bazzoni -«mi amigo», admite- pasó a formar parte de Elemento en Malta en 2015, pero que no tiene nada que ver con «su dirección y gestión desde agosto de 2016» -mantra al que se aferran él y su portavoz en los intercambios con Armando.info– y, aún más: que en febrero de 2017 la propiedad de Elemento pasó a una compañía llamada CISA Holdings y, desde entonces, no ha tenido «ninguna participación» o conocimiento de Elemento.
Medio hermanos, medio socios
En efecto, la historia interna de ese traspaso de propiedad la relató el mismo Francisco D’Agostino en una declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en noviembre de 2018. En ese tribunal se ventila todavía hoy un juicio contra Alessandro Bazzoni, entablado por uno de sus acreedores, Centauro Liquid Opportunities Master Fund L.P.
Centauro le había prestado algo más de 21 millones de dólares a Bazzoni para hacer operaciones de compra y venta de petróleo, a través de una empresa del italiano en las Islas Vírgenes Británicas, Cinque Terre Financial Group Limited. Bazzoni nunca honró esa deuda. Cuando en 2016 Cinque Terre se declaró en bancarrota en Islas Vírgenes Británicas, los prestamistas de Centauro sospecharon no solo que jamás recuperarían su dinero, sino que este había sido desviado para financiar otras iniciativas de Bazzoni: al fin y al cabo, Bazzoni acababa de comprar no hacía mucho la petrolera de Houston, Harvest Natural Resources, y de instalar operaciones en Venezuela, incluyendo una prometedora asociación con Pdvsa.
Así que, como parte de su demanda contra Bazzoni, Centauro alegó que la acción debía incluir no solo a la quebrada Cinque Terre Financial Group en Islas Vírgenes Británicas, sino a todo el sistema de empresas construido por Bazzoni en diferentes jurisdicciones siempre con el prefijo CT (por Cinque Terra) en sus nombres, y a las que consideraban un mero trasunto del mismo negocio. Entre ellas se encontraba la antigua CT Energia Oil & Gas Ltd de Malta, que en el ínterin se había convertido en Elemento.
Para aclarar si eso era correcto, el tribunal llamó a declarar a D’Agostino. El empresario venezolano contó que en septiembre de 2015, poco antes de incorporarse como accionista y director a Elemento, había conseguido una inyección de 30 millones de dólares para el emprendimiento. Los fondos se habían comprometido en una reunión en Miami entre D’Agostino, Bazzoni, y dos asociados de este, Alex Goldstein y Richard Rothenberg, con el venezolano Eduardo Cisneros, hijo de Ricardo Cisneros Rendiles y sobrino de Gustavo Cisneros Rendiles, un magnate venezolano que aparecía con regularidad en el ranking de Forbes de los hombres más ricos del mundo.
Eduardo Cisneros es, además, hermanastro de Francisco D’Agostino, como este afirma en su declaración. La madre de aquel, Alicia Ziegert, exesposa de Ricardo Cisneros Rendiles, se casó en segundas nupcias con Franco D’Agostino, el patriarca de la familia constructora. Ambos viven retirados en Indian Creek Island, una de las zonas más caras de Miami, donde son vecinos de Mario Kreutzberg, (a) Don Francisco, del financiero Carl Icahn, del banquero colombiano Jaime Gillinsky, de la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, de Julio Iglesias y, desde hace unos meses y entre muchas otras personalidades, de Ivanka Trump y Jared Kushner.
En esa reunión de septiembre de 2015 en Miami, según declaró al tribunal de Nueva York, D’Agostino supo que su brother-in-law, Eduardo, tenía «una responsabilidad significativa con respecto a las inversiones de su padre, Ricardo J. Cisneros». Así fue como Eduardo Cisneros acordó invertir 30 millones de dólares en Elemento desde una empresa, Cedaridge, incorporada en Panamá desde 2014 y «de cuyo propietario último entendí era Ricardo J. Cisneros», juró D’Agostino.
El préstamo estructurado, desembolsado en dos fracciones, permitió reanudar actividades a Elemento, 50% de cuyas acciones, según los términos del acuerdo, quedaba en manos de los Cisneros: es decir, de Ricardo, a través de su hijo Eduardo. Pero, siempre según el relato de D’Agostino ante el juez, en agosto de 2016 «el señor Bazzoni y yo acordamos traspasar todos nuestros intereses en Elemento a una compañía de los Cisneros».
De acuerdo a D’Agostino, la cesión entera de Elemento a Eduardo Cisneros se debió a que «el proceso de transferencia de [el 50% de] las acciones se había retrasado, causando frustración de parte del equipo Cisneros» y a que «Eduardo se venía sintiendo decepcionado por el desempeño de Elemento y por la probabilidad resultante de que no se le pudiera pagar el financiamiento en el plazo contemplado originalmente».
El traspaso de las acciones se completó en febrero de 2017. Elemento quedó así bajo control de una empresa creada también en Malta por Ricardo Cisceros-Eduardo Cisneros para tal fin, CISA Holdings Limited, homónima de otra de la familia en Panamá, CISA Holdings Corporation. De acuerdo a lo que consta en el registro de Malta, la persona de contacto de la compañía es la abogada Joan Burton Jenssen, representante de Cisneros Corporation, la estructura corporativa conformada por los hijos de Ricardo Cisneros para manejar sus intereses.
Otro asunto que se dirime en el mismo proceso judicial de Nueva York es el de si un cargamento de nafta comprado por Elemento con fondos de Cisneros y ya cuando estos habían asumido la gestión de la compañía, en 2017, a la estatal Petroperú, con destino a un cliente en Texas, puede ser objeto de las acciones cautelares solicitadas por el demandante Centauro. El cargamento de 220.000 barriles había sido ganado en una licitación. En su informe al respecto, Stuart Mckellar, liquidador de Cinque Terre Financial Group en Islas Vírgenes Británicas, indica que la coordinadora de esa transacción con Petroperú fue la conocida Dolly Mendoza.
No obstante, como se ha visto más arriba, en una fecha tan reciente como 2020 Dolly Mendoza todavía rendía por email cuentas de sus decisiones a Alessandro Bazzoni, fundador de Elemento, pero quien se suponía había abandonado la gerencia y accionariado de la empresa a mediados de 2016.
Interrogado sobre este asunto y sobre si su retiro de Elemento, así como el de Bazzoni, podrían haber sido parte de un movimiento concertado para engañar, el vocero de Francisco D’Agostino dijo desde Madrid que «el señor D’Agostino puede asegurar firmemente que no tiene ninguna relación con […] Elemento desde el 18 de agosto de 2016, fecha en la que renunció al cargo de director de esta compañía, tal y como podrá comprobar en los documentos públicos que usted maneja. Por tanto, en lo que a él respecta, no hay ningún tipo de ficción».
Pero con todas estas evidencias, al momento de sancionar a Elemento, el Departamento del Tesoro castigó solo a D’Agostino y a Bazzoni, sus antiguos dueños. ¿Por qué?
El trazo de los documentos otorga la propiedad de Elemento a Eduardo Cisneros. En marzo reciente, un reportaje de la agencia Bloomberg destapó la irrupción de Eduardo Cisneros como un nuevo cazador de gangas entre los escombros de la industria manufacturera venezolana. Dotado de 200 millones de dólares, constituyó un fondo, 3B1 Guacamaya Fund, para salir de compras de activos baratos pero con potencial. Su primera presa fue Corimón, el tradicional fabricante de pinturas, fundada a mediados del s. XX por Hans Neumann. El precio de adquisición habría sido de alrededor de 60 millones de dólares.
en Venezuela. Foto: Corimonpintura.com
Cisneros gestiona el fondo desde la sede de Cisneros Corporation, en el penthouse del edificio Alhambra Plaza, cuya torre, junto a la silueta del antiguo hotel Biltmore, tal vez sean las construcciones más características de la opulenta ciudad de Coral Gables, en el condado de Miami-Dade, Florida.
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