El informe del 2022 sobre la trata de personas, emitido por el Departamento de Estados de EE.UU. deja muy mal parada a la administración de Nicolás Maduro.
Los traficantes de personas emplean «la corrupción» para que los gobiernos se hagan la vista gorda, afirmó este martes un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos al presentar su informe anual sobre la trata de personas, en el que Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en la lista negra.
Hay 25 millones de víctimas de trata en todo el mundo, afirmó el secretario de Estado Antony Blinken durante la presentación, insistiendo en que «la corrupción sigue siendo la principal herramienta de los traficantes».
«Funcionarios gubernamentales cómplices pueden hacer la vista gorda ante actividades ilícitas, proporcionar documentación falsa a los trabajadores y alertar a los traficantes», lo cual les permite actuar con impunidad, añadió, en reseña de AFP.
Según el informe, Cuba, Venezuela y Nicaragua ocupan el «Nivel 3», es decir aquel donde los gobiernos incumplen los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas.
Estos tres países se unen a Malasia, Afganistán, Eritrea, Guinea-Bisáu, Irán, Birmania, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur, Siria, y Turkmenistán.
El informe
En el documento se resalta que en algunos de los casos, los gobiernos participan en la trata.
Por ejemplo, tomando represalias cuando los ciudadanos se expresan políticamente o mediante trabajos forzados en sectores como la minería, la tala o la agricultura. E incluso enviando a miembros de grupos étnicos minoritarios para ser «desradicalizados» en campos o desplegando trabajadores en otros países sin decirles adónde van, confiscando pasaportes y salarios y vigilando sus movimientos.
Pone el ejemplo de Cuba, que sigue «una política o patrón gubernamental» para sacar provecho de «programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero».
Washington estima que La Habana utiliza «tácticas coercitivas» y no abordó las denuncias de «oenegés creíbles, antiguos participantes (en los programas) y gobiernos extranjeros».
El informe sostiene que no se informa a este personal médico de los términos de los contratos, que varían de un país a otro, y se confiscan sus pasaportes y salarios, y «amenazan a profesionales médicos y sus familiares si los participantes» se van del programa.
Cuba vende servicios a países terceros a través de las llamadas «misiones internacionalistas» que incluyen actividades médicas.
Carece de autoridad
Apenas se publicó el informe, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó en Twitter diciendo que Estados Unidos «carece de autoridad moral y miente deliberadamente sobre el desempeño de #Cuba contra la trata de personas».
«Sus calumnias no lograrán empañar la labor ejemplar en la prevención y combate a ese flagelo ni doblegar nuestro compromiso con la cooperación médica internacional», añadió.
El Departamento de Estado observa en el informe que La Habana «tomó algunas medidas» contra la trata como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
También ha visto «algunas medidas» por parte del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega como «el enjuiciamiento de ocho presuntos traficantes y condena a cuatro traficantes sexuales» pero le reprocha que «siga restando importancia a la gravedad» de la trata en Nicaragua, donde la corrupción es «endémica».
De Venezuela a Egipto
Venezuela sale peor parada porque «los representantes del régimen no reportaron haber asistido a ninguna víctima ni procesado o condenado a traficantes», afirma.
Dice que el país «no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo».
La trata de personas afecta especialmente a las poblaciones marginadas, las minorías, los pobres y por supuesto los migrantes.
Ante el deterioro de la economía y la crisis política más de seis millones de venezolanos han huido del país y los traficantes se aprovechan de ello: en 2021, los traficantes atrajeron a mujeres, algunas de ellas transgénero, a España y Alemania con empleo fraudulento y las sometieron a procedimientos quirúrgicos forzados para explotarlas sexualmente.
Cita también el caso de Kali. Creció en Venezuela con su madre y dos hermanos y cuando estaba terminando la carrera de ingeniería, antes de que la universidad cerrara debido a la crisis, se enteró de que una empresa de contratación internacional en línea ofrecía puestos de niñera.
Le propusieron uno en una familia adinerada de Egipto, que le quitó el pasaporte y la retuvo en un sótano con más mujeres y trabajando sin cobrar. Logró escapar y ahora vive en Panamá.
El escrito afirma que la administración de Maduro «continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad».
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