El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dice que las organizaciones civiles viven una sensación de agobio por la persecución sostenida. Las ONG han reemplazado al Estado en áreas muy sensibles pero, además, dentro de sus roles está hacerle contraloría y exigirle rendición de cuentas, enfatiza Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales.
El proyecto de ley de Cooperación Internacional que adelanta la Asamblea Nacional (AN) oficialista no es la única tentativa del gobierno contra las organizaciones civiles. Desde el expresidente Hugo Chávez hasta el régimen de Nicolás Maduro, estas instancias han estado en la mira del Ejecutivo que mantiene sus patrones de persecución.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, asegura que las organizaciones no gubernamentales (ONG) experimentan “una sensación de agobio”.
“Además del trabajo que hacemos, ya de por sí abrumador por las denuncias, constantes violaciones de derechos humanos y la emergencia humanitaria, tenemos que defendernos. Pero tenemos la conciencia tranquila de que no estamos haciendo nada malo, no somos una amenaza para nadie y que, si damos alguna información, lo hacemos con la intención de que las situaciones dejen de ocurrir y, a partir de allí, no se nos puede criminalizar”, indica el abogado.
El director de Acceso a la Justicia expresa que, lamentablemente, debe dejarse claro que el objetivo de Maduro al perseguir a las ONG es tomar el mismo sendero que el gobierno de Nicaragua.
“Investigaciones de ese país refieren que Nicaragua es un cementerio de ONG. Recordemos que el ejemplo nicaragüense le sirvió al gobierno de Maduro para intervenir los partidos políticos y darles la junta directiva a personas proclives al oficialismo. Creemos que se quiere seguir el ejemplo del gobierno de Daniel Ortega”, acota.
Agrega que, en Nicaragua no solo cerraron varias organizaciones, además los bienes les fueron confiscados. Y ese es el panorama que avizoran en Venezuela, expresa.
Para principios de mayo de este año, en Nicaragua se contabilizaron más de 100 organizaciones, fundaciones o instituciones que debieron dejar de funcionar, en lo que ha sido denunciado como un grave retroceso en derechos humanos y libertad de expresión.
Alí Daniels puntualiza que el mayor empeño de Maduro es contra las organizaciones que denuncian, las que tienen la voz más alta, como ocurre con el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), cuyo activista Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, director del Centro Gumilla, fueron demandados por el delito de difamación agravada por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
La demanda se dio tras solicitar una investigación hacia el mandatario regional por la presunta responsabilidad en las 221 denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales en esa entidad.
Alí Daniels cuestiona que, para el Ejecutivo, las ONG formen parte del adversario al que deben combatir.
“El gobierno considera a las ONG como un enemigo interno, como si aquí hubiera una guerra, como si las ONG tuvieran una agenda golpista. Pero no tenemos ninguna agenda contraria al derecho ni a la Constitución, lo que se hace es un trabajo que legítimamente nos corresponde y en ejercicio de dos derechos fundamentales: el derecho a defender los derechos y el derecho de cada quien de dar ayuda humanitaria y, a su vez, de recibirla”, recalca.
En marzo de 2021, el régimen diseñó la “Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, a través de la que buscó hacerse con información de las organizaciones y con datos confidenciales de los beneficiarios de los programas que son atendidos.
Dos meses más tarde, tras los cambios a esa norma, Acceso a la Justicia advirtió: “Si bien estamos en presencia de una nueva providencia que eliminó lo relativo a la información de los destinatarios o beneficiarios de la labor de las ONG, como parte de los requisitos exigidos para inscribirse en el registro de organizaciones, se sigue estableciendo un mecanismo de autorización para que las ONG puedan actuar”.
La ONG expresó que no es cierto que se esté en presencia de un registro, sino de un medio de habilitación de las ONG “que viola el principio de legalidad y viola por ello el derecho de asociación”.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reportó, en julio de 2021, que durante el primer semestre de ese año se registraron 374 ataques a la defensa de los DD HH en Venezuela. Esto se tradujo en un incremento de 243 % en comparación con el mismo lapso de 2020.
Ataque al tejido social
El doctor en Ciencias Sociales Trino Márquez señala que el proyecto de ley de Cooperación Internacional de la AN oficialista no es nuevo ni es original porque es el camino que siguieron Cuba y Nicaragua.
Refiere que este es un sendero que, en general, “siguen los regímenes totalitarios, dictatoriales, que es acabar con las organizaciones sociales, con las ONG que son una parte muy importante del tejido social, del capital social”.
A su juicio, el proyecto es la continuación de esa vieja idea del régimen de destruir a las organizaciones intermedias, las organizaciones que sirven de bisagra entre el Estado y el individuo.
Márquez añade que, en tiempos de Chávez, cuando los partidos tradicionales se habían desmoronado y los sindicatos estaban en proceso de descomposición, fueron las ONG las que asumieron la defensa de la democracia, de la pluralidad y de la inclusión. Eso hizo que el expresidente les declarara la guerra, especialmente después de los sucesos de abril de 2002.
“Chávez consideró que, en la movilización previa al 11 de abril, uno de los factores más importantes habían sido las ONG. El gobierno casi destruye a los partidos políticos, los judicializaron o metieron presos a los dirigentes políticos, especialmente de Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), y algunos tuvieron que irse al exilio, pero lo mismo no ha ocurrido con las ONG”, indica el sociólogo.
Márquez puntualiza que, más bien, las ONG se han multiplicado. Además, hay variantes dentro de estas organizaciones.
“Ahora tenemos los llamados observatorios que tienen un espacio muy importante, en algunos casos han tomado el lugar del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno puede enterarse, por ejemplo, del ritmo de la inflación a través del Observatorio Venezolano de Finanzas”, refiere.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, califica como irónico el proyecto de ley de Cooperación Internacional.
“En el caso de la ley de Cooperación, una de las excusas que se da para justificarla es que se quiere transparencia. Pero justamente pide transparencia el gobierno, que nunca publica la Ley de Presupuesto, que nunca ha dicho en qué gastó la riqueza más grande que le ha entrado al país en toda su historia, esa misma gente que ha dilapidado una fortuna de los venezolanos, y de la cual nunca ha dado cuentas, ahora está diciendo que tiene que hacer una Ley de Cooperación para ser transparente”, enfatiza.
Daniels destaca que ya existe una ley que está vigente y que data de 1958.
Expresa que esa ley regula la cooperación internacional desde la perspectiva de aquel país tan distante, “según la cual la cooperación se entendía como algo que el gobierno daba, el gobierno es el que cooperaba con otros países. Es curioso porque esa ley establece límites con la cooperación, por ejemplo, obliga al Estado a que, si da un crédito por razones de cooperación, establezcan causas que garanticen el pago”.
De aprobarse el proyecto en el Parlamento, de mayoría oficialista, la ley de 1958 quedaría derogada.
“Ahora ni siquiera esas obligaciones se impondrían porque todas las obligaciones son de las organizaciones y no sobre el Estado. Y además tiene que ver mucho con la realidad en la medida en que sabemos que el gobierno en vez de pedir que le paguen los créditos, todo lo contrario, los condona”, apunta.
El 27 de abril de 2022, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, anunció que el gobierno de Venezuela condonó la deuda de 70 millones de dólares que mantenía con PetroCaribe.
“Ese gobierno que no da cuentas de la cooperación que da y que lo hace a costa de regalarle dinero a otros países, está pidiendo un registro y nos dicen que tenemos que darle la información, a incluso particulares, de lo que hacemos y además va a someter a prohibición a las organizaciones si de la información que hacemos se genera algún tipo de sanciones. Como se puede ver, se desregula al sector público y se sobre regula o asfixia a las organizaciones”, advierte Daniels.
El 11 de mayo, en su programa Con el Mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que la mayoría de las ONG son “instrumentos de desestabilización”.
De allí que Cabello señaló que, cuando se vaya a aprobar la ley de Cooperación Internacional: “Voy a levantar las dos manos para que haya justicia, que rindan cuentas”.
“No es solo un tema de la Ley de Cooperación Internacional, sino también de todo lo que está alrededor. El programa de Con el Mazo Dando ‘criminalizando, estigmatizando, de los otros programas oficiales haciendo lo mismo, de estos juicios contra defensores de los derechos humanos, de la detención de Javier Tarazona, director de Fundaredes, de juicio contra Azul Positivo, no hablamos de hechos aislados, sino de una política de Estado para acallar a las ONG”, acota Alí Daniel.
Señala que estas organizaciones, además, están en un contexto de profunda indefensión.
“Si aquí hubiese una justicia imparcial independiente, nosotros tendríamos a donde recurrir. Pero, por ejemplo, ¿qué juez de este país va a dictar una sentencia en contra el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava? ¿O qué juez va a decir que lo hace Diosdado Cabello en su programa es criminalización? Entonces, ese es el punto. Nuestra única voz es la denuncia, es llevar esto a organismos internacionales y a protestar”, dice.
Contraloría clave
El doctor en Ciencias Sociales Trino Márquez afirma que las organizaciones no gubernamentales han reemplazado al Estado en áreas muy sensibles y además dentro de sus papeles está hacerle contraloría al Estado y exigirle rendición de cuentas.
“Esos señores tienen el control de la AN que es el órgano institucional para rendir cuentas, es el órgano mediante el cual la soberanía popular le exige al Ejecutivo que rinda cuentas.
Pero ya sabemos lo que pasa en la AN que es una dependencia de Miraflores, mientras el TSJ es una especie de bufete de Miraflores, allí no hay ninguna posibilidad de que haya una justicia transparente, de que se aplique y se respete el Estado de derecho, eso no existe”, puntualiza.
Indica, entonces, que lo que va quedando son estas organizaciones de la sociedad civil. Refiere que el campo de acción de estas instancias es amplio y efectivo, lo cual no ocurre con las Organizaciones que denomina “muy gubernamentales”, que son promovidas desde el régimen.
“Los partidos y las ONG son vistos por el gobierno como parte del enemigo interno, son parte del frente interno y yo creo que una de las razones que explican que el régimen de Hugo Chávez, y después de Maduro se hayan atornillando y entronizado”, plantea Trino Márquez.
Sanciones de retruque
Alí Daniels expresa que las ONG han solicitado el derecho de palabra ante la AN porque, además, el proyecto de ley de Cooperación Internacional tiene fallas de técnica legislativa.
El 18 de mayo, 500 ONG rechazaron, en un comunicado, las intenciones del régimen a través de la legislación que se adelanta. Denunciaron que se pretende reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y económicos, excluyendo conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria.
“Queda claro la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales”, se advirtió en el comunicado.
El director de Acceso a la Justicia señala que el proyecto de ley de Cooperación internacional dice que se sancionará a las organizaciones sí, de manera directa o indirecta, se genera una sanción contra la república. Así consta en el artículo 26 del proyecto de ley de Cooperación Internacional que ha trascendido a la opinión pública.
Esta norma aplicaría para las organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, “que promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”.
El director de Acceso a la Justicia indica que allí lo grave es lo indirecto. “Imagínese que una ONG publique un informe sobre tortura en Venezuela y un país que no tiene nada que ver, ni conoce a la organización dice que sanciona a un ministro por ese informe”, indica.
Añade que, entonces, la ONG que no tuvo ninguna intención de que el informe generara ninguna consecuencia sobre sanciones, va a terminar siendo restringida o cerrada.
Daniels explica que una de las bases del derecho sancionatorio, del derecho penal en general, es que la intención del acto queda abolida y se sanciona por las consecuencias del mismo, por no hablar de otro hecho tan grave y es que el régimen considera como un todo las sanciones individuales y colectivas.
“Las individuales están de acuerdo con el derecho internacional, son legales. Las colectivas no son acordes con el derecho internacional cuando no las toma el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, expresa.
En ese sentido, el abogado puntualiza que, al final, al gobierno de Maduro lo que le molesta no son las organizaciones en sí, sino que las organizaciones denuncian y dan informaciones que el gobierno no quiere que se hagan públicas.
“Nosotros no tenemos la culpa, por ejemplo, de que la única fuente de información sobre la desnutrición en Venezuela sea la de Susana Rafalli a través de los programas de desnutrición en zonas populares venezolanas. Igual ocurre con las ONG que dan información sobre la pobreza, o en el caso de Provea sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales. El gobierno no cumple con su obligación de dar información y sanciona a los que dan información”, argumenta.
Para el sociólogo Trino Márquez, ya no es posible eliminar a las ONG.
“Ahora, en el supuesto de que avance el proyecto para eliminar a estas organizaciones sociales, ya estaríamos en presencia no de un gobierno autoritario sino más bien en presencia de una dictadura de corte autoritario. Una de las características del totalitarismo es que destruye todos los vínculos sociales, todas las organizaciones civiles y todas las expresiones autónomas de la sociedad civil”, asevera.
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