El 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios del gobierno venezolano por su rol en la obstrucción de las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio y la violación de los derechos humanos.
Entre los sancionados se encuentra Miguel Antonio Muñoz Palacios, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) desde 2021 y acusado de formar parte del Grupo Pitbull.
Según el informe, el grupo estaría conformado por miembros del SEBIN y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a quienes la sanción acusa de cometer asesinatos y secuestros por dinero.
“El Grupo Pitbull tenía la tarea de hacer el “trabajo sucio”… Es probable que el grupo secuestrara a personas para presionarlas a que les dieran dinero. El Grupo Pitbull utilizó ese dinero para otros fines operativos,” detalló la OFAC.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen venezolano ha llevado a cabo una ola masiva de detenciones. Algunos oficiales de seguridad han aprovechado la represión para extorsionar a los perseguidos y sus familiares, prometiéndoles no capturarlos o liberarlos de los diferentes centros de reclusión.
Hasta la fecha, al menos 1.834 personas se encuentran detenidas en Venezuela por motivos políticos, según la organización no gubernamental Foro Penal.
Ecos de la represión pasada
Los abusos y extorsiones por parte de miembros de la fuerza pública no son un fenómeno novedoso en Venezuela, donde se ha institucionalizado la corrupción.
Agentes de seguridad venezolanos han sido acusados de extorsionar a miembros de comunidades donde han ejecutado ofensivas contra grupos criminales. En 2022, durante la Operación Trueno en Guárico, dirigida contra el Tren del Llano, efectivos arrestaron a personas con acusaciones falsas y les exigieron sobornos para liberarlos. Además, acosaron y extorsionaron a comerciantes locales.
“Yo diría que desde hace aproximadamente dos años las extorsiones se convirtieron en una epidemia [en las fuerzas de seguridad]”, dijo a InSight Crime Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea. “Lo normal es que pidan dólares, pero cuando la gente no tiene los dólares pueden llegar incluso a pedir objetos de mediano valor como televisores, teléfonos, cauchos (neumáticos)”, agregó.
No obstante, después de las elecciones presidenciales, el objetivo de los agentes ha cambiado, y se han enfocado en personas ligadas con la oposición, o que desempeñaron un rol en los centros electorales, a quienes les han exigido dinero a cambio de no terminar en una celda.
De acuerdo con Alvarado, los montos exigidos por los funcionarios inician en su mayoría en los US$10.000. Si sus familiares no tienen esta cantidad, los efectivos empiezan a bajar el monto hasta obtener entre $2.000 o $1.000.
Un testimonio al que tuvo acceso InSight Crime confirmó este modo de operar. La víctima fue perseguida por las autoridades tras ser testigo de mesa por la oposición en el estado Miranda, en el centro-norte del país.
Los funcionarios contactaron a su familia y le exigieron $5.000 para no detenerla. Su familia solo pudo reunir $2.000 vendiendo enseres, inclusive su motocicleta. Los funcionarios siguieron buscándola, y la víctima no tuvo otra opción que huir del país.
Un método de supervivencia
Las extorsiones sistemáticas por parte de los cuerpos de seguridad represores ilustran cómo el Estado criminal híbrido de Maduro consolida el poder en momentos claves para su supervivencia.
Pese a las denuncias de víctimas de extorsión por parte de la fuerza pública, las autoridades judiciales no actúan. Durante la Operación Trueno, defensores de derechos humanos de Defiende Venezuela documentaron casos de abusos a los derechos humanos —cuyas historias fueron publicadas por InSight Crime— que fueron puestos en conocimiento de las autoridades. A la fecha, ningún caso ha recibido una respuesta.
El régimen ha utilizado su relación con estos grupos criminales para influenciar las elecciones y mantener el poder a cambio de permitirles operar con impunidad. Las fuerzas de seguridad también han sido acusadas de trabajar en conjunto con los colectivos —grupos de civiles armados pro gobierno— para reprimir las protestas y perseguir a miembros de la oposición.
Con redacción de InSighCrime